SEMANA: ¿Cuál es la postura del nuevo gobierno frente al acuerdo de paz? EMILIO ARCHILA: El presidente ha dicho que cumplirá con lo pactado. Pero, más allá, ve una oportunidad de cerrar las brechas en las zonas históricamente mas afectadas por la violencia. El presidente sabe que yo voté por el Sí en el plebiscito de paz y eso él lo ve como una ventaja. De hecho, durante la visita de Luis Almagro a Cartagena, hace unas semanas, el propio jefe de Estado dijo que el cumplimiento del acuerdo, en lo sustancial, se debe hacer con o sin acuerdos. No me nombró por desconocimiento, sino con un propósito: manejar las preocupaciones con el contexto general del acuerdo. Eso ha sido de público conocimiento. Ahora, ninguna de las reformas constitucionales que Iván Duque ha presentado toca una sola coma de lo que se pactó. SEMANA: ¿Hay un norte claro frente al rumbo que debe tomar la accidentada implementación? E.A.: Sí. En cada uno de los frentes del acuerdo sabemos la ruta que se debe seguir. Estamos trabajando en ello. Son rutas planeadas de acuerdo con las temporalidades de cada uno de los capítulos. En particular tenemos claro que la estabilización de las zonas mas afectadas por la violencia se dará en un lapso más o menos de 10 años. Ese tiempo nos permitirá acabar con las condiciones que permiten reciclar la violencia. Ese es el compromiso que tenemos. SEMANA: Y ¿con los excombatientes? E.A.: A quienes cumplan, él les va a cumplir. Habrá dificultades que superar, como en todo proceso complejo, pero el presidente ha dado todo el apoyo que se requiere. Le sugerimos: El inri que cargan los 8 congresistas de la Farc SEMANA: Ese fue el primer encuentro del presidente con excombatientes de las Farc en Pondores. ¿Cómo les fue y cuál es el balance? E.A.: Fue una visita espiritualmente muy impresionante. El Presidente tuvo la oportunidad de explicar con detalle su voluntad de cumplir a quienes se mantengan en la legalidad. Aunque no estaba planeado, el presidente Duque respondió todas las 20 preguntas que tenían los exguerrilleros. Muchos de ellos no lo habían visto nunca, entonces, algunos estaban prevenidos, algo nerviosos y desconfiados. Pero eso cambió y al final terminaron aplaudiéndolo. Durante el encuentro Joaquín Gómez le dijo que era muy esperanzador y que quedaban con gran ilusión. “No hay pronunciamiento de la JEP que apunte a que como gobierno hemos interferido en sus procesos.” SEMANA: En el reciente encuentro del partido de la Farc, el excomandante del bloque Sur y Bertulfo Álvarez fueron muy críticos. Algunos sintieron que estaban con un pie adentro y otro fuera del proceso… E.A.: No nos pareció. Fueron muy receptivos. SEMANA: Para muchos ese encuentro marcó un punto de quiebre tras la llegada de los voceros del No a la Presidencia. Una semana después, Duque viajó a Bruselas para hablar del acuerdo… E.A.: Pero no solo viajó por el tema de paz, apenas fue uno de los tantos asuntos que se abordó. Eso sí, la comunidad internacional siente tranquilidad con la seriedad del Presidente. El mensaje que trasmitió en su visita él ya lo había hecho público: se va a cumplir el acuerdo de paz con las Farc. Y hemos recibido un gran apoyo. SEMANA: ¿Qué hechos ratifican ese compromiso del que usted habla? E.A.: Tan pronto el presidente se posesionó, le dio continuidad al proceso e hizo la solicitud ante la ONU para que continúe la verificación que viene haciendo ese organismo sobre la reincorporación. Además, quiere cumplirle a la comunidad internacional con los compromisos que tiene el Estado. Le recomendamos: Con su propia medicina, Uribe derrotado con su reforma a la JEP SEMANA: A ustedes les tocó sortear el corte de cuentas de un año de operaciones de la Misión de Verificación de la ONU. ¿Cuál es el balance? E.A.: El Consejo de Seguridad apoyó de manera unánime el proceso. El proceso tiene un significado para los colombianos, pero también para el mundo. En todas las intervenciones los voceros se refirieron a la manera clara