Doce bienes avaluados en 9.000 millones de pesos que estaban a nombre del exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, pasarán a un proceso de embargo. La Fiscalía General cobijó con medidas cautelares los bienes ubicados con en Tibacuy (Cundinamarca), Rivera (Huila), Icononzo (Tolima), Bucaramanga y Bogotá.
Igualmente, fueron incautados cuatro vehículos y una motocicleta. Estos bienes habrían sido adquiridos con el dinero que habría recibido el entonces magistrado Vargas Bautista para desviar procesos y favorecer los intereses de algunos sujetos procesales a cambio de millonarias comisiones.
Los bienes pasarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su respectiva administración.
Como reveló SEMANA en el despacho del magistrado se montó una verdadera estructura criminal para desviar procesos. Para esto, contó con la activa participación de una abogada que fue judicante y un primo, quien era el encargado de contactar a las personas interesadas, fijar la entrega de dinero y realizar el respectivo contacto con el magistrado.
Para lograr el máximo beneficio, se hizo una manipulación al sistema de reparto para que estos procesos llegaran directamente al despacho del magistrado Vargas Bautista.
El proceso contra el magistrado Vargas Bautista estalló en noviembre de 2019 cuando se conoció que el fallo que condenó al Distrito a pagar 32 millones de dólares por negarse a comprarle el humedal Jaboque —ubicado muy cerca al aeropuerto El Dorado de Bogotá— terminaron a un particular, pese a que este terreno ya pertenecía a la ciudad.
Una llamada registrada el 14 de noviembre de 2017 sostenida entre Jorge Enrique Cortés Rojas, presunto dueño del predio ‘La Providencia’ ubicado en el Humedal El Jaboque, y Fernando Trebilcock, primo de la novia del entonces magistrado, fue la prueba clave. En la comunicación, este último señaló que el fallo no se profería porque “hubo una petición de tres mil”, haciendo referencia a tres mil millones de pesos de soborno. El exmagistrado enfrenta diez delitos de cohecho, prevaricato por acción y omisión y concierto para delinquir.
En noviembre de 2020, el ya exmagistrado Carlos Alberto Vargas Bautista se sentó nuevamente en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión y cohecho propio.
En esta oportunidad fue señalado de exigir sobornos para fallar las demandas contra el Hospital Militar y la Superintendencia de Sociedades. En la investigación se estableció que, en los dos casos, intervino como representante y asesora de los demandantes Kelly Eslava Montes, una exempleada del magistrado, quien habría gestionado las retribuciones por el direccionamiento de las decisiones.
La Fiscalía General indicó en ese momento que en 2014 la abogada Eslava Montes, siendo apoderada de un consorcio temporal, radicó una demanda contra el Hospital Militar. El caso, por reparto, llegó al despacho del magistrado Vargas Bautista que admitió su estudio y nunca se declaró impedido, pese a que tenía una relación sentimental con la abogada.
En 2016, el magistrado condenó a la institución médica y asistencial a pagar 25 mil millones de pesos. Por esta actuación, presuntamente, los favorecidos le entregarían al magistrado el 25 % del valor reconocido en el fallo.
Utilizando un modus operandi similar, el magistrado le ordenó a la Superintendencia de Sociedades a pagar 506 millones de pesos a un particular y 29.890 millones de pesos a una sociedad agrícola. Aquí, la abogada Eslava Montes fue asesora de los demandantes.
Las pruebas evidenciaron que para emitir estos fallos el magistrado Vargas Bautista habría recibido un automóvil Mercedes Benz y un apartamento en Mosquera (Cundinamarca).