Eran las 3:00 p. m. del pasado miércoles 4 de mayo. Varios uniformados de la Policía y la Interpol llegaron a la celda de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en la Dijín, donde completaba 193 días desde que fue capturado. El detenido recibió la visita sentado frente a una pequeña mesa, acondicionada en el lugar. Allí se inició el trámite de su extradición a Estados Unidos.
Uno de los seis policías a cargo de la diligencia, grabada en video y conocida en exclusiva por SEMANA, dejó en claro ese día que había testigos del trámite. “Yo le dejo la copia como está establecido para su nombre y firma”, le dijo a Otoniel, vestido de chaqueta negra, con tapabocas, quien se vio desconcertado en las imágenes.
En el momento en el que el policía le explicó que se trataba del acto administrativo de su extradición, Otoniel solo preguntó: “¿De qué?”, y miró a los uniformados de pies a cabeza. Cuando le notificaron que sería enviado a Estados Unidos en los próximos minutos, se negó a firmar el documento. Otoniel intercambió algunas palabras, mientras movía sus manos en señal de protesta. Un coronel jefe de la Interpol estuvo todo el tiempo frente a la seguridad del capo.
Su sofisticado plan para evitar una prisión federal había fracasado. SEMANA conoció documentos reservados que prueban que las autoridades colombianas no solamente grababan las 24 horas del día los movimientos del exjefe del Clan del Golfo en su celda (salvo las visitas conyugales) y lo escuchaban de manera legal, sino que descubrieron que tenía dos objetivos en marcha.
El primero consistía en boicotear su extradición mediante maniobras dilatorias en los despachos judiciales. Para ello, el eje central sería una especie de tutelatón de víctimas que alegaban la necesidad de que Otoniel permaneciera en Colombia. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición del peligroso capo, una tutela en el Consejo de Estado le puso un freno temporal al trámite. Sin embargo, ese alto tribunal, el pasado miércoles, levantó la restricción. El presidente Iván Duque, de inmediato, dio la orden de extraditarlo. La polémica estalló. Mientras que gran parte del país y las autoridades de Estados Unidos aplaudieron a Duque y a la fuerza pública, un sector de la oposición lo criticó por haber extraditado al capo supuestamente más rápido de lo normal, aunque ya llevaba casi siete meses tras las rejas.
“En este gobierno no graduamos de estadistas a los delincuentes (...) Aquí nada se ha hecho de carrera. De hecho, este delincuente se hubiese podido ir la semana pasada cuando se dio la medida cautelar del Consejo de Estado. Se tomaron los tiempos, se esperó a que se adelantara el proceso en la sala respectiva. La sala de forma unánime negó esa tutela. Y por eso se procedió”, dijo el presidente Duque.
Justo a la misma hora en que Otoniel era entregado a los agentes de la DEA, otra tutela –que podría haber postergado el operativo– fue interpuesta de afán ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por una mujer identificada como Jessica Tatiana Betancourt Álvarez. El recurso legal se instauró contra el presidente de la república, la Sala de Casación Penal, la Fiscalía, la JEP y todas las partes intervinientes en la extradición del más importante capo de la droga capturado en el país desde la muerte de Pablo Escobar, en 1993.
Otoniel también intentó persuadir a la Procuraduría y a la JEP en una de las audiencias, en medio de la cual se echó a llorar y se mostró como una víctima de supuesto maltrato de quienes lo vigilaban. Solo quería impresionar a los presentes. Todo formaba parte de un libreto.
El segundo plan de Otoniel apuntaba a un traslado de la Dijín a otro centro penitenciario o a un centro médico con el fin de fugarse.
Cumpliendo con todos los trámites legales, el capo fue enviado esa misma tarde del 4 de mayo a Estados Unidos. Encadenado de pies y manos, vistiendo el overol gris, las cámaras lo captaron lanzando madrazos, con los ojos llenos de lágrimas, respirando profundo, inquieto, y luego con su habitual sonrisa desafiante, la misma que mostró el día en que lo capturaron. Ese gesto le cambió apenas pisó territorio estadounidense. Las primeras fotos lo dejaron ver con el ceño fruncido.
