La vivienda en Colombia está distribuida en manzanas clasificadas por estratos sociales, que se han convertido en el bastión de la injusticia y la desigualdad.
El ordenamiento de inmuebles por estratos, que fue instituido en 1985 para facilitar el acceso de toda la población a los servicios públicos básicos como el agua, la luz y el gas, independientemente de su condición monetaria, ahora tiene un uso completamente distinto.
Al principio nadie pareció detectar que podría llegar a convertirse en un instrumento de discriminación, tanto para los ricos como para los pobres. El objetivo inicial era simplemente hacer un cobro diferencial de las facturas para asignar subsidios a unos y poner un sobrecosto o contribución a otros –como de hecho se continúa haciendo– sin ningún otro miramiento que la fachada de un inmueble.
La vivienda se organizó en las ciudades en seis estratos, entre los cuales, los tres primeros: bajo-bajo o 1; bajo o 2, y medio bajo o 3, hoy constituyen el 89,6 % de los inmuebles, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Es decir, son los candidatos a subsidios, aunque a veces albergan a personas pudientes. Entre tanto, las familias que habitan en el estrato 4 son consideradas de clase media y las del 5 y el 6 son media alta y alta. En estas franjas está el 6,8 % de las unidades habitacionales; mientras que hay otro 3,5 % de viviendas que registran como piratas o de estrato desconocido, según le dice al Dane el encuestado.
Esa jerarquización se fue convirtiendo en un sello, no solo para la vivienda, sino para otros asuntos, pues se suele relacionar el estrato al que pertenece el ciudadano con su forma de vestir, su actividad laboral, su ingreso y sus modales, entre otras características, y, en la mayoría de los casos, se utiliza de manera despectiva, tanto de un lado como del otro: “Los ricos filipichines o los pobres desarrapados”, según la zona en la que se habita.
En Colombia, los subsidios que se irrigan a la población necesitada aplican desde el estrato 3 hacia abajo y generan una alta inequidad. Es más, en ocasiones hasta promueven la falsedad y la corrupción. Sucede, por ejemplo, con los créditos educativos en el Icetex. Allí, los beneficios son otorgados –en teoría– a los estudiantes de menores ingresos. Implica pagar el crédito con intereses bajos y hasta condonación de las deudas, lo que lleva a que los avivatos se consigan recibos de servicios públicos del pariente más pobre o de la empleada que hace las labores domésticas en la casa y vive en estrato 1 para obtener las ayudas que ofrece el Estado con los recursos públicos.
En el caso de los apoyos estatales para el pago de servicios como la luz, en algunas oportunidades los reciben viviendas de estrato 3 que en el garaje tienen una fábrica de zapatos, actividad que, por demás, es altamente consumidora de energía.
Eso sin contar con que hay viviendas que valen una verdadera fortuna, pero están catalogadas en estrato 1 por ser bienes de interés cultural y reciben subsidios en la factura de la luz.
Bajo ese contexto, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, publicó el borrador del decreto que daría fin a los estratos en Colombia. El documento quedó sujeto a comentarios y la idea es que Registro Universal de Ingresos sea el organismo a cargo de revisar y otorgar esos subsidios.
“Que el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023 creó el Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el propósito de que dicho Registro sea el único instrumento focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social. Que la implementación de este instrumento único de focalización requiere de un proceso de transición del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) al Registro Universal de Ingresos (RUI), que garantice la continuidad en el funcionamiento de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”, dice el documento.
“Que para la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) como único mecanismo de focalización del Estado, es necesario contar con la información pública, privada y autodeclarada recopilada en el Registro Social de Hogares (RSH), así como generar capacidades técnicas y tecnológicas en las entidades del orden nacional y territorial, y estandarizar criterios para una adecuada interoperabilidad y automatización de procesos que permitan el manejo de altos volúmenes de información”, agrega.
Este es el decreto propuesto para eliminar los estratos: