En el departamento del Chocó, ubicado en la costa pacífica de Colombia, las intensas lluvias e inundaciones recientes han devastado 27 de los 31 municipios del departamento, afectando a más de 180.000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas.
La magnitud de la crisis es alarmante: miles de personas han perdido sus viviendas, cultivos y animales domésticos, y las fuentes de agua potable se han visto contaminadas, lo que agrava aún más la situación sanitaria.
Las dificultades de movilidad en las zonas rurales dispersas, muchas de las cuales son de difícil acceso debido a la geografía y al contexto del conflicto armado, han dificultado las labores de rescate y asistencia. La falta de infraestructuras adecuadas y la afectación de las rutas principales han dejado a muchas comunidades aisladas, sin poder recibir ayuda inmediata.
El impacto en las comunidades étnicas del Chocó, ya de por sí vulnerables por su situación socioeconómica y cultural, ha sido particularmente grave. La escasez de recursos, la carencia de servicios básicos y la falta de acceso a atención médica en áreas rurales han colocado a estas comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad.
Además, las lluvias y las inundaciones han generado riesgos adicionales en términos de seguridad, salud y acceso a alimentos y medicamentos esenciales, lo que incrementa la precariedad en la que viven muchas de estas familias.
La magnitud de la crisis no se restringe únicamente al Chocó, ya que otras regiones del país también han experimentado impactos severos debido a las intensas lluvias. De acuerdo con las autoridades, más de 380.000 personas se han visto afectadas en total, incluyendo aproximadamente 77.000 familias en 36 municipios diferentes.
Ante esta emergencia, el Gobierno nacional ha declarado el estado de desastre en todo el territorio, reconociendo la magnitud de los daños y la urgente necesidad de asistencia humanitaria y medidas de reconstrucción.
Sin embargo, las comunidades más afectadas continúan enfrentando desafíos enormes para acceder a la ayuda necesaria, lo que aumenta el riesgo de una crisis humanitaria más profunda en el corto y mediano plazo.
Ante la creciente crisis humanitaria, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con el equipo humanitario local y las autoridades nacionales y locales, ha movilizado esfuerzos para brindar apoyo a las personas y comunidades afectadas.
Por su parte, la agencia ya comenzó a distribuir artículos esenciales, como toldillos familiares, lámparas solares, kits de higiene y pastillas para purificar el agua, con el fin de asegurar el acceso a agua potable.
Además, sus equipos de emergencia están realizando evaluaciones para identificar otras necesidades prioritarias y garantizar que las personas más afectadas reciban la ayuda necesaria, a pesar de las complicaciones logísticas. Sin embargo, las demandas humanitarias superan ampliamente los recursos disponibles hasta el momento.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto devastador de las intensas lluvias y hacemos un llamado a la acción para proteger a las personas afectadas en su territorio o desplazadas por las inundaciones, así como a las comunidades que las acogen, fortaleciendo su resiliencia ante el cambio climático. La situación es aún más alarmante debido a que estas mismas comunidades y el territorio ya están fuertemente afectados por los conflictos armados. Tener que superar este nuevo desafío es pedir mucho. Necesitan toda la solidaridad que se pueda movilizar”, señaló Mireille Girard, representante de ACNUR en Colombia.
Para estas comunidades, los impactos severos de la crisis climática constituyen una violación adicional de sus derechos fundamentales a la vida y la dignidad, ya que se ven forzadas a desplazarse de forma constante, enfrentando riesgos cada vez mayores.