El contratista Emilio Tapia no pagará ni un solo peso por el desfalco de Centros Poblados. Así se evidencia en un fallo de la Contraloría General que imputó responsabilidad por el robo de los 70 mil millones de pesos únicamente a los miembros de la Unión Temporal encargada del proyecto y a los miembros del consorcio interventor.
“Se determinó imputar responsabilidad en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, en tanto que, en calidad de contratistas, no ejecutaron el contrato 1043 de 2020 en los términos pactados, lo que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el proyecto Centros Digitales, cuyo objeto iba encaminado a instalar soluciones de acceso comunitario a Internet gratuito en 16 departamentos pertenecientes al proyecto en la región B”, dice la Contraloría.
“Adicionalmente, se imputa responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor, toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que la soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos”, agrega la Contraloría.
La Contraloría también imputó responsabilidad fiscal a funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al omitir sus deberes que le eran exigibles, conforme al manual de funciones de la entidad.
Emilio Tapia logró salvarse del proceso en la Contraloría, pese a que el proceso penal en su contra por el mismo caso ya está en etapa de acusación. Incluso, Tapia le ha planteado a la Fiscalía una polémica reparación, consistente en la entrega del porcentaje de un lote en un exclusivo sector de la ciudad de Santa Marta.
“¿Quién le va a creer? Espera entregar un lote que no está a nombre de él, que supuestamente tiene un porcentaje de ese lote y como reparación. A Emilio Tapia no se le puede confiar. La reparación debe ser en efectivo en las cuestas del Estado, lo demás son meros anuncios”, señalaron fuentes del proceso.
Actualmente, Emilio Tapia se encuentra a la espera de un traslado a una guarnición militar para cumplir la medida de aseguramiento, mientras se desarrolla el juicio en su contra por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.
En la acusación contra Tapia, la Fiscalía estableció que Tapia contactó, al parecer, a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas y así conformar la cuestionada Unión Temporal - Centros Poblados. “A cambio, les pagaría 4.000 millones de pesos. De esta manera, ‘Centros Poblados’ se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de MinTic que le otorgaron el contrato”.
Lo que advierten los fiscales de la dirección anticorrupción es que Emilio Tapia utilizó estas empresas, la experiencia que tienen y los documentos que podrían aportar, para quedarse con el multimillonario contrato, sin que esas empresas tuvieran alguna incidencia en el proyecto de conectividad para 7.000 escuelas.
“Posteriormente, el hoy acusado, al parecer, conoció de la obtención de pólizas falsas para respaldar ante MinTic la seriedad de la oferta, la firma del contrato y recibir un desembolso de 70.000 millones de pesos, por concepto de anticipo”, señaló la Fiscalía, tras confirmar que Tapia fue acusado por este millonario escándalo.
Del anticipo entregado por el MinTic, Emilio Tapia se habría quedado con más de 6.000 millones de pesos, que repartió entre los representantes legales de las empresas que prestaron su nombre para el entramado de corrupción y la compra de excentricidades como vehículos de alta gama, obras de arte, apartamentos y hasta los honorarios de unos abogados.