Este sábado, 4 de junio, se conoció una decisión del Tribunal de Ibagué donde ordenaba el arresto, por cinco días, del presidente Iván Duque, argumentando el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
La noticia corrió rápidamente, al punto, de que el mandatario, que estaba en el departamento de Córdoba, respondió a esa decisión de y la calificó de “inconstitucional”. Además, señaló que el Gobierno sí ha cumplido con la protección de los ecosistemas y que el trabajo hecho se ha reportado.
Por esa razón, la duda de muchos colombianos es si esa orden de arresto es viable y por qué se tomó, ya que el juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El ministro de Justicia, Wilson Ruíz, aseguró que el Gobierno respeta todas las decisiones judiciales, pero que en este caso se declaró el supuesto incumplimiento, a pesar de que las pruebas sobre el cumplimiento de la sentencia existen. “Con esta decisión el despacho desconoce los esfuerzos del Gobierno para proteger todas las áreas naturales del país y desconoce sus competencias y las de las demás autoridades que deben concurrir para tomar una decisión como esta, frente al jefe de Estado, ya que no se tuvo en cuenta su fuero constitucional”.
El ministro señaló que la decisión del Tribunal de Ibagué debe ser revisada y surtir la consulta ante la Corte Suprema de Justicia porque la providencia no se encuentra en firme.
Por todas las dudas existentes, SEMANA consultó varios abogados para conocer si realmente el Tribunal de Ibagué tenía competencia o se equivocó en la determinación que tomó.
El abogado Iván Cancino aseguró que en Colombia hay un retraso para reglamentar la tutela contra las decisiones del presidente de la República, al considerar que un juez del circuito o de un tribunal no está en condiciones de anular, vía tutela, las decisiones de un mandatario de Colombia. Frente a la orden de arresto contra Duque, señaló que el caso debió ser estudiado por la Comisión de Acusación.
“No hay una norma que lo diga, pero se debe respetar el fuero constitucional porque hay conceptos que se deben aplicar con la lógica jurídica. Hay una gran ‘laguna’ pero si cualquier juez puede tutelar una decisión del presidente u ordenarle hacer algo, pues también podría verificar si existe realmente el desacato”, indicó Cancino.
El abogado Francisco Bernate explicó que lo primero que se debe aclarar en este caso es que la decisión del Tribunal de Ibagué no es de aplicación inmediata y pasará por una revisión en la Corte Suprema de Justicia para confirmar o rechazar lo ordenado.
“No es válida esta decisión porque la acción de tutela se dirige contra la presidencia de la República y no contra el presidente de la República, él no puede ser privado de la libertad, salvo una decisión de la Comisión de Acusación. Acá habría otras medidas que se podrían considerar, pero el arresto no es viable en este caso”, afirmó por su parte Bernate.
Los abogados coinciden en que no hay precedentes de una orden de arresto contra un presidente de Colombia y que finalmente la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en este caso que ha generado tanta polémica.
El presidente Duque dijo que esa orden de arresto no tiene sentido porque se ha cumplido con lo indicado por la sentencia de 2020. “Hoy vimos un acto inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde se ordena, supuestamente, el arresto del presidente de la República por no cumplir una sentencia. Esa sentencia está cumplida y los reportes están”, dijo Iván Duque.
El mandatario agregó que la decisión del Tribunal no está en firme y es un “abierto prevaricato” por lo que pidió al Consejo de Disciplina Judicial y al Ministerio Público que actúen, al considerar que el Gobierno ha cumplido con lo ordenado y con la protección de los ecosistemas.
Duque pidió que la decisión del Tribunal de Ibagué sea observada por todas las instancias para que quede claro el tema y se sepa cuál era el sentido real de esa decisión “sin soporte jurídico”.