La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) presentó un informe con un listado de 98 candidatos a alcaldías y gobernación entre los que están personas cuestionadas por corrupción, vínculos con grupos ilegales y por tener en sus espaldas la herencia de familiares involucrados con la parapolítica. Aunque la fundación reconoce que no es una lista exhaustiva, monitorearon a 236 candidatos a gobernaciones y alcaldías en 27 departamentos. “La presencia de 98 cuestionados en una primera mirada da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive en nuestro país. Muchos de los cuestionados han estado en manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora se presentan, muy campantes, a los cargos públicos de sus regiones”, se lee en las conclusiones. Los autores del informe aseguran que muchos de los candidatos cuestionados han recurrido a las firmas y a las coaliciones para inscribirse y participar de la contienda electoral. Así logran iniciar la campaña con anticipación y al mismo tiempo pueden contar con los clanes y los partidos que están tras bambalinas. Puede leer: "Dineros en mis campañas terminaron en manos de personas vinculadas a las AUC": David Char En el informe cuestionan la aparición de la Alianza Democrática Afrocolombiana, ADA, que con sólo tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos. Y entre otros elementos, recogen a los herederos políticos de Dilian Francisca Toro y los Ñoños, los Chat y los Gnecco, que tienen “prácticamente aseguradas” sus candidaturas. De los 98 señalados, 53 son por corrupción Israel Londoño aspira a llegar a la gobernación de Risaralda por la Coalición Risaralda Incluyente – Cambio Radical
Pese a que fue inhabilitado por 10 años por irregularidades en la contratación, logró evadir esta inhabilidad pagando una multa de 54 millones de pesos. Ha sido investigado por presuntas irregularidades al comprometer vigencias futuras para Metrobus, así como en multimillonarias e injustificadas ayudas al Deportivo Pereira. Fredy Anaya, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por el Partido Conservador
Según Pares, Anaya es señalado de presuntamente “participar de una red de contratistas, de la que harían parte sus empresas y las de sus familiares, que financian su campaña y la de los miembros del Clan y después son contratados por los electos; estos contratos ascenderían a los 33.500 millones de pesos”. Al respecto, la Fundación Pares tiene varios registros mercantiles de "empresas con cercanías a Fredy Anaya que han contratado con distintas entidades estatales en Santander". Entre ellas se encuentra Polo Construcciones (antes llamada López Morales & Cia), cuyo representante legal es Pedro José Oróstegui Ayala, esposo de Myriam Anaya hermana del candidato. Así como Sayan SAS ESP, Sistemas de Alcantarillado, Aseo y Agua Natural, cuyo representante legal es William Anaya, hermano del candidato. Esta empresa suscribió un contrato en el 2018 por 75.680 millones de pesos con la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander (creada por Fredy Anaya cuando era director de la CDMB por orden del Consejo de Estado), que tiene como objeto la "operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío”. Pares también se basa en contratos con ELS Ingeniería (antes llamada Procononam), cuyo representante legal es Edilso López Suárez, cuñado de William Anaya, hermano del candidato. Esta empresa contrató en 2018 por 2.280 millones de pesos con la Empas para construir y hacer mantenimiento de estructuras complementarias al sistema de alcantarillado pluvial de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. En mayo de 2018 la Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación penal contra Anaya por las denuncias de Humberto Prada González, exgerente de Empas, que "daba cuenta de cómo entre los años 2006 a 2014 la contratación de empresa había sido copada casi en su totalidad por empresas de la familia directa de Fredy Antonio Anaya Martínez". "Mi mandante no tiene condena alguna emitida por sentencia judicial, que le endilgue la participación en redes de contratistas ni de ningún tipo de organización, menos aún mi mandante desconoce de la participación de su familia o alguna empresa de ellos, en financiaciones electorales o aportes a dicho "clan", del cual se reitera se desconoce su existencia", asegura el abogado del candidato Ronald Picón. El informe también señala que "llegó a ser mencionado por´Ernesto Báez´como alguien cercano a los paramilitares", lo cual Anaya siempre ha negado, y según el abogado del candidato su cliente "jamás ha tenido, tiene o tendrá vínculos con organizaciones al margen de la ley”. A raíz de un derecho de petición enviado por el candidato Fredy Anaya, esta revista ha intentado comunicarse sin éxito con el candidato desde el 20 de agosto de este año, por medio de su asesores, jefe de prensa y mensajes al candidato. Alberto Arrieta Herrera, candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Caucasia Es cuñado del gerente del hospital de Caucasia, Orlando José Rodríguez Álvarez, quien tiene investigaciones por participar en el carrusel de la salud. Pares ha recibido denuncias del uso político del hospital en distintas elecciones, incluida la de Arrieta. Esto presuntamente consiste en que las personas que deseen mantener sus puestos en ese hospital son coaccionadas a llevar la copia de 10 cédulas de personas diferentes que votarían por Arrieta. Alberto Girón, de la coalición Mais-Aico y candidato a la alcaldía de Ibagué
