“La poca justicia lograda se ha visto desvanecida por las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP). De esta manera, Alejandra Rodríguez cuestionó la posición que ha tenido la JEP en el proceso que se adelantó contra el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por su responsabilidad directa en los hechos que rodearon la desaparición de varios trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco, en medio de la operación de recuperación de la edificación ubicada en pleno centro de Bogotá.
Para Alejandra, quien tenía solamente 35 días de nacida cuando se presentó la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, el hecho de que la JEP aceptara para su revisión el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó en firme la condena de 35 años de prisión en contra del excomandante de la Escuela XIII del Ejército Nacional afecta la lucha que por décadas emprendieron para demostrar la participación de altos mandos oficiales.
“La JEP aprobó para su revisión la única condena que se ha dejado en firme en estos 37 años”, manifestó en medio de su discurso en una nueva conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia. En este sentido, relató que en los procesos contra el general (r) Iván Ramírez Quintero y el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, los procesos se encuentran en revisión por el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.
Las críticas no pararon ahí, puesto que la JEP le otorgó al general Arias la libertad condicional por dos años pese a los nulos aportes a la construcción de la verdad y al no reconocimiento de su participación en estos hechos, pese a que por su cargo era el encargado de la operación de recuperación de los rehenes.
Igualmente, hizo un fuerte cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que absolvió al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega. “¿Cómo es posible que uno de los argumentos de esa Corte haya sido que no hay una prueba directa para establecer la responsabilidad en la desaparición forzada de nuestros seres queridos, cuando este delito admite prueba indirecta?”.
Esta decisión, emitida en 2015, generó en los familiares de los desaparecidos una “gran decepción y desconfianza ante el poder judicial”, considerando que el fallo no cuenta con un “asidero jurídico” que permita concluir la inocencia del excomandante de la Escuela de Caballería, y quien fue una de las caras más visibles de la operación de recuperación los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
“En estos 37 años, nuestra búsqueda se ha visto marcada por la impunidad, por un pacto de silencio que persiste”, aseguró la hija de Carlos Rodríguez Vera, el administrador de la cafetería del Palacio y, quien, según los fallos judiciales, salió con vida del Palacio para ser trasladado hasta la Casa del Florero, donde fue sometido a un interrogatorio, que incluyó torturas, tras ser señalado como “sospechoso”.
Alejandra Rodríguez recordó que durante 15 años el proceso estuvo totalmente quieto. No fue hasta el año 1998 que se logró la exhumación de varios cadáveres que estaban en la fosa común del Cementerio del Sur, de Bogotá, por petición del abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien posteriormente fue asesinado.