La plenaria del Senado aprobó este miércoles el ascenso al grado de general de 38 oficiales de la fuerza pública. Como siempre sucede en estos debates, el Polo Democrático cuestionó la promoción de algunos de estos ascensos. El senador Iván Cepeda había señalado en el primer debate que cinco aspirantes al ascenso tenían serios cuestionamientos en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Mencionó al brigadier general Nicasio Jesús Martínez Espinel, al brigadier general Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, al general Emilio Enrique Torres Ariza, y al general Gabriel Hernando Pinilla Franco. (Ver artículo) Estos cinco oficiales, señalados hace dos semanas, se movieron y le presentaron nuevos documentos al Congreso para certificar sus antecedentes. Coincidieron en adjuntar los certificados de Fiscalía en los que se acreditaba que no tenían decisiones judiciales en su contra, ni investigaciones formales. Precisamente, en el nuevo documento que entregó el general Emilio Enrique Torres se asegura que no está vinculado a ninguna investigación. Lo dice en un oficio del 21 de noviembre. Cepeda afirma que el general Torres, quien aspira al rango de mayor general, tiene una investigación abierta por homicidio agravado, por cuenta del asesinato de un campesino, en hechos ocurridos en mayo de 2005, en el municipio de Tame (Arauca). El proceso de investigación se encuentra en la Fiscalía 73 de la Unidad de Derechos Humanos (número de radicado 3796). El oficial está vinculado mediante indagatoria llevada a cabo el 31 de octubre de 2008. La Fiscalía, en un oficio de este tres de diciembre, certifica que el proceso contra el general está activo, es decir sí tiene una investigación por homicidio que adelanta la Fiscalía seccional de Cúcuta. En un documento que el general envió al Congreso dice que del 25 de mayo de 2005 al 23 de enero de 2006 estuvo en Arauca en la Brigada Movil No. 05 en donde se desempeñó como segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Asegura que durante el tiempo que estuvo en esa Unidad no hay ningún caso cuestionado, no hay una sola investigación de tipo penal, disciplinario, administrativa o fiscal en contra del alto oficial. También que, del 23 de enero de 2006 al 12 de julio de ese mismo año estuvo en Yopal en la Decimosexta Brigada, en donde también se desempeñó en el cargo de segundo comandante y jefe de Estado Mayor. Sin embargo, dice que las funciones que allí desempeñó eran administrativas y no operacionales. A pesar de esta defensa, en la plenaria del Senado, al menos con un documento oficial, se certifica que el general sí está vinculado a un proceso vigente. No obstante, no tiene medidas judiciales en su contra. El senador Cepeda, sin éxito, dijo que no pretende prohibir los ascensos, pero pidió congelar algunos, sobre todo el del general Torres Ariza, hasta que hubiera una mayor claridad sobre esta investigación. Pese a esta petición, la plenaria del Legislativo aprobó el ascenso de 38 oficiales que en las próximas horas serán promovidos en ceremonias que encabezará el presidente Juan Manuel Santos. “Ojalá que en unos meses después no estemos ante un nuevo caso Santoyo”, expresó Cepeda.