En el pasado Girón fue gerente de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado- IBAL. En julio de este año la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la construcción del acueducto alterno de Ibagué. La Procuraduría también tiene una investigación preliminar en su contra por un presunto aumento injustificado del valor del proyecto que inicialmente fue estimado en 10.049 millones de pesos, pero a corte del 13 de enero de 2019 ascendió a 15.288. En conversación con SEMANA, Girón aseguró que el hecho de que tenga investigaciones no significa que sea un corrupto. Explicó que todavía no ha sido declarado culpable ni ha sido sancionado. Agregó que los dos señalamientos que tiene en su contra no tienen fundamento y se trata más bien de una jugada política. “Hoy en la política no te matan, sino que te hacen inhabilitar para ejercer cargos públicos”, dijo. La primera investigación tiene que ver con que la ampliación del acueducto de Ibagué. A Girón lo han señalado por supuestamente haberle dado continuidad al proyecto sin tener las licencias ambientales. Frente a esto Girón defiende que la prueba de que el proyecto sí tenía licencia es la resolución 0270 de 1997 de Cortolima, que sigue vigente. También asegura que como la resolución es vieja se han hecho actualizaciones y solicitado permisos ambientales nuevos. En un video realizado en julio de 2018 el director Jorge Enrique Cardoso, director general de Cortolima también afirma que “el proyecto de acueducto complementario de Ibagué si tiene licencia ambiental, tiene plan de manejo y tiene varios permisos otorgados”. Agregó que todo quedó compilado en una sola Resolución que da cuenta de la legalidad del Proyecto. En cuanto a la investigación preliminar por el aumento de costo del proyecto, Girón explicó que se tuvieron que hacer obras adicionales por el deslizamiento de un talud en zonas inestables. “Eso no se podía predecir. Ese deslizamiento en la ola invernal no solo afectó la obra sino que dejó por dos meses a varias comunidades incomunicadas porque las vías estaban tapadas. ¿Qué hice con la plata? el dinero está invertido precisamente en una obra de ingeniería”. *Este artículo fue modificado pues en la primera versión se incluyó únicamente la información de PARES. Por derecho de Petición SEMANA agregó la versión del señalado. Alexander García Rodríguez, aspirante a la gobernación de Guaviare de la U
El excongresista habría sido financiado por el esmeraldero Yesid Nieto (narcotraficante del sur del país) y habría recibido el apoyo de Ramón Rojas, un contratista del Guaviare, cuñado de un extraditado. Por otro lado, García fue relacionado con Luis Javier Rojas, capturado en 2016 transportando 614 millones de pesos en un carro adscrito a su UTL. Andrés Fabián Hurtado, candidato conservador a la Alcaldía de Ibagué
La Procuraduría regional del Tolima está investigando al candidato por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por uso y ocultamiento de pruebas. Hurtado habría permitido carreras automovilísticas ilegales en el Aeropuerto Perales cuando era director. En mayo del 2019 fue aplazada la audiencia preparatoria de juicio oral por estos cargos. Arsenio Vargas, de Cambio Radical, aspira a la Alcaldía de Acacías
El candidato es investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, falsedad material en documento público y uso del documento falso y voto fraudulento para las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2011. El demandante, Miguel Asprilla Borbón, asegura que fue contratado para cometer el supuesto fraude electoral a favor de Vargas en las elecciones 2012-2015. Gabriel Calle, del partido Liberal, aspirante a la Alcaldía de Montelibano (Córdoba)
La Fiscalía General de la Nación lo investiga pues desde el año 2012 se habrían contratado en el municipio más de 40.000 millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública e interventoría. Jaison Mosquera, aspirante a la alcaldía de Istmina (Chocó) de Cambio Radical
Tiene un proceso en la Contraloría por irregularidades en los contratos firmados con la Fundación para el Fomento de la Educación en el Chocó (Funfecho), cuando era alcalde. Estos actos habrían causado un detrimento público de 100 millones de pesos. José Facundo Castillo, aspirante de Cambio Radical a la gobernación de Arauca
