Unas tutelas que estudia la Corte Constitucional sobre el matrimonio gay pueden abrir un debate tan profundo y álgido como el que generó hace unas semanas la adopción igualitaria. Ese alto tribunal está a punto de fallar si el matrimonio de parejas del mismo sexo es válido o no. La Procuraduría pidió la anulación porque considera que este solo puede darse entre un hombre y una mujer. Las parejas que se encuentran en ese litigio judicial han vivido un verdadero viacrucis que evoca los tiempos de la Inquisición. Se tuvieron que casar a escondidas, llevan varios años contestando recursos judiciales y se convirtieron, sin querer, en protagonistas de toda una telenovela. SEMANA reunió a las tres primeras parejas gay que se casaron en el país. Hace dos años, muchos colombianos las vieron por televisión acercarse a los juzgados en medio de aplausos y rechiflas, de carteles y banderas de colores, cuando se cumplió el plazo que había dado la Corte Constitucional para regular el asunto. La Corte había reconocido que esas parejas son ‘familia’, pero determinó que el poder de darle el estatus de matrimonio le correspondía al legislador. “Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante juez o notario a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”, dijo en su momento la sentencia. Ese plazo se cumplió y como el Congreso nada había expedido, Elizabeth y Claudia, Carlos y Gonzalo, y Marcela y Adriana decidieron ser los primeros en ir a casarse. Todas las parejas que dan ese paso tienen una enorme lista de tareas que incluye elegir el lugar de la ceremonia, las flores y el vestido. Pero en el caso de estas tres nada de eso se hizo, pues hasta el día de hoy el tema es una gran incertidumbre jurídica. En la actualidad hay varias interpretaciones. Los notarios, por ejemplo, no hablan de matrimonio sino de “unión solemne”. Algunos jueces sí creen en el matrimonio, pero su voluntad se ha estrellado contra las directrices de la Procuraduría. En la circular 013 de 2013 esta ordena a sus delegados “acompañar y supervisar” a notarios y jueces a “intervenir de manera preferente” e “interponer las acciones y recursos judiciales disponibles” frente a las uniones que intenten hacer las parejas del mismo sexo. Otro memorando, firmado por la procuradora Ilva Myriam Hoyos, pide a todos los juzgados del país remitir la información de todas las solicitudes de matrimonio “a la mayor brevedad”. Esta circular también está demandada en la Corte pues la comunidad Lgbti cree que viola su derecho a la intimidad. Para estas parejas, lo único que les da igualdad es el matrimonio. Por eso, sienten temor de lo que pueda pasar en la Corte Constitucional. Hasta ahora ha trascendido que la ponencia busca anular los matrimonios vigentes y pide que mientras el Congreso no defina el asunto esas uniones tengan solo un contrato innominado. “Solo pedimos que se reconozca que hay diversas formas de amor… Para nosotros la unión marital de hecho es como vivir en arriendo, el matrimonio es como comprar casa y ese contrato innominado que se inventaron los notarios es como un lote pirata”, sostiene Claudia, una de ellas. El debate que se viene en la Corte promete ser duro. “La Procuraduría saboteó nuestro matrimonio” Carlos y Gonzalo fueron la primera pareja gay que se casó en Colombia, pero su boda estuvo lejos de lo que soñaban. Al matrimonio de Carlos Rivera y Gonzalo Ruiz llegó un funcionario de la Procuraduría. Aunque no estaba invitado, echó un discurso más largo que el del juez y al mejor estilo de las películas se opuso a su boda. Su intervención iba a ser breve, pero duro casi cuatro horas. La pareja de novios lo escuchaba con angustia, mientras oían a lo lejos la algarabía en las calles de quienes se oponían o aplaudían su unión. “Nos sentimos agredidos por una Procuraduría que debería estar es defendiendo a la gente. Fue violento”, recuerda hoy Gonzalo. “Esta cita es como quitar la última piedra en este muro de Berlín, es un proceso en el que estamos desde hace unos cuatro o cinco años”, dijo Carlos antes de entrar al juzgado. Sin embargo, después de semejante lucha, el juez los declaró casados, pero no en ‘matrimonio’. Les explicó que era un contrato innominado que tenía los efectos del matrimonio, pero no era propiamente tal. Por eso, ellos están a la espera de lo que decida la Corte pues piensan volver a los juzgados para acceder a sus derechos plenos pues hasta ahora ni siquiera han podido registrar su unión. “Esto es una lucha del fanatismo religioso contra los derechos civiles. Lo que nos ha dado fortaleza es saber que somos el primer matrimonio y que estamos rompiendo el esquema”, concluye Carlos. “A nosotras solo nos separa el divorcio o la muerte” Claudia y Elizabeth han dado una lucha titánica en los tribunales por mantener vigente su matrimonio. Claudia Zea y Elizabeth Castillo prometieron amarse toda la vida, después de seis años de noviazgo, en medio del agua helada de la Laguna de Tota. Aunque ya habían celebrado una ceremonia simbólica en el Jardín Botánico, cuando se cumplió el plazo de la Corte fueron las primeras en ir a llevar los papeles para casarse por lo civil. Llegaron a los juzgados vestidas con una camiseta violeta que decía “sí al matrimonio igualitario” y Elizabeth pronunció un discurso con un megáfono: “Para los homosexuales casarse se convirtió en un acto de valentía”, dijo emocionada. Sin embargo, pasaron las semanas y nadie quería formalizar su unión en Bogotá, por lo que tuvieron que ir a un pueblo. La juez les advirtió que la ceremonia tenía que ser en sigilo por razones de “orden público” pues podían aparecer cientos de manifestantes. “No podíamos decirle a nadie, ni a nuestras familias. Fue muy agobiante ese secreto”, cuenta Claudia. A la semana siguiente se enteraron que había una tutela en su contra. “Nosotros creíamos que la tutela era para dar derechos y no para quitarlos. ¿Qué hará la Corte, piensa anular los matrimonios vigentes?”, se pregunta Elizabeth. “¿Quién se perjudica con nuestro matrimonio?” Adriana y Marcela tuvieron que casarse a escondidas, como si estuvieran cometiendo un delito. Adriana y Sandra Marcela duraron siete años casándose. Su romance comenzó en 2005 y al poco tiempo se comprometieron en la punta de la torre Eiffel. Recorrieron decenas de notarías, llenaron igual número de formularios donde les preguntaban quién era el esposo y lograron que les reconocieran una unión marital de hecho en 2007. Luego de la sentencia de la Corte, encontraron una “juez muy valiente” que aceptó casarlas. “Nos dijo un lunes que sí y el matrimonio fue ese mismo viernes”. Ese día, Adriana y Marcela se despertaron sin saber qué pasaría. El matrimonio era a las tres, pero la jueza les pidió llegar antes por si llegaban manifestantes a bloquear la entrada. Fueron a la peluquería y lloraron de la angustia mientras las maquillaban. Cuando llegaron al juzgado les tocó cambiarse en medio de expedientes en un despacho pues no podían entrar de blanco para no despertar sospechas. “Nos sentíamos como si estuviéramos cometiendo un delito”. Antes de dar el sí, tuvieron que firmar la notificación de una tutela interpuesta por la Procuraduría que buscaba anular su unión. El primer juez les anuló su unión y ha sido tal la persecución que la última vez que recibieron un telegrama judicial fue en diciembre pasado. Ad portas de que la Corte defina estos casos se preguntan “¿Quién se perjudica con nuestro matrimonio?”.