La Fiscalía General llamó a declarar al exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, en medio de la investigación preliminar que se adelanta por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de recursos destinados a proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Cerca de 500 mil millones de pesos de los llamados “recursos para la paz” se habrían utilizado para fines totalmente diferentes a su objetivo. Un grupo de alcaldes, incluso, los habría utilizado como caja menor para mover su poder político y beneficiarse económicamente. Tras la firma del Acuerdo de Paz se fijó que para desembolsar estos dineros el Sistema General de Regalías debía avalar los proyectos en diferentes municipios golpeados por la pobreza y el conflicto armado.
Para recibir la “bendición” del OCAD-Paz, los 170 municipios debían conseguir que el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia de Renovación del Territorio, la Contraloría, y el respectivo Ministerio los avalara. Aquí, presuntamente, apareció la corrupción puesto que se habrían hecho cobros indebidos o se avalaron proyectos que jaás se cumplieron.
El pasado domingo, por medio de un comunicado, Archila manifestó que él fue el encargado de denunciar estas irregularidades y la exigencia de comisiones que habrían hecho a algunos alcaldes para la aprobación de los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, a través del programa Ocad-Paz.
“En desarrollo de esos criterios, desde por lo menos el primer trimestre de 2021, denuncié reiteradamente, para que se iniciaran las investigaciones que corresponden, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y al Departamento Nacional de Planeación, hechos cuyo conocimiento obtuve por sendas comunicaciones que recibí”, dijo Archila.
Varios cuestionamientos llegaron al exfuncionario que este lunes decidió salirle al paso a través de un comunicado donde aclara puntualmente cuáles fueron los hechos de corrupción que conoció, advirtió y denunció. Insistió que a los alcaldes les cobraban por obtener un visto bueno de los responsables de aprobar los proyectos financiados con el Sistema General de Regalías.
“Según esas comunicaciones, a algunos alcaldes se les cobraba una especie de `peaje`, pues se les exigía dinero a cambio de que sus proyectos, ya presentados a la Secretaría Técnica-DNP, obtuvieran los vistos buenos que se exigen y fueran puestos a consideración de la instancia decisoria”, advirtió el exconsejero presidencial.
Archila advirtió que los “peajes” no solo garantizaban la aprobación de los proyectos, sino que aclaró el problema para los alcaldes que se negaban a pagar las extorsiones: básicamente se quedaban en el último lugar de prioridades y sus proyectos a la espera, de funcionarios que no tenían ningún interés siquiera de revisarlos.
En esta diligencia que se adelantará el 8 de julio la Fiscalía lo escuchará para que entregue la información que tenga al respecto. Después de esto, y teniendo en cuenta otra información, el exfuncionario podía citar a Archila a interrogatorio, lo que representaría una vinculación formal a la investigación.
En un escueto comunicado, el ente investigador manifestó que en la actualidad se vienen realizando acciones de policía judicial y de recolección de elementos materiales probatorios, “evidenciando dificultades porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades”.
Debido a esto, se realizó una asignación especial del caso y “se conexarán” los casos denunciados ante la Seccional Bogotá “para darle mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso”.
Por su parte, la Contraloría General anunció que la vigilancia a regalías y al OCAD PAZ se realizó con “resultados contundentes y total transparencia”, rechazando así las denuncias presentadas la semana pasada.
En este punto aseguró que se han tomado medidas claras frente a los casos de cartelización de los proyectos de paneles solares, emitiendo un fallo de responsabilidad fiscal por 66.247 millones de pesos contra los posibles presuntos responsables, entre los que aparecen nueve alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar.
En el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 23 de diciembre del 2020, se revisaron 178 proyectos de inversión por un valor de 2,3 billones de pesos que habían sido viabilizados en varios sectores.