como el presidente expresó la voluntad que hay de apoyar el proceso en general y la reintegración. No hubo comentarios disonantes, de hecho, las intervenciones individuales fueron más alentadoras que el comunicado conjunto. SEMANA: ¿A qué se refiere? E.A.: Ellos, digamos, se refirieron a la necesidad de que haya una mayor celeridad en los proyectos productivos, hicieron un llamado para garantizar la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y pidieron proteger a los líderes sociales. Ahora, vamos por partes. Primero, en el tema de los proyectos productivos, en la forma como el representante del secretariado general hizo su presentación, a mi gusto hay una ambivalencia. SEMANA: Explíquese… E.A.: Se corrobora la poca agilidad del gobierno para apoyar los proyectos productivos y en la segunda muestran la gran agilidad de las Naciones Unidas haciendo eso. Puede leer: Los dolorosos testimonios de los secuestrados de las Farc ante la JEP SEMANA: ¿Pero no es así como lo ven quienes siguen de cerca el proceso y como lo han denunciado las mismas Farc? E.A.: En lo que tiene que ver con reincorporación no hay acciones separadas del gobierno, de los privados y acciones de la comunidad internacional. Hay acciones que todos estamos haciendo para lograr un mismo propósito. Una de mis funciones, por ejemplo, es conseguir apoyo internacional o ayudar a articular proyectos que vienen del exterior. Entonces, no es que el gobierno esté faltando a su responsabilidad. Una de sus funciones es articular. SEMANA: ¿Cómo garantizar la independencia de la JEP como pidió la ONU? E.A.: Actuando como lo estamos haciendo. El gobierno no ha intervenido de ninguna manera en la justicia. Las discusiones legales entre la JEP y la Fiscalía no implican una interferencia de un tercero que no debiera estar involucrado. No hay un pronunciamiento de la JEP que apunte a que como gobierno nos metemos en sus procesos. SEMANA: ¿Y los líderes sociales? E.A.: El tema de líderes es muy preocupante para el Gobierno y estamos actuando. Así se ven en el liderazgo del Presidente para el Pacto por la Vida. Las cifras son tristes, pero en mi criterio aparecen abultadas porque se están contando todos los líderes y los excomabtientes, sin tener en cuenta las causas probables de las muertes. SEMANA: Pero eso hace parte de las garantías de seguridad. E.A.: Claro, hay que proteger a todo el mundo, pero para entender si eso tiene que ver con las responsabilidades del gobierno, es relevante mirar las causas posibles. Ahí no se hizo ese trabajo. Hasta donde tengo entendido no ha habido sino un asesinato en el que alguien entró a un espacio de reincorporación y mató a alguien. SEMANA: ¿Hay buen entendimiento con la Misión de la ONU para resolver estas diferencias? E.A.: No diría que tenemos diferencias. La relación con las Naciones Unidas y mía o Jean Arnault es inmejorable. Como sucede en cualquier transición, uno llega, observa y propone modificaciones. Todo esto sirve para perfilar las rutas de trabajo en torno a proyectos, salud, educación, vivienda y tierras. Es imperioso que el gobierno determine las rutas y una vez lo haga todo el mundo se acomode a esas rutas. El trabajo de Naciones Unidas es muy profesional, valioso y serio. SEMANA: Pareciera que solo están enfocados en la reincorporación. ¿Y el resto del acuerdo? E.A.: La implementación tiene un número de frentes muy amplio. Ahora tratamos de entender hasta dónde llegó, mirar qué se debe hacer en cada uno y planear ejecuciones durante los próximos años. SEMANA: Algunos analistas han sentido que con su lenguaje quiere distanciar a la base exguerrillera de la cúpula… E.A.: Eso es falso. No hay política en ninguna manera de crear ninguna escisión. SEMANA: ¿Qué tanto les preocupa que Iván Márquez y el Paisa se hayan marginado de la implementación? E.A.: La Farc y sus dirigentes tienen unas obligaciones. Ellos deben contribuir activamente con la adecuada implementación, por ejemplo, de los espacios de reincorporación. En