Tiene 18 investigaciones abiertas en la Fiscalía por delitos como prevaricato, peculado por apropiación; delitos contra la administración pública; fraude a resolución judicial; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y amenazas. Dentro de estas investigaciones están los casos por irregularidades en la compra de un avión ambulancia; sobrecostos en la doble calzada del municipio de Arauca, irregularidades en los contratos de alimentación escolar y en contratos en la vía que de Arauca conduce a Cravo-Norte. Juan Diego Muñoz aspirante a la gobernación del Meta y Julian Rojas, quien pretende llegar a la Alcaldía de Buga, tienen investigaciones por irregularidades en la implementación del Plan de Alimentación Escolar en sus respectivas regiones. Kaleb Villalobos, quien se lanzó por firmas para lograr la gobernación de Cesar
Es investigado por la Contraloría pues en su cargo como director de Corpocesar habría habido un detrimento por más de 2.000 millones de pesos por irregularidades en contratación. Luis Arturo Palmezano, de la U, aspira a la alcaldía de Hatonuevo (Guajira)
Según Pares, el candidato cuenta un proceso por constreñimiento electoral. Palmezano fue capturado en el año 2015 en el municipio de Cimitarra, Santander, como consecuencia de las denuncias y demandas penales en su contra pero ese mismo año fue dejado en libertad aunque continúa el proceso en su contra. Él y su familia han sido denunciados por amenazas en contra de un líder social del municipio que denunciaba actos de corrupción que le costaron al hermano de Palmezano 3 meses de inhabilidad por irregularidades en contratos realizados en pro de agricultores y ganaderos. El candidato le dijo a SEMANA: "No he sido denunciado por ninguna amenaza contra líder social, por el contrario tengo un video y una demanda en fiscalía donde el opositor me hace un atentado a mi, y quedo eso en la impunidad, soy un hombre de paz". Mauricio Tobón aspira a la gobernación de Antioquia por firmas
Tobón fue gerente del Idea (instituto para el desarrollo de Antioquia) desde finales del 2015, manejó un presupuesto de 200.000 millones de pesos que habrían sido usados como fortín político y burocrático de varios aliados del gobernador. Adicionalmente, Tobón creó la empresa Valor +, la cual es presuntamente parte fundamental para el desvío de recursos en distintos contratos. Es muy cercano al gobernador Luis Pérez. Néstor Orlando Guitarrero aspira a la alcaldía de Cota por el partido Conservador
Es investigado por los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción del sufragante durante la campaña de su reelección en 2015. De acuerdo con la Fiscalía, habría liderado un esquema de fraude electoral entre marzo y abril de ese año. Además el exalcalde fue denunciado ante la Fiscalía por supuestas irregularidades en un acuerdo de endeudamiento por 18.000 millones para el municipio de Cota. El exalcalde también habría podido construir un nuevo carrusel de contratos por pago de coimas a cambio de beneficiar los proyectos impulsados por él. Entre los delitos asociados a la contratación por las cuales ha sido denunciado se encuentran los de cohecho propio, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación. Patrocinio Sánchez, del partido ADA, es aspirante a la gobernación de Chocó
Fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó; relacionado con la ejecución del contrato de la alcaldía de Quibdó para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En el contrato se efectuaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio. A su vez, cuando fue alcalde de Quibdó (2001-2003), empleó una empresa de su propiedad, para ser el mayor prestamista de los empleados y contratistas del municipio. Fredys Miguel Socarras, Alianza Verde y Colombia Renaciente, aspira a la alcaldía de Valledupar
En el 2018 fue capturado como presunto responsable de peculado por apropiación a favor de terceros. La Fiscalía 12 seccional de Valledupar investigó un posible detrimento patrimonial por más de 24.000 millones de pesos que fue revelado por la Contraloría, en relación con presuntas irregularidades en la enajenación de los dos lotes propiedad del municipio. El 18 de enero el Juzgado Tercero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías dejó libre al exalcalde, quien seguirá investigado por las presuntas irregularidades; pero con las restricciones de no salir del país, no realizar contratos con el Estado y pagar una caución de tres salarios mínimos. Fernando David Murgueitio es candidato a la alcaldía de Yumbo por Cambio Radical
En diciembre de 2018 la Fiscalía formuló cargos contra Murgueitio por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales en razón de dos contratos realizados en el 2013 para mantenimiento de maquinaria pesada del municipio; el pago de este monto se habría dado a través de una empresa fachada para posteriormente llegar a manos de Hernán Darío Barragán Ortiz, condenado por concierto para delinquir y homicidio. Este último supuestamente habría entregado el 15 por ciento del valor de los contratos al exalcalde. La sombra de los parapolíticos Alfonso Eljach Manrique, avalado por Mais, aspira a la Alcaldía de Barrancabermeja.
