A solo cinco días de las elecciones, el Tribunal Seccional de la Judicatura de Meta adoptó una decisión que puso en aprietos la decisión del Consejo Nacional Electoral en la que anuló la inscripción de 16.000 cédulas en Villavicencio. Lo hizo tras admitir el estudio de una tutela, interpuesta por el defensor del pueblo de la capital de Meta, Luis Fernando Cepeda, en la que pide la revocatoria de la resolución del CNE que anuló la inscripción de las cédulas. El Tribunal decretó medidas cautelares en las que suspendió los efectos de la resolución 3717, y ordenó habilitar las 16.000 cédulas anuladas. La decisión puede resultar traumática. Esas cédulas habían sido anuladas por presunta trashumancia, un grave delito electoral. Sin embargo, pese a que el CNE había determinado esa irregularidad, podrán votar en los lugares donde se inscribieron. Pese a que la medida judicial es de obligatorio cumplimiento, el CNE aún no ha revocado su resolución, entre otras porque aún no ha sido notificado del fallo. El lunes el CNE había advertido errores al anular las cédulas solo en el caso de Bogotá, donde por error del sistema, las localidades fueron catalogadas como municipios, por lo que la anulación de  71.000 cédulas fue reversada. El defensor del pueblo de Villavicencio pretende que en la capital de Meta se adopte la misma decisión que en Bogotá. Esta circunstancia podría poner en aprietos al CNE que anuló la inscripción de 1,6 millones de cédulas, que por vía tutela o tutelatón  podrían habilitarlas para las elecciones del domingo. La autoridad electoral ahora está pendiente de los despachos judiciales por si se producen decisiones similares a las de Villavicencio, donde un tribunal pide revocar la decisión de anulación de cédulas, pero que el CNE aún no la hace efectiva.