Intensa y agotadora fue la asamblea de accionistas de Triple A que duró 10 horas y que tuvo lugar este martes en la imponente mansión Yidi-Slebi, construida en los años 30 en el acomodado barrio El Prado de Barranquilla, donde opera la sede administrativa de la empresa de servicios públicos y donde se concentró el foco mediático de la ciudad.La reunión se llevó a cabo en cumplimiento de la decisión de la Fiscalía del pasado 4 de octubre de embargar con fines de extinción de dominio el 82,16% de las acciones de Triple A en posesión de Inassa, sociedad que encabezó la expansión de la española Canal de Isabel II en Latinoamérica y que anidó un millonario entramado de corrupción transnacional que ha dejado varios capturados y la tiene bajo la lupa de la justicia en ambas orillas del Atlántico. En contexto: Fiscalía embarga el 82% de las acciones de la empresa Triple A Durante la extensa jornada estuvieron en juego los cinco puestos titulares y sus correspondientes suplentes en la junta directiva de la empresa, que tiene las facultades jurídicas para la toma de decisiones administrativas. Entre ellas está, según indicó el Gobierno Nacional, evaluar la continuidad del gerente general actual, Ramón Hemer, y “el nombramiento del representante legal jurídico”.Muy temprano arribó al lugar junto con su equipo de trabajo María Virginia Torres, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), empresa mixta vinculada al Ministerio de Hacienda que actúa como secuestre de los bienes en proceso de extinción de dominio. Desde las 8:45 a.m. hasta las 6:45 p.m. estuvieron presentes en un verdadero tire y afloje unos 50 socios, en cabeza de los 5.490 accionistas minoritarios que mantienen el 3,34% de la propiedad, y los representantes del Distrito, que posee el 14,50%.Entre los últimos, se destaca el abogado Jaime Padilla Sundhein, secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla y designado desde 2016, en el inicio de la administración del alcalde Alejandro Char, miembro principal de la junta, una calidad que también ostenta el mandatario, con lo que llenaron así las dos plazas reservadas para el Distrito. Respectivamente, sus suplentes fueron la economista Emelith Barraza, secretaria distrital de Hacienda y la administradora Margarita Zaher, secretaria distrital de Planeación.Padilla y Triple APadilla, que ahora contribuye a representa los intereses del Distrito, tuvo en el pasado otro tipo de relación con la empresa. Desde el 2011 hasta el 2015, mantuvo contratos con Triple A de asesoría jurídica a través de la firma Padilla Sundhein Abogados & Consultores Especializados, según documentos conocidos por SEMANA. Padilla, en conversación con este medio, reconoció los contratos de 2014 y 2015, aunque en su hoja de vida, publicada para efectos de la asamblea, aparece con contratos desde 2013. “En 2011 puedo tener contratos con otra empresa del grupo, que se llama R&T”, manifestó. Dicha firma se encarga de actividades como la lectura de contadores, corte de servicios y entrega de facturación.En el caso de Triple A, el objeto del contrato fue el de “prestar sus servicios de asesoría jurídica en el tema de contratación estatal y áreas afines, mediante la ejecución de las siguientes actividades entre otras: estudios de documentos tales como proyectos de contratación convocados por el estado o sus entidades descentralizadas, revisión de minutas contractuales y pliegos de condiciones y asistencia a la gerencia general de Triple A”. Le recomendamos: ¿Por qué capturan al expresidente de Triple A y llaman a indagatoria a 11 ejecutivos? Los tres contratos y los dos otrosí fueron firmados por Ramón Navarro, gerente de Triple A para la fecha de los contratos y quien duró 11 años en el cargo, hasta su renuncia en 2016. El exdirectivo está privado de la libertad desde el 20 marzo del 2018, hoy con beneficio de casa por cárcel, imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal y falsedad en documento privado, cargos que aceptó y que lo implican por haberse apropiado de 27.879 millones de pesos a través de operaciones ilícitas.En el 2016, Padilla fue llamado por el alcalde Char para ser el asesor jurídico del Distrito, cargo que aún ostenta. “Nosotros cuando entramos en el 2016 a Triple A encontramos una empresa robusta, produciendo utilidad con una excelente prestación del servicio y no teníamos por qué saber las situaciones ocurridas entre el 2012 y el 2015, porque yo no tuve ningún tipo de relación con esas actividades o desarrollos que hoy se están censurando judicialmente”, explica Padilla.