La semana pasada todos los ojos estaban puestos en el Consejo de Estado. En las manos de sus magistrados estaba la posibilidad de revivir uno de los proyectos de ley más polémicos de los últimos años: la reforma a la Justicia. La alta corte estaba revisando la legalidad del decreto con el que el presidente Santos objetó el texto aprobado por el Congreso y convocó a sesiones extras para archivarlo. Al final, 15 de los 24 consejeros optaron por una vía salomónica: tumbaron el decreto presidencial, pero mantuvieron el hundimiento del articulado. Que la reforma a la Justicia resucitara habría sido un fuerte golpe a la Casa de Nariño. El trámite final de ese acto legislativo a mediados de 2012 generó uno de los escándalos más sonados del primer gobierno de Santos. Congresistas y magistrados intercambiaron descaradamente prebendas dentro del proyecto ante la pasividad del Ejecutivo. El rechazo desde los medios de comunicación y la opinión pública a ese ‘orangután’ fue de tal magnitud que marcó la caída simultánea en los índices de favorabilidad en las encuestas de los tres poderes públicos: Casa de Nariño, Congreso y rama Judicial. Precisamente el articulado que recogía esa manguala estaba en riesgo de regresar de entre los muertos. El Consejo de Estado optó por una fórmula creativa. Primero, ratificó que Santos se había extralimitado ya que un presidente no puede objetar una reforma constitucional aprobada por el Legislativo ni convocar sesiones extras para tramitar esas objeciones. En segundo lugar, los magistrados no revisaron la constitucionalidad del articulado. “No se estudió el contenido del proyecto de acto legislativo”, informa el comunicado del tribunal. Un tercer aspecto tiene que ver con los efectos del fallo. La corte de lo contencioso aclaró que el archivo de la reforma a la Justicia “no pierde su vigencia”, es decir, el proyecto sigue muerto. Para la magistrada María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, la decisión no tiene efectos retroactivos y sienta la jurisprudencia hacia futuro. Si bien para el alto tribunal el tema está zanjado y la reforma a la Justicia no resucitó, la controversia jurídica arrancó inmediatamente se supo del sentido del fallo. Para Gloria Borrero, de la Corporación Excelencia en la Justicia, la sentencia (o lo que se conoce de ella por el comunicado del Consejo de Estado) “no genera seguridad jurídica. Mataron el tigre y se asustaron con el cuero”. Esa inseguridad lleva a varios críticos tanto dentro del mundo jurídico como en los pasillos del Congreso a afirmar que el proyecto sigue vivo. Queda entonces la duda sobre si, al caerse la objeción presidencial y la convocatoria a sesiones extras, el primer mandatario o el presidente del Congreso deben promulgar la reforma a la Justicia aprobada por el Legislativo. Al promulgarla, la Corte Constitucional tendría que revisar su exequibilidad y darle entierro definitivo a los artículos que violen la Carta. Aunque el propio presidente Santos calificó el tema como “asunto del pasado”, una demanda, tutela u otro camino jurídico podría forzar su entrada en vigencia. Por esa razón para algunos el controvertido proyecto no está sepultado y podría, en cualquier momento, revivir. Ni muerta ni viva, la reforma a la Justicia es hoy un zombi jurídico, un muerto viviente que sin estar vigente podría resucitar por la vía de demandas. Si bien es cierto que la iniciativa está hoy más enterrada que pataleando, la mejor manera para finiquitarla sería aprobar el proyecto de equilibrio de poderes que el gobierno tramita en el Congreso. Cuando se usan leguleyadas para resolver leguleyadas, la seguridad jurídica es la víctima más frecuente.