Este jueves 21 de noviembre, el contratista cordobés Emilio Tapia Aldana anunció que firmó un preacuerdo con la Fiscalía General en el que aceptó su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
El empresario, uno de los principales protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, anunció que ya está lista la hoja de ruta para devolver los cinco mil millones de pesos con los que se quedó del anticipo entregado por el MinTIC.
En el preacuerdo, presentado por la Fiscalía General, se señala que Tapia Aldana reconoció tres delitos, hecho por el cual será condenado a 76 meses de prisión (es decir, seis años y tres meses). Adicionalmente, realizará un acto de excusas públicas.
Además, se suma el pago de una multa de 4.700 millones de pesos y la suspensión para ejercer cargos públicos durante este tiempo. “Tendría compromisos como excusas públicas, pago de pagarés, testigo de cargo y que efectivamente dos bienes inmuebles sirvan de garantía de los pagarés que suscribiría como un codeudor”.
Por ser delitos contra la administración pública, Tapia Aldana seguirá privado de su libertad en centro carcelario.
La Fiscalía General anunció que Tapia manifestó su responsabilidad con las irregularidades en el manejo del anticipo del contrato 1043 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados, el cual pretendía llevar Internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes sectores del país.
El contratista aceptó su participación en los delitos de peculado por apropiación agravado, cinco fraudes procesales y siete falsedades ideológicas en documento privado.
Tras escuchar los alcances del preacuerdo, el juez 47 de conocimiento de Bogotá le preguntó a Tapia, quien se encuentra en una cárcel, las razones para finiquitar una negociación con la Fiscalía General.
“Para obtener pronta justicia”, respondió el contratista oriundo de Sahagún. “Sí, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado que los delitos se cometen por acción y por omisión”.
El ente investigador puso se presente que en 2019, Tapia contactó a dos empresarios para participar en el proceso licitatorio de Centros Poblados, cuyo contrato ascendía al billón de pesos.
Con documentación falsa, la Unión Temporal presentó su propuesta, lo que indujo a error a los funcionarios de MinTic. Pese a que no contaba con ningún tipo de experiencia ni contaba con los elementos tecnológicos, la Unión Temporal, liderada desde la sombra por Tapia, fue la beneficiada.
Para finiquitar el fraude, la Unión Temporal entregó pólizas falsas de reconocidos bancos para respaldar ante MinTic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo para la compra de equipos y redes.
Sin embargo, de los 6.182 millones de pesos que recibió Tapia, se realizó una repartición a sus socios de cerca de 1.118 millones de pesos.
El restante los usó para la compra de obras de arte, apartamentos en exclusivos sectores, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta y el pago de honorarios a abogados.
El juez de conocimiento fijó para el próximo 18 de febrero, a las 3:30 de la tarde, audiencia para definir si avala o no el preacuerdo firmado entre Emilio Tapia y la Fiscalía General.