Las elecciones presidenciales y al Congreso están bajo fuego. Aunque en Bogotá y las principales ciudades del país el orden público es más tranquilo, en la Colombia apartada el panorama pasó de castaño oscuro y condicionó la forma de hacer política de algunos candidatos.

Hace cuatro años, las disidencias de las Farc alcanzaban los 1.200 hombres armados aproximadamente, pero ahora la cifra se quintuplicó y pasan de los 5.000, según la información de los organismos de seguridad. El fortalecimiento de los rebeldes en la geografía colombiana y el ansia por disputarse los corredores de droga con el ELN y el Clan del Golfo se convirtieron en un coctel peligroso que tiene en jaque a la población y, desde luego, en alerta a algunos líderes políticos.

En Arauca el enfrentamiento entre las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco con el ELN puso a la región como una de las más sangrientas del país al comienzo de 2022. En lo corrido del año, se han registrado 67 asesinatos, según el fiscal general Francisco Barbosa.

El ELN, que ejerce control territorial y político en esa zona desde hace muchos años, lucha ahora por mantener su influencia ante la arremetida de sus enemigos ilegales y de las fuerzas del Gobierno.

Los elenos buscan el predominio absoluto en dicha región, que además les sirve para proteger sus actividades terroristas y de narcotráfico con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.En Saravena, Fortul y Arauquita, las poblaciones más convulsionadas por el conflicto, es casi imposible hacer proselitismo.

A las dos de la tarde los municipios se convierten en pueblos fantasmas, pues ante la escalada de violencia los habitantes corren a sus casas por temor y las calles quedan desoladas pese a la presencia de la fuerza pública.

El clima de violencia privilegia la voluntad del ELN sobre sus aliados, dado que solo ellos tienen libertad para moverse en política. Las sedes de campaña no funcionan como en Bogotá o el resto del país. Son casas desocupadas, en algunos casos con pocos pasacalles o afiches, pero sin presencia de los aspirantes al Congreso.

La gente teme, a menos de 40 días de las elecciones parlamentarias, acudir a encuentros masivos o portar camisetas de alguna figura política que esté fuera del control de la organización armada.

El miedo es tan evidente que el Gobierno nacional efectuó hace menos de una semana una jornada interinstitucional en el parque central de Saravena, pero fue en vano. No asistió la población.El exconcejal y dirigente político Luis Naranjo escogió la tarde y la noche del 1 de febrero para regar publicidad del candidato Óscar Iván Zuluaga, pero entre Tame y Fortul hombres armados dispararon ráfagas contra la camioneta en que se movilizaba.

“Por fortuna, el auto siguió andando y pudimos escapar. Aunque 10 kilómetros más adelante se nos apagó”, describió Naranjo. En el mismo lugar, al día siguiente los subversivos activaron una carga explosiva y acabaron con la vida de un soldado, y otros dos uniformados quedaron heridos. Las autoridades señalan como responsable al ELN.

¿Cómo harán política en Arauca? La respuesta es incierta para los candidatos, pues ni siquiera logran atrapar la atención de un electorado que solo quiere vivir tranquilo y estar alejado del foco de los grupos armados.

En Arauquita es impensable que un político pise sin respaldo del Ejército los centros poblados de La Reinera, La Pesquera, La Esmeralda, La Yuca, San Lorenzo, Campamento, Aguachica y Puerto Jordán. Los elenos se disputan estas zonas con los farianos. Por los lados de Fortul no se puede visitar el casco urbano, además de Caranal, entre otras veredas.

Yesid Lozano, exalcalde de Saravena y candidato a la Cámara por el Centro Democrático, se acostumbró a usar dos chalecos antibalas. Él, por ejemplo, coordina con el Ejército y aprovecha cuando la fuerza pública se encuentra en un sector para hacer campaña a las carreras.

