Desde antes de la instalación del Congreso el pasado 20 de julio el senador Iván Cepeda había anunciado que impulsaría un debate en contra del expresidente, y hoy senador, Álvaro Uribe. Para el dirigente del Polo el recinto del Senado de la República es el escenario propicio para “poner en claro la responsabilidad política que tiene (Uribe) en múltiples hechos, muchos de ellos ligados a las estructuras paramilitares,  a su surgimiento y a su evolución”. Cepeda no perdió el tiempo. En la primera plenaria de la Cámara alta presentó una proposición de control político contra el jefe del Centro Democrático por sus presuntas relaciones con el paramilitarismo mientras se desempeñó como gobernador de Antioquia y presidente de la República. El senador de izquierda afirma que hay demasiadas coincidencias entre el Plan de Desarrollo de la administración Uribe y un documento programático de las Autodefensas. A la iniciativa del debate, que luego sería retirada por el propio Cepeda, se sumó la solicitud a la Comisión de Acusaciones, en conjunto con la nueva senadora verde Claudia López, para que la Corte Suprema de Justicia asuma las investigaciones contra el exmandatario. No genera mayor sorpresa que el regreso de Uribe al Congreso tras 20 años de ausencia sea recibida con alborozo por sus más acérrimos críticos. Al fin de cuentas, una cosa es enfrentar a un poderoso y popular jefe de Estado con todo el peso de la Casa de Nariño y otra, muy diferente, al líder de una bisoña bancada opositora cuyo candidato presidencial acaba de ser derrotado. Además, en teoría los 266 miembros del Legislativo están al mismo nivel, sus escaños provienen del voto popular del 9 de marzo y están sometidos a las mismas reglas del juego. En otras palabras, el pulso estaría hoy más equilibrado. Uribe empezó a experimentar su estatus más disminuido desde la primera vez que intervino para criticar al gobierno Santos. La cascada de réplicas de senadores oficialistas y verdes anticipa que, a diferencia de los tiempos de sus dos gobiernos, el micrófono en el Congreso es de uso compartido. Sumado a esto, viejos enemigos de Uribe como el senador Cepeda consideran la presencia del expresidente en una curul cercana como una oportunidad dorada para sentarlo en el banquillo de los acusados. Para el legislador polista este debate se trata, como lo escribió en su cuenta de Twitter, “de la historia de crímenes de lesa humanidad al servicio del poder y de la riqueza”. No obstante, existe una diferencia entre controvertir las intervenciones y proyectos del senador Uribe y someterlo a un debate de control político como lo pretende el Polo Democrático. La inexistencia de antecedentes recientes y la condición actual de Uribe como senador opositor y no como cabeza del gobierno presentan dificultades para que la proposición avance. Si es un ejercicio de control político del Congreso al Ejecutivo se supone que debería dirigirse a funcionarios del gobierno y no a un miembro de la bancada opositora del otro lado del espectro ideológico. A esto Cepeda respondió que los citados serían representantes del Ejecutivo. Por otra parte, varios senadores han expresado otra preocupación: si se permite un debate contra Uribe en su condición de legislador se abriría la puerta para que los congresistas se convocaran debates de control político entre ellos. Para el senador Cepeda esta proposición no es de “enemistad personal” y acusó al uribismo de tenerle miedo a esta discusión sobre parapolítica. Por ahora 15 debates de control han sido aprobados mientras que el de Cepeda no ha sido tramitado y volverá a ser presentado esta semana. “Se hará debate. Mi perseverancia es indestructible”, afirma Iván Cepeda. Uribe, por su parte, ya aceptó el cara a cara.