Desde hace varias semanas Natalia Springer está en el ojo del huracán. En las últimas horas su nombre volvió a ser otra vez tendencia en algunas de las redes sociales y tema principal de los principales medios de comunicación. No es para menos. Es la protagonista de un escándalo que salpica a la Fiscalía General de la Nación. La razón de todo este escándalo tiene que ver con multimillonarios contratos que suman más de 4.000 millones de pesos entregados a dedo por la entidad para que ella, a través de sus empresas, realice una serie de estudios y análisis sobre diferentes temas para la Fiscalía. En medio de la polémica, varias revelaciones han surgido a lo largo del último mes. Una de ellas es que el verdadero apellido de la politóloga era Natalia Lizarazo y no Natalia Springer. Si bien el cambio de identidad es un acto legal, en muchos de los lugares donde trabajó, como La Fm o El Tiempo donde era columnista, no pocos quedaron sorprendidos con el hecho de que hubiera cambiado su identidad. Pero más allá de este detalle anecdótico, el escándalo tiene que ver con la poca claridad que existe sobre los contratos que la politóloga suscribió con la Fiscalía. El Espectador ha hecho una relación de algunos de ellos, pero al tratar de conocer en detalle los resultados de los contratos, Natalia ha argumentado que no puede mostrarlos por “razones de seguridad nacional”. Hasta ahora solo se conocen el objeto y los montos de los contratos. Semana.com conoció en exclusiva uno de los informes de los interventores del primer contrato por 895 millones de pesos firmado el 10 de septiembre de 2013, que deja muy mal parada a Natalia y a la propia Fiscalía. El contrato parece hecho a la medida de Natalia y su empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS. Para empezar, tenía por objeto “prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento y apoyo jurídico y técnico especializado al señor fiscal general de la nación para el procesamiento de datos en casos de crímenes excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia”. Pero en la tercera página de las 13 aparecen varias curiosidades. Una de ellas es que, como algo inusual en la contratación pública, la Fiscalía transcribe la hoja de vida que les pasó Natalia a quien califica como “una reconocida politóloga PHD… con más de 10 años de experiencia”. Allí se explica que los documentos que ella entregó “resultan suficientes para demostrar la idoneidad de la firma”. Una firma que se constituyó el 3 de junio de 2011, es decir, dos años antes de la firma del contrato que exigía “persona jurídica fundación o asociación de mínimo 10 años…”. Como esto no se cumplía, se crea un salvavidas que permite la ejecución del contrato. “La experiencia de la persona jurídica podrá conmutarse con la de los socios cuando ella (la firma) no cuente con más de tres años de constituida”. El informe vergonzoso Tres meses después de la firma del contrato, Natalia y su empresa entregaron el primer informe con el fin de que le desembolsaran los primeros 223 millones de pesos. Con lo que tal vez no contó es que las personas encargadas de recibir el producto de su trabajo sencillamente lo calificaran como una vergüenza. De todo esto quedó un contundente informe en poder de Semana.com entregado por funcionarios de la Unidad de Análisis y Contexto indignados por lo que consideran un despilfarro de dinero. “La Fiscalía que investiga el carrusel tiene el suyo propio. Parte de los insumos con lo que la señora Springer redacta sus famosos informes e investigaciones eran tomados de esta oficina. Y para completar los informes que presentaba la señora Springer no cumplían con lo pactado en el contrato”, dijo un funcionario que pidió reserva de su nombre. El informe de interventoría es contundente. “Una vez revisado el informe (Secuestro en Colombia) se observa que este no cumple con lo estipulado en la cláusula (tercera). En la primera entrega se debía incluir los formatos establecidos para la compilación, recolección de datos y establecimiento de criterios de análisis de información. (…) Se nota cómo la firma contratista no anexó al documento formatos referidos por lo que es imposible evidenciar cuáles instrumentos fueron diseñados, utilizados y analizados para construir el informe”, dice el documento. Más adelante se advierte: “Las actividades como la recolección de información, tamizaje de información, análisis de datos, modelos sobre lógicas de imputación, representación matemática de algoritmos, georreferenciación de datos, procesamiento estadísticos de datos, análisis de situaciones de vulnerabilidad riesgos y desastres que permitan ponderar la capacidad y porbabilidad de causa de daño e impacto en los sujetos pasivos de la conducta criminal que debe desarrollar la firma consultora, Springer Von Schwarzenberg Consulting Services SAS, no se plasma en el informe”. La interventoría va más allá. “El documento no corresponde con el análisis y las hipótesis jurídicas que ha hecho la UNAC (Unidad de Análisis y Contextos) sobre el tema. (…) Por otro lado, el informe se concentra en el aspecto de la existencia del secuestro como política de las Farc-Ep, pero no abarca el tema de los tratos crueles e inhumanos a los secuestrados durante el cautiverio, lo cual ha sido un aspecto enfatizado por los fiscales que adelantan la investigación penal de este delito”. Más adelante el documento resalta contradicciones en el informe presentado por Natalia. “En los primeros resultados (página 33) se dijo que interacción que la VII conferencia era negativa y luego en la página 35 se menciona que tuvo relación positiva, lo cual es erróneo (…)”, dice uno de los apartes donde queda en evidencia las incoherencias de la argumentación. “La falta de articulación del documento con las investigaciones adelantadas por la UNAC, preocupa adicionalmente en tanto a la oficina jurídica, después de la consulta elevada por el supervisor del contrato y esta jefatura”, dice otro de los puntos donde se cuestiona seriamente la investigación. “La distinción conceptual entre las modalidades de secuestro no es clara, como tampoco lo son las justificaciones metodológicas para determinar dichas modalidades”, afirma otro de los apartes que no deja duda de las graves falencias del informe de la politóloga. La interventoría cuestiona contundentemente el origen de muchos de los datos que utilizó Natalia en su investigación sobre el secuestro. Básicamente, en pocas palabras se afirma que tomó información de otras investigaciones. “Metodológicamente el documento se fundamenta principalmente en las publicaciones en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), como Una verdad secuestrada, Una sociedad secuestrada y la base de datos del CNMH y cifras y conceptos (…) No hay una justificación metodológica de por qué esto es así, ni por qué se privilegia esta fuente sobre otras. En esta medida el documento no cumple el propósito del equipo de investigación de la UNAC”. En conclusión, según la funcionaria que realizó el análisis, “el documento presentado no cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato y no es útil para el desarrollo del trabajo que se viene adelantando en esta Unidad”. Toda esta serie de cuestionamientos y el hecho de prácticamente destrozar el primer informe de Natalia sobre secuestro, generó una grave crisis en la UNAC pues aun con las falencias del mismo Natalia recibió el pago del contrato. Este fue tan solo el primero de una larga lista de contratos que posteriormente le fueron asignados a la politóloga y su firma. El último de ellos para hacer un análisis sobre el ELN y las Bandas criminales. Todos, por la nada despreciable suma de más de 4.000 millones de pesos. Todo un escándalo del que aún queda tela por cortar. (Ver informe)