Un contagio masivo de coronavirus en la cárcel La Picota de Bogotá obligó a que el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenara una cuarentena en el patio de extraditables y el pabellón UME. Entre los contagiados se encuentra el empresario Emilio Tapia Aldana, quien recientemente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Picaleña, en Ibagué.
El contratista, quien cumple su condena por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá y tiene una medida de aseguramiento vigente por la firma del polémico contrato entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, ya se encuentra en aislamiento. Igualmente, están en cuarentena los guardias del Inpec que estuvieron junto a él en La Picota y en su traslado a Picaleña el pasado 5 de marzo.
Tapia se habría tomado una muestra de la covid-19 el pasado 4 de marzo. Siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, la cuarentena se extenderá hasta el viernes 18 de marzo.
En la lista de internos contagiados se encuentran Juan David de la Cruz, jefe de extorsiones de la guerrilla del ELN; Luis Emiro Mosquera, exintegrante de las Farc; Eduardo David Soto, alias Fabián, jefe de la banda criminal conocida como Los Úsuga que delinquía en el nordeste antioqueño; y Martín Duque Corona.
El Inpec le solicitó inmediatamente a la Secretaria de Salud de Bogotá que le tome las pruebas a los internos que permanecen en el pabellón de Unidad de Medidas Especiales (2) estructura (3), patio de extraditables.
¿Tapia, otra vez a La Picota?
Por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal será acusado en los próximos días el contratista Emilio Tapia Aldanapor el polémico Contrato 1043 de 2020 firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.
El empresario es señalado de malversar el anticipo de 70 mil millones de pesos, que tenían como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Por estos hechos fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en octubre de 2020 por un juez de control de garantías de Bogotá. Debido a que siguió delinquiendo, Tapia también perdió todos los beneficios otorgados hace varios años y se ordenó que cumpliera su pena total por el ‘carrusel de la contratación’ en la cárcel.
Este viernes se conoció que la Fiscalía General le habría solicitado al Inpec que para garantizar la colaboración de Tapia en estos dos procesos debe ser trasladado nuevamente a la cárcel La Picota de Bogotá.
El empresario ha manifestado por medio de su defensa un interés de colaborar con la justicia y entregar información para la recuperación de los 70 mil millones de pesos que se entregaron como anticipo, así como información sobre otras personas que habrían participado en la falsificación de las pólizas de seguro, las cuales fueron fundamentales en el proceso de licitación.
Igualmente, se comprometió a entregar datos sobre la forma en cómo se realizó el fraude para que la Unión Temporal Centros Poblados fuera la única que cumpliera los requisitos en la parte final de la licitación.
Pese a este compromiso, Tapia no se presentó ante la Procuraduría General en el proceso disciplinario que se adelanta contra tres exfuncionarias del MinTIC al que fue llamado como testigo. En esa oportunidad aseguró que presentaba problemas de salud tras aplicarse la vacuna del Covid-19.
Igualmente, tampoco asistió a la audiencia de imputación de cargos que estaba programada el pasado 23 de febrero. En esa oportunidad no se pudo hacer la conexión entre el juzgado y la cárcel La Picota.