El plazo para la inscripción de cédulas para votar finaliza este martes 29 de marzo, es decir, dos meses antes de los comicios, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones presidenciales 2022.
La Registraduría Nacional de Estado Civil recordó que los ciudadanos que deben realizar la inscripción para votar en estos comicios son quienes cambiaron su lugar de residencia (barrio, ciudad, departamento o país).
“También deben hacerlo las personas cuya cédula de ciudadanía fue expedida por primera vez antes de 1988 y aún no la han inscrito, y aquellas que no han votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años, ya que estos ciudadanos actualmente no hacen parte del censo electoral”, explicó la entidad.
Además, la Registraduría reiteró que aquellas personas que hayan cambiado su puesto de votación para las pasadas elecciones de Congreso de la República, no deben inscribir nuevamente su cédula para las elecciones presidenciales; solo deberán hacerlo si desean actualizar nuevamente su puesto de votación.
“Las personas que cambien su puesto de votación para las elecciones presidenciales pueden consultar su nuevo puesto, a partir del 29 de abril, ingresando a https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/”, agregaron desde la Registraduría.
Registrador Alexander Vega se rajó
Desde el canciller Alfredo Vásquez Carrizosa, la población de Chía, Cundinamarca, no veía a uno de los suyos llegar tan alto como Alexánder Vega Rocha. Aunque nacido en Miraflores (Guaviare) hace 43 años, los vecinos del Andrés Carne de Res lo consideran un hijo ilustre, por lo menos así lo calificó un decreto que el alcalde del municipio firmó en diciembre de 2019, días después de posesionarse como el registrador nacional más joven de la historia del país.
A Vega le bastó un título universitario y una red de amistades políticas, sin distingo de color e ideología, para llegar a la cima de sus aspiraciones profesionales. Y de forma meteórica. En 2004 fue elegido personero municipal, sin ninguna experiencia que lo respaldara, solo el diploma de derecho de la Universidad Libre (2003). Su paso no estuvo exento de polémica, pues coincidió con el acuerdo del concejo de Chía que amplió la planta de personal de la personería, y que años después tumbó el Consejo de Estado.
Vega fue litigante en la oficina de abogados de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado condenado por el sonado caso Fidupetrol. Lo suyo no era la rama penal. El derecho electoral fue el que lo sedujo, entre otras porque su familia ya se movía en el arte de los votos.
Su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, fue gerente político y financiero de Wilson Ladino Vigoya, candidato a la gobernación de Vaupés en 2004. Años después la justicia lo condenó por compra de votos, según descubrió esta semana una investigación del portal Cuestión Pública. Su tío, Heraclio Vega, fue gobernador de ese departamento en 1993, y terminó condenado por peculado.
Alexander Vega Rocha orientó su carrera en 2008. Seis meses de contratista como coordinador de asuntos electorales para la alcaldía de Samuel Moreno. Empezó a ser reconocido por políticos como un experto en temas electorales, cuatro años después llegaría al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Un giro fue decisivo. En 2010 fue fichado por el Partido de la U como abogado de varios congresistas. Consiguió el carné de militante y se arrimó al árbol que mayor sombra le ofrecía, el del Ñoño Elías, con quien cultivó una estrecha relación profesional y personal, según advirtió en su momento el investigador Ariel Ávila. Vega le dijo a SEMANA que nunca fue abogado del senador cordobés, condenado por el escándalo de Odebrecht.
En 2014, Vega fue uno de los candidatos del partido al CNE, pese a que el tribunal de ética de ‘la U’ recomendó no postularlo. En principio, no acreditó diez años de experiencia, y el antecedente de una sanción disciplinaria en 2012 -suspensión en el ejercicio de la función pública por cuatro meses-, sustentaron la observación. Vega anexó un certificado laboral para cumplir los requisitos, e informó que el entonces procurador Alejandro Ordóñez le revocó la sanción. Todos los congresistas de La U votaron a favor.
En el CNE, tuvo decisiones controvertidas. Una de ellas fue la ponencia que, según fuentes que pidieron reserva, “cambió de la noche a la mañana” para dejar en firme la candidatura del conservador Quinto Guerra a la alcaldía de Cartagena en 2018, cuando la Procuraduría lo había inhabilitado para posesionarse en el cargo. El hoy registrador recuerda que aquella decisión fue adoptada en una audiencia.
