Pese a que todo estaba listo para recibir la declaración del contratista Emilio Tapia Aldana en el proceso disciplinario que se adelanta contra tres exfuncionarios del Ministerio de las TIC, por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, en que se perdieron más de 70.000 millones de pesos, todo se truncó a última hora.
En una carta escrita a mano, Tapia -quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá- aseguró que no podía rendir su declaración debido a que presenta problemas de salud derivados de la vacuna contra el Covid-19.
En la misiva, que fue leída por un dragoneante del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), Aldana asegura que, pese a su deseo, este quebranto de salud le imposibilita presentarse en la diligencia judicial.
“Tapia Aldana acude de la manera más acomedida a su oficina solicitando que no puede asistir a la audiencia programada por problema de salud debido a la vacuna. Esta me tiene con malestar”, precisa la carta que está firmada y con la huella de Tapia.
El contratista se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota. Recientemente, la Fiscalía General lo llamó a juicio por los delitos de delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal por el polémico Contrato 1043 de 2020, firmado entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la unión temporal Centros Poblados.
En el escrito de acusación, revelado en primicia por SEMANA, se señala que Tapia Aldana lideró y ejecutó el plan para recibir, de manera ilegal, el contrato 1043 de 2020 que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Para resultar beneficiados durante el proceso de licitación, Tapia y los otros representantes de la Unión Temporal falsificaron las pólizas y actas de seguro. De esta forma, su propuesta siempre se destacó puesto que eran los únicos que contaban con este documento que blindaba el contrato de demoras e incumplimientos.
Tras la firma, el MinTIC le entregó los 70 mil millones de pesos del anticipo para la compra de equipos e instalación de los primeros centros virtuales. Sin embargo, se empezaron a presentar constantes incumplimientos y los contratistas nunca presentaron la justificación ante estas demoras.
Debido a esto se convocó a mediados de agosto de 2021 una audiencia de caducidad del contrato. En esa misma diligencia, un representante del Banco Itaú confirmaba lo que muchos temían: nunca habían expedido las pólizas presentadas por la unión temporal, hecho por el cual dichos documentos eran falsos.
Inmediatamente, la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen presentó una denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General para que se adelantaran las respectivas investigaciones.
A finales de diciembre de 2021, el fiscal general Francisco Barbosa anunció un segundo proceso por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En la lista aparecían los viejos conocidos Juan José Laverde, Emilio Tapia Aldana y Luis Fernando Duque. A estos se le sumaban los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres.
Este nuevo caso tiene relación con la apropiación del dinero del anticipo de 70 mil millones de pesos. La imputación de cargos quedó fijada para el próximo 23 de febrero.
Tapia tiene un oscuro pasado criminal, al ser condenado como uno de los principales responsables del ‘carrusel de la contratación’ durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, así como por delitos relacionados con el lavado de activos producto de este escándalo de corrupción.