la medida que ellos se aparten de ese liderazgo, consideramos que se está incumpliendo. En la medida que ellos abandonen sus posiciones, afectan ese desarrollo y eso me preocupa sustancialmente. En el capítulo de las implicaciones penales, no tengo nada que decir. SEMANA: Se ha dicho que el incumplimiento del Paisa ante la JEP con su informe fue porque no tenía abogado… E.A.: Semanas después de posesionarme hablé con la JEP sobre la arquitectura de la defensa. Me pidieron eso, yo hablé con Hacienda y rápidamente pusimos a disposición los dineros necesarios para el número de defensas requeridas. Entiendo que la Farc no querían esquemas de abogados individuales, sino colectivos. Pero ahí nosotros no interferimos. Vea también: Iván Duque: ¿jugado por la paz? SEMANA: Ustedes han criticado que las expectativas sobrepasan lo que se puede cumplir… E.A.: La identificación de dificultades presupuestales no es una manera de excusar que no se va a cumplir. Poner de presente las restricciones que hay es porque se hacen evidentes los esfuerzos que hay que hacer. SEMANA: ¿Tramitarán los proyectos que quedaron colgados en el ‘fast track’? E.A.: Sí, el presidente Duque ha sido claro en que uno de los pilares de su gobierno es la legalidad. El acuerdo, las reformas constitucionales que se hicieron y las normas que se expidieron son disposiciones legales. Además, el presidente ha dicho que es un hombre de palabra. Los desarrollos legales que están pendientes se van a hacer. SEMANA: ¿Qué tanta validez tiene para este gobierno la institucionalidad que nació con el posconflicto? E.A.: Lo primero que hay que decir es que existe una negociación entre el Estado y las Farc, y cuando hay un acuerdo entre dos partes, cuyo cumplimiento se extiende por 15 años en temas tan complejos, es indispensable que existan instancias de diálogo. En la Comisión de Seguimiento está la ministra del Interior, el alto comisionado y yo. Ya tenemos una metodología y evacuamos las peticiones que tenía la Farc. En el Consejo Nacional de Reincorporación ya fueron nombrados los delegados del Estado y en la Comisión de Garantías también soy yo. Día a día estoy mirando esquema de seguridad por esquema de seguridad. Teníamos represada la revisión de 57 folios, ya todos están revisados. SEMANA: Hay muchas críticas alrededor del modelo de sustitución de cultivos que Rafael Pardo aterrizó tras la negociación en La Habana. ¿Lo van a modificar? E.A.: Yo no tengo ninguna objeción personal a las actuaciones individuales de Rafael Pardo. Ahora, en ese tema, el presidente asumió el reto de disminuir el número de hectáreas sembradas y para lograrlo va a utilizar todas las posibilidades que hay: sustitución, erradicación forzada y aspersión cumpliendo con los parámetros de la corte. Le vamos a cumplir a las familias que han entrado en el proceso de sustitución voluntaria. SEMANA: ¿Qué falló en este proceso? E.A.: No se cumplió con los parámetros del mismo programa y quedó con serias dificultades para llevarlo a cabo por el desorden. Nos hemos encontrado con que el último eslabón que llegaba era el Estado. En sus contratos el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) ofrecía que iba a llevar el Estado pero ellos no tenían capacidad institucional, ni fortaleza, ni competencia ni recursos para hacerlo. Estamos mirando cómo articulamos ese programa con la provisión de servicios. Muchos de ellos derivan de los planes de los planes de desarrollo territoriales (PDTS). Nos hemos encontrado con que no hay una correspondencia entre los tiempos que se le fijaron a las familias para la sustitución y la capacidad que tenía contratada el Estado para cumplir en cada una de ellas. Tampoco es algo que se pueda resolver con un decreto, es complejo. Esto va a llevar a que alguna de las etapas se demore. Pero el compromiso con las familias es cumplir. SEMANA: ¿Tanta ‘institucionalitis’ enredó al Estado? E.A.: El presidente Duque anunciará la institucionalidad que hemos pensado.