SEMANA conoció el documento que le entregó el alto comisionado de paz al grupo de empalme de Gustavo Petro sobre la temida operación del ELN en Colombia: los hombres armados cargan las banderas del grupo guerrillero en las zonas urbanas y rurales de 21 departamentos y financian su proyecto ilegal con la producción de cocaína y la minería ilegal a gran escala.
El grupo armado organizado tiene enfiladas a 5.397 personas distribuidas en dos grupos. El primero se encarga de colgarse el fusil con el respaldo de 2.587 hombres y el segundo apoya las actividades de terrorismo en los centros urbanos con el visto bueno de 2.653 sujetos. A su vez, se dividen los territorios en siete brazos a lo largo y ancho de Colombia.
Las unidades de inteligencia de la fuerza pública establecieron que el ELN hace presencia en el 18 % del país. Es decir, en 167 pueblos hace eco el nombre de los guerrilleros. En la lista aparecen poblaciones de Antioquia, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Cesar, Bolívar, Valle del Cauca, Boyacá y Arauca, entre otros. Sin embargo, Santander es el más afectado.
Ahora bien, casi la mitad de los crímenes asociados al narcotráfico ocurrieron en los territorios con presencia del ELN. En los últimos siete años, la expansión de la organización delincuencial hacia las zonas que son fértiles para la producción de estupefacientes aumentó en un 320 %, afianzando su comportamiento como un cartel de la droga.
De los 172 municipios que tienen cultivos ilícitos, en 97 hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, donde se acumulan 105 mil siembras, más de la mitad del promedio nacional. El material que procesan en los laboratorios clandestinos lo envían por 225 rutas y pasos que están ubicados en los sitios fronterizos con Centroamérica y los del Sur del continente.
Las carreteras más utilizadas son las que cruzan de Colombia hacia Ecuador y Brasil. En los radares del Ministerio de Defensa aparecen las trochas de Popayán, Pasto, Tumaco, San Lorenzo, Leticia, Cauca, Florencia y Caquetá. Mientras que en los otros dos países se asoman los ríos Napo, Japurá y Solimoes.
La minería también mantiene los bolsillos llenos al ELN. De las 8.500 minas intervenidas en el país, el 15 % están en 63 localidades con presencia de la guerrilla. Entonces, la explotación de oro es el principal mecanismo de financiamiento alterno al narcotráfico, “recurso menos notorio, no se devalúa y es de fácil transporte”, indicó el alto comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo.
A los ojos de la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, este grupo armado es terrorista por sus negocios y la arremetida violenta contra la fuerza pública y los civiles: homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos. Durante el 2022, materializaron 13 acciones contra el sector petrolero y se les adjudicó la instalación de minas antipersonal en 45 regiones, donde fallecieron 18 personas.
El Gobierno de Iván Duque les ha hecho contrapeso. Entre 2020 y 2021, destruyeron más de 5 mil laboratorios utilizados para el procesamiento de cocaína que, supuestamente, les pertenecería. Y más de 200 mil kilos del material ilícito fueron incautados en el momento en que iban a ser comercializados.
El alto comisionado para la paz también resaltó la extradición de las cabezas visibles del ELN: alias Motorola, alias Henry, alias Concha, alias Gabriel y Leison Jiménez Mosquera. Otros siete cabecillas están prófugos y son requeridos por las autoridades internacionales. El balón está en la cancha de Gustavo Petro que, antes de tomar posesión de su cargo, anticipó que está dispuesto a negociar con las organizaciones que están al margen de la ley.