Luego de casi tres años en los que permaneció alejada de los radares de la opinión pública, La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) reaparece convocando este jueves a una nueva movilización nacional en contra del Acuerdo por lo Superior 2034. Este documento, que fue entregado al presidente Santos en agosto pasado por la entonces ministra de educación, María Fernanda Campo, contiene 136 lineamientos de política pública para transformar la educación superior en Colombia en los próximos 20 años. Amaury Núñez, representante de la MANE, dice que este no es un verdadero acuerdo porque en su elaboración no se incluyeron los aportes de las organizaciones estudiantiles y profesorales, a pesar de que esa fue una de las exigencias que hizo la Mesa para levantar el paro del 2011. A finales de ese año, el Gobierno tuvo que retirar del Congreso un proyecto para reformar la Ley de Educación Superior debido a las manifestaciones que paralizaron las actividades de las 32 universidades públicas del país. En ese momento, la comunidad académica se opuso a que se permitieran las inversiones privadas en las instituciones públicas, así como a la creación de universidades con ánimo de lucro. También afirmaba que los recursos que estaban siendo destinados para la financiación del sistema eran insuficientes y se quejaba de que la propuesta no hablaba del déficit de cerca de 12 billones de pesos en el presupuesto del sector. “Las condiciones que nos llevaron a protestar están latentes en la actualidad”, afirma Núñez y recuerda que el Gobierno se comprometió a abrir los espacios de discusión para construir una ley alternativa con las opiniones de todos los interesados. Apenas iniciado el 2012, la ministra Campo dijo que el único lugar autorizado para llevar a cabo ese proceso era el CESU, un órgano consultivo presidido por el Ministerio de Educación en el que los estudiantes y los profesores tienen una representación minoritaria. La MANE decidió apartarse por considerar que su participación no estaba asegurada y desde entonces los canales de comunicación entre ambas partes están rotos. De ahí en adelante cada una se dedicó a trabajar por su cuenta. El Gobierno convocó el “Gran Diálogo Nacional” mientras la MANE realizó siete debates públicos en varias ciudades del país. El resultado es que hay dos propuestas que hablan del mismo propósito de la calidad pero optan por dos caminos completamente distintos para alcanzarla. La MANE propone que el Estado debe garantizar el acceso universal a la educación superior asumiendo la totalidad de los costos de funcionamiento de las universidades públicas del país. El Gobierno, por su parte, está más inclinado hacia el subsidio a la demanda a través del crédito educativo y del incremento de la inversión privada en aspectos como la renovación de la infraestructura y el financiamiento de las actividades de investigación. Más allá del debate de fondo sobre el modelo educativo del país, lo preocupante es que los canales de interlocución están cerrados y los sectores que no han sido escuchados van a volver a las calles para protestar. Si bien el texto del Acuerdo por lo Superior 2034 afirma que es el producto del consenso entre todos actores del sistema educativo, rectores que hacen parte del propio CESU, como Ignacio Mantilla, de la Nacional, han expresado públicamente sus reparos a esta política. En un artículo llamado “Lo que está en juego en la educación superior”, refiriéndose a la participación privada en las universidades públicas, Mantilla escribe: “En la política de Estado para la educación superior debe quedar clara la primacía de lo público sobre lo privado, este es un acervo latinoamericano que es necesario preservar y sobre el cual, justamente en estos últimos doce años, ha habido vacilación de los gobiernos que han considerado el modelo chileno o el brasileño como el ideal a emular”. En ese texto, Mantilla dice que todavía hay muchos puntos de la reforma que están abiertos a la discusión. Pero la viceministra de educación superior, Natalia Ariza, afirmó hace unos días durante una asamblea sobre el tema realizada en el Senado que el Gobierno está incluyendo algunos de los puntos del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo que se va a presentar ante el Congreso. Parlamentarios como Jorge Robledo, Víctor Correa, Senén Niño y Ángela Robledo ya han mostrado su desacuerdo con este procedimiento. Este factor, sumado a la convocatoria que está haciendo la MANE para el jueves, demuestra que el tema de la necesaria reforma a la educación superior sigue siendo motivo de conflictos. Y lo más grave es que parecen estar muy lejos de solucionarse.