La renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República lo cambió todo. Luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le dictara medida de aseguramiento en una investigación por supuesta manipulación de testigos, el expresidente y su círculo desplegaron una serie de estrategias que pretendían disminuir los riesgos en lo que restaba del proceso y voltear la balanza a su favor. Por ejemplo, muchos ciudadanos se movilizaron a las calles al enterarse de la noticia y fue frecuente escuchar acusaciones en contra de los magistrados de la Corte por parte de congresistas del Centro Democrático. Así mismo, poco más de 400 tutelas fueron radicadas en el alto tribunal –la llamada ‘tutelatón‘– exigiendo la libertad de Uribe Vélez (todas serían posteriormente negadas) y su bancada en el Congreso propuso una constituyente que reformara la justicia con la creación de una sola alta corte. Pero nada de esto tendría las consecuencias que sí trajo la dimisión del exmandatario a su curul en el Congreso. Por medio de una carta dirigida al presidente de la cámara alta, Arturo Char, Uribe Vélez explicó que la detención domiciliaria "anula cualquier expectativa de regresar al Senado" y que, por lo tanto, consideraba prudente dar un paso al costado. La reacción inmediata giró alrededor de los efectos que se producirían en su partido, pero fue cuestión de tiempo para que la opinión pública se percatara de que la renuncia tenía una connotación aún mayor: el expediente podría pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía.
Al perder su fuero como senador, la competencia en el proceso que se surte contra Uribe Vélez no recaería más en la Corte Suprema y debería pasar a manos de la Fiscalía General de la Nación. De entrada, diferentes juristas negaron que esto fuera así mientras que la defensa del expresidente exigía el traslado del expediente al ente acusador ya que los hechos no guardaban relación con sus funciones como senador. Y así, como pedían estos últimos, ocurrió.
El pasado 31 de agosto, en horas de la mañana, los magistrados de la Sala Especial de Instrucción determinaron que el proceso por manipulación de testigos, en efecto, debía ir a la Fiscalía. Un triunfo político y jurídico para el expresidente y sus seguidores, quienes creen que allí, en la institución encabezada por Francisco Barbosa, recibirá un trato más justo y objetivo. Pero este no es el único proceso que se vería afectado. La decisión de los magistrados también cobijaría al de la masacre de El Aro. Hace una semana se conoció el llamado de la Corte Suprema de Justicia a Uribe Vélez para que rinda versión libre en la investigación relacionada con este atroz suceso. La diligencia está programada para el 16 de septiembre.
Los hechos se remontan a 1997, cuando el expresidente era gobernador de Antioquia y un grupo de paramilitares asesinó a más de 20 personas en el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango, en este departamento. Testigos de lo acontecido, incluyendo varios victimarios, aseguran que las Autodefensas contaron con el beneplácito del Ejército, hasta el punto que uno de sus helicópteros sobrevoló la zona y no hizo nada por defender a la población civil. Además, Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y quien estuvo al comando de la masacre, confesó que semanas atrás se reunió con Pedro Juan Moreno, entonces secretario de gobierno de la gobernación de Uribe Vélez, para recibir instrucciones, coordenadas, mapas de la región y una amplia lista con nombres de supuestos guerrilleros. En una diligencia de Justicia y Paz, se le preguntó a Mancuso si tenía certeza de que el expresidente, por su condición de gobernador, estuviera al tanto de la operación que los paras desplegarían en El Aro. Su respuesta fue: “Su señoría, si estábamos nosotros hablando con su secretario de gobierno (Pedro Juan Moreno), era imposible que su jefe no lo sepa”. La masacre aterrizaría en la Fiscalía que adelantaría la investigación hasta 2014. En ese año, a raíz de la elección de Uribe Vélez al Senado, el proceso se envió a la Corte Suprema de Justicia que, en 2018, declararía del caso de de lesa humanidad. En términos prácticos, esto quiere decir que no está sujeto a fecha de precripción. Este expediente reposa actualmente en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en manos del magistrado César Reyes, quien ya ha hecho varias actuaciones dentro del mismo. Entre estas, el llamado a versión libre al expresidente.
"Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción de la Corte, entre ellos la investigación relacionada con la masacre de El Aro, debe pasar al conocimiento de la Fiscalía" aseveró Jaime Granados, abogado defensor de Uribe Vélez luego de enterarse del llamado de la Sala Especial de Instrucción. Y todo parece indicar que Granados está en lo correcto. La providencia que decidió que el proceso por manipulación de testigos iría de la corte a la Fiscalía concluyó que dicha investigación no guarda relación alguna con su cargo de congresista. Aplicando esta mismo lógica al proceso de El Aro, debería suceder lo mismo. Eso sí, tan pronto el expediente regrese a la Fiscalía, el fiscal general Barbosa deberá actuar con celeridad y prontitud debido a que se trata de crímenes de lesa humanidad. No obstante, deberá tener parte de su atención puesta en lo que se decida en los próximos días con respecto a la extradición de Salvatore Mancuso quien, con su testimonio, permitiría esclarecer las responsabilidades alrededor de la masacre.