En ese país lo espera una pequeña celda en la ADX Florence, considerada la cárcel más segura de Estados Unidos y el mundo.
Allí, en la mitad del desierto, en Colorado, también están detenidos algunos exintegrantes de Al Qaeda, condenados por ser los responsables de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el Chapo Guzmán, Simón Trinidad, peligrosos asesinos en serie y otros de los peores criminales de la humanidad.
“Otoniel tendrá un calabozo bien reducido para que se escuche los madrazos (...). Él podrá echar los madrazos que quiera. Ahora sí que va a tener espacio en un calabozo de espacio reducido, sin ningún tipo de lujo o confort, y sin ninguna capacidad de manipulación y de articular algún complot”, aseguró el presidente Duque.
En la Corte de Nueva York, Otoniel se declaró inocente de los cargos por narcotráfico esta semana. “La verdad es que es el colmo del descaro. Estamos hablando del narcotraficante más peligroso del mundo, pero le vendrá una sanción severa en ese país, no tengo duda de eso. Y también no tengo duda de que, una vez cumpla esa condena, tendrá en nuestro país también una sanción severa, proporcional a los crímenes que cometió”, aseveró el presidente Duque.
Los investigadores pudieron establecer que entre los planes del capo estaba lograr que las tutelas fueran agrupadas y que, de una u otra forma, pudieran llegar a ser revisadas por la Corte Constitucional, lo cual tomaría un tiempo de estudio considerable.
Algunas fuentes consultadas aseguran que Otoniel buscaba no ser extraditado bajo el Gobierno Duque con la intención de plantearle una supuesta negociación al nuevo presidente. En ella incluiría un aparente sometimiento a la justicia de otros cabecillas del Clan del Golfo, como alias Chiquito Malo y alias Sipas, quienes heredaron el poder de esa organización criminal.
“Es de entender que para este cabecilla esa figura de ‘sometimiento’ no hacía referencia a volcar todo el Clan del Golfo a la justicia, estaba direccionado hacia intereses criminales de obtener beneficios y reducción de pena, paralelo a dar continuidad a sus actividades de narcotráfico y lavado de activos. Frente a lo anterior, generó contactos y envió mensajes de acercamientos a cabecillas del ‘estado mayor’ como alias Chiquito Malo y alias Sipas ante una aparente entrega de integrantes y rutas para consolidar su ‘acuerdo’ y ‘gesto’ de voluntad con los gobiernos colombo-americano”, señala el informe secreto.
En el caso de los recursos judiciales, la defensa de Otoniel instauró 87 derechos de petición, ocho acciones de tutela, en las cuales vinculaba en cinco a la Policía. En una de ellas pedía la solicitud de ingreso de un abogado estadounidense. De esta manera, según el documento, el capo buscaba “incidir en las instancias judiciales y tratar de ‘burlar’ el aparato de justicia”.
“Alias Otoniel fraguó un plan denominado ‘Las víctimas’, al intentar demostrar que conocía la verdad y que era la manera más clara en demorar su proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia y las diferentes instancias”, dice el reporte, que agrega que el capo buscaba ganar tiempo y manipular todo bajo “un falso esclarecimiento de la verdad”.
En la Dijín, donde permanecía bajo estrictas medidas de seguridad tras ser capturado en octubre de 2021 en el Urabá antioqueño, “Otoniel venía fraguando un plan de fuga”, según se lee en el documento.
“Se configuraba en la capacidad de retención de información, a partir de la memorización de movimientos cercanos a su seguridad perimetral y la de su entorno, con el fin de identificar puntos de vulnerabilidad y rutinas de los uniformados encargados de la custodia de este criminal, esto con el fin de suministrar dicha información a integrantes del grupo armado para llevar a cabo su fuga”, dice la información.
De hecho, ese plan contempló el envío a Bogotá de presuntos cabecillas del Clan del Golfo que tenían como fin realizar un “outsourcing criminal con bandas delincuenciales a fin de restar responsabilidad a integrantes del Clan del Golfo”, en el escape de Otoniel.