Esta es la segunda vez que abogado Alfonso Eljach aspira a ser alcalde de esta ciudad, en 2007 se lanzó con el aval de ASI y obtuvo 21.000 votos. En ese entonces también recibió el apoyo de Elkin Bueno, exalcalde de Barrancabermeja, investigado por parapolítica. Eljach salió por la puerta de atrás de la Gobernación de Santander en 2013, en ese momento, en medio del escándalo por la investigación por presuntos nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio, el entonces gobernador Richard Aguilar le pidió su renuncia a su cargo como secretario del Interior. Actualmente tiene una investigación por esos mismos hechos en la Fiscalía General. Puede leer: “Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos” Ariel Palacios Calderón, avalado por el Partido Liberal, el Conservador, la Alianza Verde y Mira. Aspira a la Gobernación de Chocó.
Palacios suena fuerte en el Chocó, fue alcalde de Bojayá y gerente de la EPS Barrios Unidos en Quibdó. Según Pares, las investigaciones del Tribunal Superior del Distrito, en la sala de conocimiento de Justicia y Paz de Medellín señalaron que, según el “exparamilitar William Mosquera Mosquera, las administraciones departamentales y municipales les adjudicaban contratos a las grandes droguerías de las que los paramilitares derivaran beneficios; entre ellas EPS Barrios Unidos de Quibdó, quien tenía como gerente regional a Ariel Palacios. Por esas declaraciones se enviaron copias a la justicia ordinaria para que los gerentes, entre ellos, Ariel Palacios, fueran investigados. No obstante, no se ha iniciado ningún proceso penal”. Además, Palacios ha recibido el apoyo de Nilton Córdoba, líder del clan Cordobismo, y exrepresentante involucrado en el "Cartel de la Toga", se le señala de pagar “200 millones con el fin de frenar el proceso que adelantaba el alto tribunal por lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó y evitar su orden de captura", explica Pares. César Álzate Montes, avalado por Aico, y apoyado por el Centro Democrático. Aspira a Alcaldía de La Dorada (Caldas).
Por segunda vez, Álzate busca gobernar La Dorada. En 2007 fue investigado por concierto para delinquir en la modalidad de paramilitarismo, y en 2015 el Tribunal Superior de Manizales dejó en firme su absolución. Alzate siempre ha dicho que es inocente y que contra él hay una persecusión política. Sin embargo, Pares señala que Álzate es familiar de "Jairo Correa Álzate, narcotraficante del Cartel de Medellín y antiguo propietario de la Hacienda el Japón, ubicada en el municipio de la Dorada en el Magdalena medio caldense", y que a Alzate Montes todavía no se le ha investigado por las acusaciones que hizo el líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) y del proceso de reclamación de la hacienda, “Jhon Jairo Gómez Builes, quien afirmó que, aún después de aplicada la extinción de dominio a la Hacienda en 1998, esta era administrada por César Álzate durante la época en la cual operaba allí una base paramilitar del Frente Omar Isaza, comandado por alias ‘El Gurre’, subalterno de Ramón Isaza. La operación de una base paramilitaren esta hacienda fue confirmada por el mismo Isaza durante sus versiones libres, quien además aseguró sostener una amistad con César Álzate desde hace más de 17 años. Cabe mencionar que después de los señalamientos realizados por Jhon Jairo Gómez en el 2004, este fue asesinado, crimen que tampoco ha sido esclarecido". Elkin Bueno Altahona, avalado por Cambio Radical, aspira a la Gobernación de Santander.
Ha sido alcalde de Barrancabermeja en tres periodos y ha salido victorioso de varias investigaciones. “Según el comandante del entonces Bloque Central de las AUC, “Ernesto Báez”, Elkin Bueno se habría reunido con él para manifestarle su afinidad con el proyecto del grupo paramilitar. El mismo personaje en una entrevista habría sugerido que las AUC apoyaron su fallida alcaldía en 2003. Sus nexos con el paramilitarismo continúan con su cercanía al ex paramilitar y entonces integrante de “Los Rastrojos”, alias “Yeison”, quien al parecer era pariente de su esposa, y el actual congresista Ciro Fernández”, señala la investigación de Pares. Sin embargo, la campaña de Bueno Altahona le dijo a El Tiempo que la fiscal Delegada ante el Tribunal de Bogotá, en un fallo de segunda instancia, revocó la captura que pesaba en su contra por esta supuesta financiación. Ernesto Orozco Durán, se inscribió con firmas con el movimiento "Por ti Valledupar" y con el apoyo del Partido Conservador, el Partido Liberal y ASI. Aspira a la Alcaldía de Valledupar.
