Pueden decirme que esa Constituyente no fue negociada sino que fue el resultado de un proceso ciudadano de jóvenes con apoyo de actores políticos, y eso es cierto. Pero sin el voto decisivo del magistrado Jaime Morón en la Corte Suprema de Justicia en 1990, no habríamos tenido una Asamblea con plenos poderes, necesarios para redactar una nueva Constitución, sino una Asamblea Constitucional que habría adelantado una reforma de la Carta de 1886. Y el voto del magistrado Morón se sustentó en que esa Asamblea era un “Tratado de Paz”, al calor de los acuerdos que ya se habían firmado con el M-19 en marzo de ese año. Además, la Asamblea permitió la desmovilización de otros tres grupos guerrilleros, el EPL, el PRT y el Quintín Lame, cuya suma de combatientes desarmados fue mayor que los del EME. Y se estuvo conversando con las FARC, interesadas en participar en el proceso. Personalmente estuve en Caracas dialogando con los comandantes Alfonso Cano e Iván Márquez, a instancias del gobierno de César Gaviria. Infortunadamente no hubo un acuerdo con esa guerrilla en ese momento, pero diría que no estuvo tan lejos. Ello nos habría ahorrado 20 años de dolor y lágrimas que aún no terminan. La participación de la Alianza Democrática M-19 en la Asamblea fue por demás destacada. A voto limpio y a sólo pocos meses de desmovilizados, nuestra lista consiguió casi el 28% de los sufragios, la mayor cifra conseguida por un partido de izquierda democrática en la historia del país, lo cual permitió reunir un cuerpo colegiado donde por primera vez en cien años, no tenían hegemonía los partidos tradicionales. Ello se concretó en una presidencia colegiada de un conservador, Álvaro Gómez Hurtado; un liberal, Horacio Serpa, y un ex guerrillero, Antonio Navarro Wolff, que generó un clima de reconciliación nacional y de consenso que fue esencial en el espíritu de la Asamblea y en sus resultados. Primó entonces el trabajo por el futuro del país, más allá de las diferencias políticas, situación muy poco frecuente en nuestra historia republicana. Ese fue un verdadero período de unidad nacional que trascendió más allá de las paredes del recinto de sesiones de la Asamblea. Por si fuera poco, el Estado Social de Derecho con una amplia carta de derechos y mecanismos para hacerlos valederos, el equilibrio de las ramas del poder público dejando atrás la vigencia permanente del Estado de Sitio, la apertura de la política colombiana dejando atrás la rígida férula de dos partidos vigente desde 1850, la incorporación de los indígenas y los afrocolombianos a la sociedad con derechos, todo ello parte de la Carta Magna de 1991, condujo a un nuevo régimen político y social que le quitó toda razón política al alzamiento armado. Lo demás fue el ejercicio de autoridad haciendo lo suyo. Cuando se alzan voces planteando “hacer conejo” a los acuerdos con el M-19 derogando el indulto por hechos del período del conflicto, es bueno recordar que esa paz de 1990, y sus desarrollos en 1991, no sólo evitó una década de los 90 que habría sido mucho mas difícil con cuatro guerrillas más actuando al lado de las FARC y el ELN, sino que produjo una Constitución que hoy, 20 años después, sigue tan campante como el primer día, mostrando que lo que construimos entre todos los colombianos, con voluntad e inteligencia colectivas, es para perdurar. *Antonio Navarro Wolff ctual Gobernador del departamento del Nariño, exconstituyente y fundador del movimiento Alianza Democrática M-19.