Los mensajes cifrados
Uno de los hechos que más llamó la atención de quienes vigilaban al capo fue cuando notaron que él utilizaba un resaltador de color verde para marcar su ropa, que incluía jeans, camisetas y bóxeres. En dichas prendas, Otoniel escribía letras y símbolos, con los que en su momento se comunicaba con sus secuaces en la clandestinidad. En esa época, dejó de usar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para no ser ubicado por las autoridades. Los mensajes con estos símbolos eran llevados por correos humanos. Lo mismo hizo desde su celda en la Dijín, ya que la ropa marcada era recogida por gente de su confianza.
“En los últimos días antes de su extradición, alias Otoniel ya empezaba a trasmitir mensajes de despedida mediante una tipología de rayones, grafitis o runas (mensajes cifrados) a su núcleo familiar y entornos cercanos de confianza”, anota el documento.
“Frente a lo anterior, había un contraste entre el valor de sentimiento y la desconfianza que a la vez sentía alias Otoniel por una eventual ‘traición’ de algún integrante de la ‘defensa’ o de su misma compañera sentimental. En la mayoría de sus escritos, siempre intentó dar a conocer alguna ‘pista’ que comunicara la forma en trasmitir un mensaje o intención alguna”, agrega el informe secreto. Los mensajes se podían leer al ser sometidos a luces fluorescentes.
El plan de escape de Otoniel contemplaba, principalmente, valerse de una serie de recursos judiciales para ser trasladado de la Dijín hacia el búnker de la Fiscalía o a un centro penitenciario, “que les ofreciera condiciones de maniobrabilidad en actividades de coordinación y demandas por parte de alias Otoniel, y así facilitar una fuga”.
Incluso se pusieron en conocimiento supuestos quebrantos de salud del capo para intentar presionar una salida a centros médicos “y así capitalizar este escenario para liberarlo”, advierte el documento en poder de SEMANA.
También se detectó que algunos de los lugartenientes, en alianza con poderosos carteles mexicanos de la droga, trataban de comprar propiedades alrededor de la Dijín para facilitar la huida. La modalidad sería por medio de un atentado terrorista o de cualquier acción armada por parte del Clan del Golfo, según los investigadores. En una oportunidad, las autoridades estuvieron en alerta ante la presencia de una aeronave no tripulada que sobrevoló las instalaciones de la reclusión. Fue imposible determinar su procedencia. Asimismo, algunos familiares estaban viviendo en los alrededores de la Dijín.
Otoniel tenía una “estrategia comunicacional”, según las autoridades, “al intentar demostrar en documentales o historias de vida la vulneración de sus derechos para generar un impacto en el orden nacional que coadyuvara a postergar parcial o totalmente su extradición y a su vez generar caos en su seguridad”.
Sin lugar a dudas, el capo había desplegado una estrategia no solo jurídica, sino mediática para crear un ambiente adverso a su extradición entre la opinión pública. Este hecho hizo recordar lo ocurrido con Jesús Santrich, exjefe de las Farc, quien, en medio de una enredada novela judicial, recuperó su libertad y luego se fugó. Cruzó la frontera con Venezuela y se enlistó en las filas de la llamada Segunda Marquetalia, comandada por el exjefe negociador de las Farc Iván Márquez. Santrich contó con el apoyo irrestricto de un grupo de políticos que presionó y se encargó de mostrar su caso como un “entrampamiento”.
La rutina de Otoniel
SEMANA obtuvo en exclusiva un video de las cámaras de seguridad de las celdas que vigilaban a Otoniel día y noche. En el video se observan varios momentos del exjefe del Clan del Golfo en prisión. Se le ve acostado, caminando en la habitación, escribiendo y leyendo sobre una mesa de plástico, arreglando sus cosas, barriendo y consumiendo sus alimentos.
Según fuentes carcelarias, el capo, señalado de enviar por lo menos 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, empezaba su día a las 6:00 de la mañana, cuando se encendían las luces de su sitio de reclusión. Luego tomaba el desayuno, y después de las 9:30 a. m. pasaba unas tres horas estudiando su proceso. Al mediodía almorzaba (la comida la probaba primero un uniformado ante el riesgo de un envenenamiento) y en horas de la tarde, generalmente, se reunía con abogados. Todos los días tenía derecho a una hora de sol. Hacia las 6:30 p. m. apagaba la luz, y las cámaras de seguridad lo seguían grabando sin parar. No hacía ejercicio y siempre estaba acompañado por una Biblia y una sopa de letras, en cuya tapa se lee “velocidad mental”.