Fue uno de los magistrados que votó por el archivo de la investigación a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos (caso Odebrecht) con quien coincidió, meses antes, en un banquete en la casa de Roy Barreras. Hubo suspicacias porque Santos resultó absuelto a solo cinco días de abandonar la Casa de Nariño. Vega recuerda que aquella fue una reunión de bancada y asistieron todos los magistrados del CNE.
Además de polémicas, Vega también acumuló millas como magistrado, recorrió el mundo como jefe de misiones de veeduría electoral y expositor en conferencias y seminarios. Su perfil de Facebook es una auténtica vanidoteca: fotografías junto a presidentes como Pepe Mujica (Uruguay) o José Luis Rodríguez Zapatero (España), o en lugares turísticos de Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, México, Portugal, España, Grecia, Turquía, Corea del Sur, Rusia, o China, donde sacó tiempo para visitar las tumbas de los guerreros de terracota. En Madrid se fotografió junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y asistió a la final de la Copa Libertadores (2018) que disputaron Boca Juniors y River Plate en el estadio Santiago Bernabéu, donde el colombiano Juan Fernando Quintero anotó el gol de la victoria.
En su elección incidieron las nuevas reglas de juego, definidas antes del concurso, en las que la entrevista de conocimientos pasó a tener mayor valor porcentual que los años de experiencia en la evaluación final. Vega saltó del quinto al segundo lugar entre los candidatos mejor calificados. La elección tuvo sombras por los rumores de viajes y regalos con los que Vega, presuntamente, había ‘cortejado’ a los magistrados. Las presidentas Gloria Ortiz (Corte Constitucional) y Lucy Jeannette Bermúdez, (Consejo de Estado); y Álvaro García (Corte Suprema de Justicia) redactaron un comunicado conjunto rechazando los señalamientos.
Vega se posesionó en diciembre de ese año, cargando la acusación pública del uribista Andrés Guerra Hoyos (hijo del cacique liberal Bernardo Guerra Serna) quien lo señaló de haberle pedido más de mil millones de pesos para revisar unos escrutinios. Según Guerra Hoyos, Vega fue emisario del entonces magistrado del CNE Marco Emilio Hincapié. Vega negó las acusaciones, aunque admitió que habían buscado sus servicios de abogado.
El año pasado, cuando dijo que en Colombia habitaban 55 millones de personas, y no 50 millones como lo había certificado el Dane en el censo poblacional de 2018, varios sectores políticos encendieron las alarmas ante un posible fraude, orquestado desde la entidad “garante de la democracia”. Luego, ambas entidades se pusieron de acuerdo en las cifras.
Los organismos de control han puesto su lupa en la contratación de la Registraduría para estas elecciones, pues han responsabilizado a las empresas encargadas del software del caos generado en los comicios de Congreso y consultas interpartidistas.
SEMANA conoció un informe preliminar de veedores de organismos de control y auditores de los partidos políticos que cuestionan la eficacia de la aplicación creada para la inscripción de cédulas, y señalan que la página se cayó el día de las elecciones por “fallas técnicas” ante la demanda de visitas de ciudadanos que la Registraduría no dimensionó, y no por ataques cibernéticos como lo descartó la Fiscalía.
En dicho informe se califica de “fracaso” el preconteo por las fallas en la transmisión de datos desde los puestos de votación, donde no se contabilizaron votos del Pacto Histórico y el Centro Democrático, como ambos partidos lo vienen denunciando. “El preconteo no cumplió su objetivo de informar de manera clara y diáfana los resultados electorales”, señala una de las conclusiones preliminares.
Los contratos que la Registraduría firmó con la firma española Indra para el software del escrutinio, por cerca de 27.000 millones de pesos, y la Unión Temporal Disproel, por 1,2 billones de pesos para la logística de las elecciones, han sido blanco de cuestionamientos.
El primero, por haberse concedido de forma directa -”a dedo”, en palabras del expresidente Andrés Pastrana-; el segundo, porque fue suscrito en la modalidad “selección abreviada”, proceso que el exmagistrado del CNE, Armando Novoa, calificó de “improvisado”.
A menos de nueve semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Alexander Vega Rocha no es sinónimo de plenas garantías. Desde orillas tan opuestas como el Centro Democrático y el Pacto Histórico han coincidido en pedir su renuncia.
Tras el caos del preconteo, volvieron a alzarse las voces que cuestionaron la elección del “registrador más joven de la historia”, el mismo que gracias a un cuidadoso manejo de contactos políticos ascendió a la cima en menos de una década y llegó a ser declarado “hijo ilustre” del municipio de Chía.