La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a imputación de cargos a ocho miembros del antiguo secretariado de las Farc por el delito de secuestro, uno de los más atroces y repudiables actos que vivió Colombia en medio del conflicto.
Todo el país fue testigo de estos episodios a través de las noticias y los reportes que documentaban, día tras día, estos hechos; muchos tuvieron que vivir el secuestro en carne propia.
Son varios los testimonios de quienes pudieron ver de primera mano, o vivir, el calvario que enfrentaban los secuestrados en medio de la selva, en condiciones infrahumanas, amarrados y con todas sus libertades coartadas.
Según las mismas cifras de la JEP, la guerrilla de las Farc dejó 21.396 víctimas de secuestro que ya fueron identificadas. De estas, el 79 % corresponde a hombres y el 21 %, a mujeres. De las víctimas que han reportado su edad, que corresponden al 55 %, el 95 % fue mayor de edad y el 5 %, niños, niñas o adolescentes. Entre los menores de edad, el 47 % fueron niñas.
Las pruebas de supervivencia se convirtieron en los testimonios más desgarradores y estremecedores. Uno de los más icónicos y que generó el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional fue el de Íngrid Betancourt.
Las impactantes imágenes dejaban ver a una persona delgada, triste, desolada, que pasaba por sus peores momentos, unos que nadie quería vivir. El episodio dejó una fotografía que quedará para la historia como uno de los episodios más difíciles, que fue vista por todos los colombianos y le dio la vuelta al mundo.
Las víctimas no olvidan lo que pasó y con el anuncio de la JEP esperan que realmente se pueda hacer justicia, que queden en el centro de la discusión y lleguen a ser reparadas de manera efectiva. En Vicky en SEMANA, algunos de ellos dieron sus testimonios.
El exgeneral Luis Mendieta, quien duró 11 años y siete meses en poder de las Farc, contó en el programa que constantemente eran amenazados de muerte y que les decían que los iban a ejecutar si había un intento de rescate.
Afortunadamente, en el caso del general eso no sucedió y logró ser recuperado por una unidad del Ejército en una operación ‘de película’ que logró llegar hasta uno de los campamentos más custodiados e inhóspitos de la selva colombiana.
Sin embargo, no todos los secuestrados corrieron con la misma suerte del general.
El representante conservador Jaime Felipe Lozada también contó que tanto él como su familia estuvieron secuestrados y vivieron los peores días de su vida. El congresista tenía 15 años cuando los guerrilleros llegaron hasta el edificio Miraflores de Neiva, en Huila, y lo capturaron a él, a su madre Gloria Polanco, a su hermano y a 13 personas más.
Fue rescatado a los tres años, pero su madre siguió en cautiverio. Su padre fue asesinado por este grupo guerrillero en 2005. Lozada ha sido uno de los que más ha pedido una verdadera reparación para las víctimas y se ha opuesto a que los exguerrilleros ocupen curules en el Congreso.
Otro de los testimonios e historias que dejó el secuestro en el país fue el de Clara Rojas y su hijo Emmanuel, quien nació en medio del cautiverio y se convirtió en un símbolo de vida.
A pesar de lo difícil y desolador del momento, la identificación del menor en un hogar del ICBF y la posterior liberación de Clara fueron un episodio feliz en medio del drama. Sin embargo, ella misma ha relatado que incluso luego de estar en libertad, tanto ella como su hijo han tenido que vivir episodios dolorosos y casos de revictimización, heridas que deja este flagelo y que son muy difíciles de reparar.
Para varios analistas, el hecho de que una guerrilla que justificaba su lucha armada en “defender al pueblo” cometiera este tipo de acciones fue como cavarse su propia tumba. Ahí murieron políticamente.
¿Cómo era posible que se justificaran en las necesidades de los colombianos para secuestrar personas inocentes y retenerlas en condiciones infrahumanas?
En el momento en el que el país se dio cuenta de la práctica de las Farc y empezó a contar a los secuestrados por miles, la legitimidad de esa guerrilla se acabó. Se sembró el terror en los territorios y la intimidación que generaba era tal que nadie quería padecer ese flagelo.
Políticamente, su lucha ya carecía de cualquier argumento o justificación.
Con la imputación de la JEP, las víctimas han reclamado porque no se les haya puesto el nombre de “secuestro”, sino el de “toma de rehenes” y “graves privaciones de la libertad”. La justificación que se ha dado es que así está tipificado el delito en el Derecho Penal Internacional.
Sin embargo, para las víctimas, el lenguaje resulta indispensable en su reparación, por lo que esperan que los exguerrilleros hablen de secuestros, una palabra que quedó marcada en la historia de Colombia, pero un infierno que nadie tuvo que haber padecido.