¿El final?Estos siete años de relación entre Triple A y Padilla, aparentemente terminaron el martes cuando la SAE determinó recuperar un puesto en la junta directiva de la empresa que que Inassa le había entregado al Distrito como un especie de cortesía. Así las cosas, el Distrito, que planeaba en esta ocasión repetir en las mismas posiciones, solo mantiene el puesto del alcalde Char y la suplencia de secretaria Zaher, mientras la SAE controla ahora cuatro de las posiciones. Una de las suplencias, en un hecho inédito, la entregó a los socios minoritarios.Le puede interesar: Inassa, dueña de Triple A, ofreció devolver parte del dinero objeto de desfalco: Procurador Padilla Sundhein Abogados & Consultores Especializados, la firma que lleva el nombre del letrado y con la que negoció los contratos de Triple A, sigue vigente y renovó su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Barranquilla para el 2018, según certificado de existencia y representación expedido por la Caámara de Comercio de Barranquilla, aunque ahora su representante legal es Cecilia Melissa Avendaño -esposa de Padilla- y la directora jurídica es Ketty Beatriz Espinosa.“Yo salí de la empresa y ya pertenece a otra empresa. Cuando entré a lo público salí de ahí”, mencionó. Dijo también que mantiene el nombre porque “el nombre es la marca, es algo que se construye en el tiempo y no se desecha”, argumentó.Le puede interesar: ¿Quién es Edmundo Rodríguez, el español al que le incautaron 262 mil euros en Barranquilla? Tire y aflojeEn el tire y afloje de la asamblea, la voz cantante la llevaba la SAE por tener la participación mayoritaria. Aún así no tuvo las cosas fáciles. Horas antes de la asamblea los gremios y la Cámara de Comercio de Barranquilla habían pedido al presidente Iván Duque aplazar la reunión para revisar las hojas de vida de los candidatos. El hecho de que buena parte de ellos fueran de Bogotá, provocó malestar, por lo que se propusieron otros de origen barranquillero.“La constitución de la nueva plancha de aspirantes a integrar la Junta Directiva de la empresa barranquillera Triple A presentada por SAE S.A.S fue constituida con apertura teniendo en cuenta la participación de todos los sectores interesados como lo son el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Barranquilla, los ciudadanos representativos de la ciudad y los accionistas minoritarios, quienes por primera vez cuentan con representación en la Junta Directiva”, indicó un comunicado de la entidad.Otro incidente que se registró fue la expulsión del recinto del alcalde de Soledad, Joao Herrera, quien no es accionista así como tampoco lo es el municipio, pero dijo ir en nombre de los 130.000 hogares soledeños que reciben el servicio de Triple A y a “hacer pública la deuda que ellos tienen con nosotros” que el mandatario tasó en 480.000 millones de pesos. En contexto: La tubería rota de la Triple A Finalmente quedó una mayoría de barranquilleros en la junta. Allí tienen puesto María Virginia Torres (presidenta de la SAE), Juan Alberto Londoño Martínez, Jesús Vall De Ruten (exmagistrado) y Arnaldo Mendoza Torres. Los respectivos suplentes son Mauricio Solorzano Arenas (vicepresidente jurídico de la SAE), Alfonso Castellanos Rueda, Gabriel Núñez Insignares (representante de los minoritarios) y Miguel Arturo Linero. Por el Distrito el alcalde Char será principal, con la suplencia de la secretaria Margarita Zaher.Dijo Solórzano en comparecencia ante la prensa que “la junta hará un diagnóstico temporal de la sociedad y en la medida en que vaya evaluando las necesidades que la sociedad debe afrontar los movimientos que haga de su junta. Sin embargo, la vocación es de permanencia”. La SAE dio una voz de tranquilidad a los usuarios del servicio en Barranquilla y el Atlántico y a sus trabajadores acerca de su intervención “no genera ruptura o traumatismo alguno a la operación y objetivos empresariales que le asiste a la empresa Triple A”. Habrá que ver si se cumple el mal vaticinio de muchos barranquilleros, que han visto el ejemplo de la intervención estatal en Electricaribe y que mantienen su incertidumbre sobre la prestación de los servicios públicos en la ciudad y el departamento.