Una de las órdenes de visita que firmó Otoniel está en poder de SEMANA. Con ella se autorizó el ingreso de tres abogados el 2 de noviembre de 2021, y uno de ellos era Álvaro Leyva. En total, nueve abogados de confianza, a los cuales les había dado poder, ingresaron en 91 oportunidades a su lugar de reclusión. También tuvo 45 visitas de sus familiares, incluidas las conyugales.
El miércoles, cuando lo notificaron de su extradición, los policías le dieron solo 20 minutos para que se alistara con el uniforme de color caqui, de rayas naranjas. Otoniel se llevó las manos a la cabeza. No lo podía creer. Estaba a solo un paso de responder por gravísimos cargos de narcotráfico ante una corte federal. Ya en ese punto nada ni nadie iba a evitar su extradición.
Subido en una tanqueta, en completo silencio, acompañado de los Comandos Jungla y las Fuerzas Especiales, solo llevaba consigo las gafas y las pastillas para regular su presión arterial. El operativo de seguridad fue impresionante y congestionó la calle 26 de Bogotá. El capo fue trasladado a la base militar de Catam, donde tuvo que ponerse el uniforme gris con un chaleco antibalas y un casco blindado para ser trasladado en un avión de la DEA, rumbo a Nueva York. Allí aterrizó poco después de la 1:00 de la madrugada. Antes de irse de Colombia, Otoniel solo les dijo a los uniformados: “Yo soy el trofeo que buscaban”.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas, le manifestó a SEMANA: “Otoniel no habló conmigo, permanentemente intentó buscar a los altos oficiales de la Policía Nacional. Cuando se subió al avión, estaba compungido, llorando, descompuesto. Son las lágrimas del peor criminal de este siglo (...). Muy seguramente se conocerán más crímenes de Otoniel en la medida que avance el proceso en Estados Unidos. Pero también debe pagar por lo que hizo en Colombia, donde las víctimas esperan justicia”.
En todo este episodio de Otoniel volvió a aparecer la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. En esta ocasión, dicha ONG le solicitó a la JEP que aceptara al capo. Esta es la misma organización en la que trabaja Danilo Rueda, el abogado que acompañó a Juan Fernando Petro, hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, a la cárcel La Picota. Hace unas semanas, la polémica se encendió porque visitaron al condenado por corrupción Iván Moreno y a otros presos, como Álvaro ‘Gordo’ García, quien paga una pena por la masacre de Macayepo, así como a varios exalcaldes y gobernadores detenidos. Con ellos se habló del llamado “perdón social” propuesto por el candidato del Pacto Histórico. Los detenidos plantearon una rebaja de penas. Rueda también participó en las polémicas visitas a los exparamilitares el Tuso Sierra y Salvatore Mancuso, en cárceles de Estados Unidos, junto con Iván Cepeda y Piedad Córdoba.
En Estados Unidos, Otoniel enfrentará un proceso que, sin duda, terminará en una condena que lo mantendrá por muchos años tras las rejas. No se descarta que su defensa intente negociar una rebaja de penas con la Justicia norteamericana, entregando millones de dólares y las rutas del tráfico de drogas y armas del Clan del Golfo.
En cuanto a su colaboración con la Justicia colombiana, si es cierto que quiere decir la verdad, es una falacia que no pueda hacerlo desde su celda en ese país.
Al ser extraditado, Otoniel demostró lo que es: un criminal de marca mayor que unas horas después de su llegada a Estados Unidos desató una ola de violencia en varias regiones del país. Las autoridades van tras los nuevos capos de su organización. Mientras tanto, la JEP y la Corte Suprema de Justicia analizan sus declaraciones contra por lo menos 60 personas, entre políticos y uniformados, a los que acusó de tener vínculos con el Clan del Golfo.
Lo cierto es que el Gobierno Duque se anotó una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad.