Hace un par de días el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendó, con base en información científica, que se suspenda la aspersión aérea del glifosato por tratarse de un agente probablemente cancerígeno. La polémica alrededor de este herbicida parece de nunca acabar. Mientras unos argumentan que no es perjudicial para la salud, la evidencia científica advierte que sí. A esta controversia se sumó el procurador, Alejandro Ordóñez, quien en una dura carta al ministro de Justicia, Yesid Reyes, le dice que suspender la aspersión "conducirá a crear santuarios para el narcotráfico". En el documento de seis páginas, Ordóñez argumenta que la recomendación realizada por Alejandro Gaviria "carece de base científica. De adoptarse, sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión”, agregó. El procurador general le solicitó al ministro de Justicia convocar de inmediato al Consejo Nacional de Estupefacientes, del cual hace parte el jefe del órgano de control, para discutir esta decisión de trascendencia para el país y para la lucha contra organizaciones narcotraficantes como las FARC. “Entiende la Procuraduría que prohibir sin fundamento científico la aspersión es una decisión más de carácter político. Llama la atención que la recomendación del Ministerio de Salud coincida con una exigencia permanente de las FARC en La Habana. Lo que convenga el Gobierno con esa guerrilla no puede comenzar a implementarse hasta tanto no se firme el Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado, sería tanto como dar el derecho a cogobernar en este tema a los narcotraficantes”, dijo el jefe del ministerio público. “Suspender la aspersión conducirá a que policías sean asesinados o a que caigan en campos minados no puede fundamentarse en una decisión caprichosa de no asperjar. Convertir en esas zonas a los civiles que hacen la erradicación manual como blanco de oportunidad para francotiradores es absurdo. El Gobierno sabe muy bien que existen zonas donde por razones de seguridad no es posible la erradicación manual”, puntualizó. Igualmente, Ordóñez alertó sobre los alarmantes índices de reducción en las estrategias de lucha contra las drogas y el debilitamiento de la política contra los cultivos ilícitos en Colombia en lo relativo a aspersión y a erradicación manual. “El Ministerio Público observa con enorme preocupación la forma como se ha venido desmontando, casi que de manera subrepticia, la política contra los cultivos ilícitos (…) Las cifras son contundentes. En el cuatrienio de 2006 a 2009 se asperjaron 563.422 hectáreas, para un promedio anual de 140.855. Mientras que en los cuatro años comprendidos entre el 2010 y el 2013 el total de hectáreas fue 352.972, para un promedio de 88.243. Comparados esos dos periodos, el Gobierno dejó de asperjar 210.450 hectáreas, es decir, el 37,3 %. En promedio dejaron de asperjar 52.612 hectáreas por año, durante cuatro años”, explicó el jefe del Ministerio Público citando un informe del Ministerio de Defensa Nacional. “El mismo descenso abrupto se presentó respecto a la erradicación manual. En el periodo del 2006 al 2009 se erradicaron de esa forma 264.416 hectáreas, en promedio 66.604 por año, mientras que entre 2010 y 2013 tan solo se erradicaron 131.602, para un promedio anual de 32.900. Se dejaron de erradicar 132.814 hectáreas, 50.2 % de reducción, en promedio 33.203 por año. Ante la recomendación del ministro de Salud, el procurador calificó este hecho como “el golpe de gracia a la política contra los cultivos ilícitos”, puntualizando que no existen razones científicas, pero sí múltiples prejuicios, para sustentar dicho planteamiento. Ordóñez destacó que en Colombia existen 18 marcas comerciales productoras de agroquímicos que contienen principio activo glifosato y que no existe evidencia de incrementos en la tasa de cáncer o en la tasa de mortalidad en el país en relación con la exposición de herbicidas con dicho principio activo. “Tales argumentos demuestran que la recomendación del Ministerio de Salud carece de base científica. De adoptarse, sería el fin de la política contra los cultivos ilícitos en vastas regiones del país en donde la única forma, por razones de seguridad, es la aspersión. ¿Qué pasará en zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela?, lugares en donde por el uso de minas, francotiradores y por la fuerte presencia de las FARC no es posible hacer la erradicación manual. La prohibición de asperjar es un estímulo para expandir los cultivos y producir más daño al medio ambiente. En los territorios donde se aplica aumentan los cultivos, por ejemplo, los resguardos indígenas y los parques naturales”, concluyó el jefe del Ministerio Público.