El senador y exgobernador de Santander Richard Aguilar, luego de haber sido capturado el pasado 28 de julio, fue recluido en el Batallón número 13 en Bogotá, en donde también se encuentra su padre, Hugo Aguilar.

Según la Corte Suprema de Justicia, la captura de Aguilar hijo se da por presuntas irregularidades en la contratación mientras se desempeñó como gobernador en Santander. Funcionarios que trabajaron en su administración se convirtieron en los principales testigos en su contra y lo señalan de recibir, supuestamente, coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Por su parte, su padre, el exgobernador Hugo Aguilar, fue condenado en 2019 por parapolítica.

Así mismo, de acuerdo con la Corte, cuando Aguilar era gobernador de Santander les habría ordenado a algunos funcionarios favorecer y entregar contratos a ciertas personas y consorcios señalados previamente por él.

“Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil-Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga. Floridablanca (2014)”, se aseguró.

Sobre la misma línea, se anunció una compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones necesarias, debido a que hay otros “posibles partícipes” en los hechos de corrupción administrativa que se está indagando.

Funcionarios que trabajaron en su administración se convirtieron en los principales testigos en su contra y lo señalan de recibir coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Por lo que se sabe de acuerdo con los testigos, Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, este último funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el senador Richard Aguilar.

Además, las testigos señalaron que también denunciarían a Jaramillo, sobre quien sostendrán que era la persona que, al parecer, manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Aguilar. Jaramillo, según la versión de los ahora delatores, acordaba y recibía presuntamente de los contratistas los porcentajes que le correspondían al parecer a Aguilar.

Cabe señalar que Aguilar renunció a su curul; sin embargo, hasta el momento no ha sido aceptada.

A esto se suma que el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, ya recibió el auto de la Corte Suprema de Justicia en el que se notifica la orden de captura contra el senador de Cambio Radical. Con esa notificación oficial, el Senado ya podrá definir las fechas exactas en las que Aguilar habría cometido los presuntos delitos y determinar si se aplicará o no la denominada silla vacía.

Lo que hará la corporación es revisar si hay alguna acusación después del 1 de julio de 2015 y en ese caso se aplicaría esa figura, como lo ordena la ley.

Si los presuntos delitos se cometieron con anterioridad a esa fecha, no se aplicaría la silla vacía y Cambio Radical podría reemplazar a Aguilar en esa curul. El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, explicó que se hará un estudio del auto de la Corte Suprema para tomar alguna decisión sobre esa curul.

“La aplicación de la silla vacía debe hacerla el Senado, previo a un estudio del contenido de la providencia que ordenó detener al senador. De manera que si alguno de los delitos imputados al senador está dentro del grupo de los delitos contra la administración pública, habría que examinar la posibilidad de que no se llame al reemplazo”, dijo Eljach.