Dice que, a diferencia de sus compañeros aspirantes al Congreso, ha logrado salir a algunas regiones urbanas porque tiene esquema de seguridad compuesto por dos camionetas blindadas y seis escoltas. Por tierra –reconoce– la movilidad es compleja por la violencia y, aunque ha contemplado moverse en avión, no hay bolsillo que aguante.

Ante ese escenario, a los candidatos les resulta mejor contratar publicidad con canales virtuales, redes sociales y emisoras, aunque en los municipios lejanos internet es limitado.En Chocó, el panorama es similar. En Quibdó se puede hacer campaña política con tranquilidad, pero en algunos sectores se debe pedir permiso a los grupos armados, como ocurre en la zona norte, donde están ubicados los barrios Reposo Uno, Reposo Dos, Obrero y Mis Esfuerzos, entre otros.

En el casco urbano de la capital se percibe un sentimiento de miedo tras la aparición de un nuevo grupo irregular: los Mexicanos, delincuentes y sicarios que estarían aliados con el ELN. Ellos, según varios testimonios obtenidos por SEMANA, ejercen el control territorial y establecen sus propias exigencias para permitir el uso de la publicidad política.

Hace cuatro semanas, la vivienda del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca fue atacada a bala pese a que ya no es político, aunque es hermano de Astrid Sánchez, hoy candidata al Senado por el Partido de la U. No se confirmó la responsabilidad de este grupo delincuencial, pero sí generó temor entre los líderes políticos.

Por fuera de Quibdó, el escenario es peor para los candidatos: en San Juan hay presencia del bloque Occidental del ELN y el Clan del Golfo, y sobre el río Atrato se encuentran gaitanistas, además de bandas dedicadas al narcotráfico.

Ante ese escenario, lo mejor es enviar en las lanchas los afiches publicitarios y que los amigos de los candidatos los peguen en las viviendas.

En Cauca, el mapa es igual. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia le contó a SEMANA que hacer política en su departamento es un riesgo. “No puedes ir a municipios considerados zona roja, hay que mantenerse en los municipios que están sobre la carretera Panamericana. Ser uribista en un departamento como Cauca es terriblemente riesgoso. Hay amenazas permanentes del ELN, Farc y grupos narcotraficantes en contra de quien sea uribista”, contó.

Arribo de los 600 militares del Ejército Nacional que reforzarán la seguridad de Arauca, tras el homicidio selectivo de 27 personas en el departamento. Arauca. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La publicidad política del Centro Democrático está vetada. “En muchos sitios nos dicen: envíenos una tarjeta pequeña que podamos entregar mano a mano, porque no nos pueden ver con publicidad. La llevan escondida a los municipios”, añadió.

En Caquetá es evidente que la campaña de 2022 es muy difícil en orden público frente a lo que fue 2018, “la más pacífica en los últimos 20 años en mi departamento”, resumió el congresista Harry González.

Hace cuatro años visitó 30 centros poblados rurales donde no iban candidatos a la Cámara, entre ellos, Campo Hermoso, Villalobos, San Juan de Losada, ubicados en zona rural de San Vicente del Caguán. Hoy es impensable hacerlo. El alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina, gobierna desde la distancia y solo llega al municipio en helicópteros del Ejército. Hay una lista larga de mandatarios amenazados.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que 19 candidatos han solicitado medidas de protección y ya tienen algún tipo de respaldo, dependiendo del nivel de riesgo. El Gobierno ha dispuesto de 1.300 hombres para salvaguardar la vida de los líderes políticos, además de 462 vehículos blindados asignados, entre otros.

El Mininterior trabaja sobre el mapa de riesgos que presentó el Ministerio de Defensa, en el que se establece que hay 55 municipios catalogados en la categoría de prioritarios y de atención. Hace apenas una semana, el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, salió bien librado de un atentado de las disidencias de las Farc, en el que sí perdieron la vida dos agentes de la Policía que lo escoltaban.

La conclusión es que, por lo menos en Arauca, Chocó, Cauca y Caquetá, volvió a ser difícil hacer política. El Ejército, la Armada y la Policía están trabajando para garantizar la jornada democrática en el país.