El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, hizo este martes una grave denuncia al término de un consejo de seguridad en el municipio de Bello. El mandatario prendió las alarmas luego de asegurar que “bandas criminales del sector están desapareciendo personas, asesinándolas y tirándolas como alimentos a los cerdos”. Según el gobernador, la información fue suministrada por un sobreviviente que las autoridades tienen bajo protección. “Es un acto tan atroz, tan inhumano que a uno le da hasta pena decir esto en público, yo lo estoy diciendo es para que nos ayuden y que esto no vuelva a ocurrir”, dijo el mandatario. Pérez también aseguró que ya dio orden a las autoridades competentes para que sigan investigando con el testigo, quien habría sido víctima de torturas y dice estar esperando instrucciones por parte de la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno para saber cómo proceder ante esta situación. Así mismo, hizo un llamado a los habitantes de Bello para que acudan a la Policía en caso de tener información al respecto.
El gobernador aseguró que durante un mes, todos los establecimientos al público se van a cerrar a las 12 de la noche. Los menores de 15 años solamente podrán circular después de la medianoche acompañados de un acudiente adulto. La situación de Bello hace parte de la realidad que se vive en municipios estratégicos para el crimen organizado por su ubicación que permite la conexión con rutas del narcotráfico, lo que hace que grupos armados y bandas criminales se disputen su control y se generen delitos como microtráfico, hurtos, homicidios, desapariciones, entre otros. Según el reporte de las autoridades judiciales y policiales, en lo que va corrido del año se han registrado 92 homicidios en ese municipio del norte del Valle de Aburrá. Se cree que el aumento de asesinatos hace parte de una guerra entre dos bandas delincuenciales del sector denominadas los Pachelly y Níquia Camacol. Aunque allí también hacen presencia los Mesa y los Chatas. Según las autoridades, la ola de violencia en Bello se desató desde febrero de este año, por lo que en los últimos meses se han realizado varios consejos de seguridad, uno de ellos tuvo lugar el 27 de junio y estuvo presidido por el presidente, Iván Duque, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. En ese momento el jefe de Estado dijo: “Hay que ser implacables con esas organizaciones, y la forma en la que los enfrentamos se tiene que ver representada en una reducción del delito. Por eso le he expresado al ministro (Botero), el gobernador y la alcaldesa que debemos tener indicadores semanalmente monitoreados”; sin embargo, y a pesar las sugerencias del primer mandatario, la situación parece empeorar. Puede leer:En Jericó, campesinos aseguran que Anglo Gold Ashanti no cumple con acuerdo municipal “Las casas de pique no son nada nuevo” Para el investigador y analista de conflicto urbano y rural en Medellín, Luis Fernando Quijano, las casas de pique, las fosas comunes y la utilización del río para desaparecer los cuerpos no es algo nuevo, pero solo “ahora, que hace énfasis el gobernador, se pone en escena (el tema), en buena hora lo hizo”, dice. Quijano también asegura que, aunque las autoridades tienen registros de los homicidios, no se sabe con exactitud cuántas personas han desaparecido porque “la gente no denuncia las desapariciones. Y aunque se han realizado diferentes planes de intervención con la Policía, el Ejército y hasta el Ministerio de Defensa, la situación no parece mejorar. Se ha hecho “restricción al parrillero, retenes, operativos fuertes en el tema de control a motocicletas, ninguna medida ha funcionado. Llama la atención que no hay homicidios hace ocho días, pero ¿cuántas desapariciones habrán ocurrido? La guerra en Bello sigue. Hay muchos casos de desaparición y no se denuncian”, afirma el investigador.