El testigo perdido

Unos metros de diferencia, como en una película de misterio, impidieron que un testigo de excepción aportara su testimonio sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Luego de 21 años de incertidumbre y precarios avances en el proceso, los familiares de los desaparecidos encontraron a este personaje clave, exiliado durante 17 años, luego de que consignó en un documento hechos reveladores sobre acciones del Ejército posteriores a la toma del Palacio. Su nombre es Ricardo Gámez Mazuera. Entre 1977 y 1989 hizo carrera como agente de inteligencia del Estado. El primero de agosto de 1989, debido a "un conflicto de conciencia cada vez menos soportable", Gámez decidió abandonar su cargo y suscribir ante el notario 17 de Bogotá un testimonio que dirigió a la Procuraduría. En el documento producto de esa diligencia hizo una relación de hechos irregulares de los que fue testigo o conoció por su cargo. Son 14 folios en los que Gámez narró con detalles espeluznantes hechos que van desde operativos no autorizados hasta torturas y fosas que ubicó con exactitud a través de tres mapas que adjuntó. En su versión documentada, Gámez afirmó, entre otras cosas, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, fue sacado del Palacio sin ninguna lesión y llevado a la Escuela de Caballería donde "le introdujeron agujas en las uñas y luego le arrancaron las uñas (sic). Él siempre manifestó que no sabía nada de nada, ni entendía lo que estaba pasando". La historia de la reaparición de este testigo clave comienza hacia finales de 2005, cuando se realizaron emotivas conmemoraciones en todo el país por los 20 años de la toma. El sangriento episodio retornó a la memoria de los colombianos con exposiciones, libros, grabaciones y testimonios que fueron ampliamente desplegados por todos los medios de comunicación y nuevamente se encendió la polémica por la responsabilidad de la guerrilla, los militares y el gobierno. Y se escuchó también la voz de los familiares de las 11 personas que no fueron encontradas ni vivas ni muertas.El 6 de diciembre, el Fiscal General desempolvó el caso que reposaba en la Unidad de Derechos Humanos. Con el propósito de darle impulso procesal lo remitió a la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Ángela María Buitrago. El proceso cobró dinámica. En los meses siguientes fueron llamados a indagatoria los principales personajes relacionados con los hechos y los familiares de los desaparecidos. Nuevas pruebas se anexaron al proceso y tres militares fueron detenidos acusados del secuestro y desaparición forzada del administrador de la cafetería, de Cristina del Pilar Guarín y de la guerrillera Irma Franco Pineda. Por todo ello, los familiares de los desaparecidos reconocen que Ángela Buitrago ha hecho lo que muchos fiscales no hicieron en años. Desde algún lugar del mundo, Gámez siguió estos acontecimientos y decidió ampliar su testimonio ante la fiscal, con el fin de ayudar a esclarecer el histórico caso. Usando métodos propios de la inteligencia, en octubre de 2006 Gámez contactó a René Guarín, hermano de la desaparecida Cristina del Pilar. La sorpresa fue estremecedora. El mensaje del ex agente pronto llegó a la fiscal Buitrago, quien se mostró de acuerdo con elaborar la prueba y aceptó los términos que el testigo pedía. El testimonio sería rendido el 7 de diciembre de 2006 en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, con la presencia de tres delegados de organizaciones internacionales y un familiar de los desaparecidos. Por petición de la fiscal Buitrago, el ex agente se presentó el 14 de noviembre de 2006 para ratificar su identidad ante el cónsul honorario de Colombia en Sevilla, España. René Guarín, quien representaría a los familiares de los desaparecidos, reunió siete millones de pesos para financiar su traslado y pocas semanas antes de viajar se vio con la fiscal para finiquitar detalles. Entonces las cosas empezaron a enredarse. La fiscal, apoyada en argumentos jurídicos de extraterritorialidad, le dijo que el testimonio se debía rendir en el consulado, no en el Parlamento. Luego de intercambiar comunicados, por petición de los familiares, el testigo accedió a presentarse en el consulado. Pero otro palo se atravesó. Pocos días antes de concretar la entrevista, la fiscal dijo que los delegados tendrían que quedarse en la puerta del consulado y que sólo ella se reuniría con Gámez, ya que las normas indican que sólo pueden asistir las partes del proceso. Bajo esas condiciones, el ex agente respondió con un rotundo no. La fiscal, que ya tenía la visa y el pasaje, canceló el viaje. El esfuerzo por judicializar el testimonio fracasó. A pesar de ello, René Guarín viajó para entrevistarse con el testigo bajo las condiciones iniciales. Víctima y victimario se encontraron frente a frente. Según René, a los familiares de los desaparecidos no les importan los esfuerzos que deban hacer para conocer la verdad. "En Colombia nadie va hacer lo que no hagamos por nuestra propia cuenta las víctimas". En la entrevista, Gámez se ratificó en todo lo dicho, amplió su narración y agregó importantes detalles que quizá habrían sido útiles a la investigación. Al respecto, René afirma: "Él estaba dispuesto a entregar pruebas documentales que demuestran la responsabilidad directa y personal de los gestores intelectuales que ordenaron las desapariciones". Concluida la reunión, el ex agente de inteligencia cortó definitivamente los cables de comunicación. Aunque hoy se dieran las condiciones, los familiares de los desaparecidos no tienen cómo contactar a Gámez. ¿Es posible que los metros de distancia que van desde la puerta de un consulado hasta una de sus oficinas arruinen un testimonio tan valioso para este caso? ¿Qué podía aportar alguien que después de tantos años se esforzó por tocar las puertas de la Fiscalía desde el otro lado del mundo? Son las preguntas que hoy se plantean los familiares de los desaparecidos.