Hace unas semanas el Consejo de Estado, en un día histórico, declaró nula la elección de los magistrados Alberto Rojas, de la Corte Constitucional, y Francisco Ricaurte, del Consejo Superior de la Judicatura, por vicios en su elección. Ahora, la sección quinta de esa misma corporación tiene una ‘papa’ caliente: el futuro del procurador Alejandro Ordóñez. En dicha sección se estudian tres demandas contra la elección del jefe del Ministerio Público, interpuestas por los juristas José Leonardo Bueno, Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny. Este último habló con Semana.com y aseguró que la elección de Ordóñez debe ser declarada nula por la gran cantidad de vicios que se presentaron. Manifestó que sería nefasto que el caso del procurador se lleve a la Sala Plena para su estudio. Lo dice por una propuesta de última hora presentada por el magistrado Marco Velilla, quien cree que la decisión debe ser tomada no por la sección quinta, sino por la sala plena de la corporación.  El magistrado es reconocido por su cercanía al procurador. Funcionarios del tribunal aseguran que esta es una verdadera jugada política de Velilla porque sabe que al llevar el proceso a esa instancia, la permanencia de Ordóñez estaría garantizada.  Por eso, Uprimny piensa que no es conveniente que todos los magistrados revisen el caso. “Quitárselo a la sección quinta le resta independencia y me parece curioso que cuando existe una filtración del sentido de la ponencia, de repente quiera ser llevado el caso a sala plena”, indicó. El abogado manifestó que esta demanda no tiene tintes personales, como se ha dicho, que solamente busca “la transparencia en el método de elección de los funcionarios y la imposibilidad de que sean reelegidos cabezas de los organismos de control porque atenta contra la constitución que no lo prevé”. Para el demandante es claro que en la reelección del procurador se violó de manera directa el artículo 126 de la Constitución. Según la demanda, Ordóñez habría nombrado personas que tenían parentesco con quienes intervinieron en su designación. “Es claro que en el momento de que la Corte Suprema ternó a Ordóñez para ser reelegido varios magistrados tenían familiares trabajando en importantes cargos en la Procuraduría, lo cual configura una flagrante violación a la norma”, precisó Uprimny. Este abogado es el mismo que ganó la demanda contra el magistrado Ricaurte, como se indicó anteriormente. En su momento, Uprimny aseguró que la elección del togado para el Consejo Superior de la Judicatura estuvo viciada por un presunto pago de favores de los magistrados con sus anteriores compañeros. Además, el abogado, que dirige la organización DeJusticia, también salió victorioso en otro proceso en el 2011. En esa época, demandó la elección de varios magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro de los que se cuenta el actual candidato para la Contraloría Gilberto Rondón. En ese momento, el abogado interpuso su demanda en el Consejo de Estado argumentado que la elección para el CNE había sido secreta cuando la ley obliga que sea pública.  El alto tribunal le dio la razón a Uprimny y en diciembre de 2011, el Congreso tuvo que elegir a los magistrados mediante voto público.  El abogado tiene alto prestigio en las altas cortes por su carrera jurídica. No en vano fue citado por la Corte Constitucional para la audiencia pública sobre Marco Jurídico para la Paz en julio del 2013. Actualmente, además de estar en DeJusticia, trabaja en el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.