Sobre Orozco pesan serias acusaciones sobre presuntos nexos con grupos paramilitares. Al contratar con entidades y fundaciones, como la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Comfacesar, del cual era director, que sirvieron como fachada para financiar el grupo al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’”, señala Pares. Al respecto, Orozco ha dicho que se trata de acusaciones “falsas” en su contra.
José Nadin Arabia, se inscribió por firmas para la Alcaldía de Caucasia, Antioquia.
Nadin Arabia quiere llegar a la Alcaldía por tercera vez y también lo persigue la sombra de su presunto relacionamiento con paramilitares. En 2015 la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló su cercanía con el narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, quien lo habría financiado para su última campaña en el 2011. “También, parece ser nombrado en el fallo condenatorio de Ramiro Vanoy Murillo – alias el ‘Cuco’ Vanoy-, donde se le nombra como Jorge, pero se da su apellido y se habla de él como el exalcalde del municipio de Caucasia: “en el mes de enero del año 2006, cuando la mayoría de los grupos paramilitares se habían desmovilizado, en el Bajo Cauca se realizó una reunión pública por parte de los ganaderos y gente “prestante” de la región, entre los que se encontraban Hugo de Jesús Barrera y el exalcalde de Caucasia, señor Jorge Arabia, firmándose una carta a favor de los excomandantes paramilitares Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, y el ‘Cuco’ Vanoy”, señala Pares en su investigación. Además, Nadin Arabia tiene procesos en la Fiscalía por peculado, prevaricato y concierto para delinquir. Pares señala que dentro de estos procesos se encuentra uno por su posible vinculación con el asesinato de un periodista y activista político en Caucasia en el 2015. Mario Fernández Alcocer, avalado por el Partido Liberal, aspira a la Alcaldía de Sincelejo.
Actualmente, su esposa, Ana María Castañeda, es congresista por el partido Cambio Radical y llegó apoyada por el clan Char de Atlántico. Con este apoyo, busca quedarse con la capital sucreña, pero ahora con el aval del partido Liberal. Desde el 2016 cuenta con una investigación ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares. Como lo contamos en el 2015, en el 2011 un grupo de ciudadanos denunció a Fernandez Alcocer porque, según los denunciantes, "Mario Fernández era visitante asiduo del campamento paramilitar en Santa Fé de Ralito, dado su cercanía con Carlos Mario García Avila, alias "Gonzalo", jefe político del Bloque Norte y aliado de Edgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio" en la conformación del fracasado Frente Social y Político por la Paz de Bolívar y Sucre en el 2006. En la misma denuncia el grupo de ciudadanos señala al senador como el responsable de la entrada al municipio de Sincelejo de la BACRIM "Banda de los 40" la retaguardía de "Jorge 40" que controlaba el cobro de las rutas de embarque de la cocaína en el golfo del Morrosquillo. En Marzo del 2015, según denuncias en prensa, el científico Miguel Antonio Leyva denunció ante la Fiscalía amenazas en su contra por parte de los "urabeños" quienes al parecer tenían una relación cercana con Secretario de la alcaldía Fabio Araque, quien presuntamente era el intermediario entre el Senador Mario Fernández y Gustavo Adolfo Gil, miembro de un cartel internacional de drogas en Bélgica. Así mismo se le acusó por su posible participación en el asesinato de un expendedor de éxtasis en Sincelejo y de un policía que investigaba los hechos. En esa ocasión el proceso por parapolítica fue archivado y no se conoce el destino de los demás procesos. Miguel Ángel Gómez, avalado por el Partido Liberal, aspira a la Alcaldía de Tarazá, Antioquia. El jefe paramilitar Ramiro ‘Cuco‘ Vanoy, extraditado, lo señaló de ser uno de sus "más cercanos colaboradores", y aseguró que entre 2001 y 2003 le pidió ayuda para "acabar" con el sindicato de trabajadores oficiales de Tarazá (Sintraofan), cuando era alcalde de Tarazá. "Estuvo dos años (2009 y 2010) privado de su libertad mientras se desarrolló un proceso penal por peculado por apropiación y por paramilitarismo. Fue nombrado en la sentencia del 2 de febrero de 2015 del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz contra Ramiro ´Cuco´ Vanoy", señala Pares.