Desde su celda en la cárcel de El Bosque, en Barranquilla, el contratista Emilio Tapia cuestionó el actuar de la Fiscalía General, que anunció con bombos y platillos una nueva imputación en su contra, esta vez por el escándalo de corrupción en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
El empresario, uno de los principales protagonistas del carrusel de la contratación de Bogotá y del extravío de los 70 mil millones de pesos de Centros Poblados, aseguró que fue él quien entregó toda la información a las autoridades por la celebración irregular e injustificada en millonarios contratos.
Citó que en el año 2021, cuando fue vinculado al caso Centros Poblados, les dio a los investigadores toda la información relacionada con el contrato de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, proyecto que fue convocado por Emcali.
“(...) hechos corresponden a aspectos novedosos y tienen origen diferente a mi propia denuncia sobre su existencia y circunstancias expuestas en detalle sobre participación, tiempo, modo, lugar, etc.”, precisó el contratista en un comunicado de cinco puntos.
Tapia señaló que la imputación de cargos se hizo por petición expresa de su defensa, en miras a demostrar su posición para colaborar con las autoridades judiciales: “Desde mi lugar de reclusión continuaré colaborando con las autoridades para el esclarecimiento y apoyo a la verdad frente a los hechos sobre los que pueda tener conocimiento y que revistan interés para la sociedad en general”.
Igualmente, sostuvo que los hechos que se conocieron por la publicación de un comunicado de prensa de la Fiscalía General no tienen nada novedoso con lo que él les había dicho meses antes sobre este caso de corrupción.
“Tal denuncia, sobre las presuntas irregularidades acaecidas al interior de los referidos procesos licitatorios adelantados por Emcali y desconocidas hasta entonces por las autoridades, fueron producto de mi ánimo de colaboración con la administración de justicia y consecuente, además, con la absoluta observancia de los principios de verdad, reparación y no repetición con los que he obrado firmemente dentro de las actuaciones judiciales en las que se me ha vinculado”, aclaró.
Tapia fue vinculado al nuevo proceso penal por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado. “El material de prueba da cuenta de que, en compañía de otras tres personas, habría gestionado la obtención de documentos con información falsa para soportar licitaciones ante las Empresas Municipales de Cali (Emcali), en 2021″.
En la investigación se conoció que Tapia Aldana, al parecer, controló un conglomerado de empresas que se presentó a dos procesos contractuales relacionados con la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino fase uno, los cuales ascendían en valor a 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
La Fiscalía también detalló que uno de los requisitos exigidos a los oferentes era presentar el aval comercial de un banco que garantizara un crédito por el 30 % del valor de cada uno de los contratos.
“Esta obligación, presuntamente, no la cumplía el consorcio del hoy procesado. Por esta razón, habrían sido falsificados dos documentos denominados Certificados de Cupo de Crédito Aprobado, los cuales fueron presentados como soporte ante Emcali”, señaló Eduar Alirio Calderón Muñoz, director especializado contra la corrupción.
El contratista se encuentra cumpliendo su condena por el carrusel de la contratación y a la espera que inicie el juicio en su contra por el desvío del anticipo de los 70 mil millones de pesos que iban a ser utilizados, supuestamente, en la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En este caso, el contratista fue acusado por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Esto por falsificar las pólizas del Banco Itaú que fueron presentadas ante el Ministerio de las TIC para recibir el Contrato 1043 de 2020 que tenía un valor de 2,1 billones de pesos.