El campanazo lo hizo este lunes 10 de febrero la Defensoría del Pueblo a través de un informe, en el cual además lanzó la alerta sobre el riesgo inminente en el que se encuentran 250.000 personas que viven en la capital del Valle, en medio de la guerra territorial desatada por esos grupos. El crudo documento también revela la influencia que ejercen en 19 de los 42 municipios del Valle, grupos como Rastrojos y Urabeños y la manera como algunos frentes de la guerrilla de las FARC aún hacen presencia, socavando la tranquilidad y seguridad de la región.Uno de los datos relevantes que muestra el informe y que ya era un secreto a voces en ese departamento, es que las pandillas de Cali se convirtieron en verdaderas ‘franquicias criminales’ que venden sus servicios al mejor postor.Según explicó la Defensoría en su documento, “el Sistema de Alertas Tempranas constató que la contratación de grupos de delincuencia común, empleado por las FARC para la comisión de atentados terroristas, también es utilizada por Rastrojos y Urabeños para casos de extorsiones y sicariato en Cali, donde el fenómeno criminal ya afecta a 134 pandillas”.Ese dato que parece irrelevante, es en realidad la nuez del asunto. La subcontratación de pandillas para cometer homicidios, atentados, secuestros y extorsiones, se ha multiplicado a tal punto, que hoy existen verdaderas ‘franquicias criminales’ que trabajan outsourcing al mejor postor.De hecho, en el atentado con una bomba tipo lapa que las FARC le hizo al exministro Fernando Londoño en mayo de 2012, fue ejecutado por intermedio de una banda caleña conocida como ´El Parche de Su Ley´, y el enlace entre esa banda y las FARC, era un personaje abatido por las autoridades, llamado Diego Fernando Tabares Marín ( ver nota https://www.semana.com/nacion/articulo/y-que-este-delincuente/331454-3 ).Gran parte de esas pequeñas bandas delincuenciales que se enganchan con organizaciones criminales de mayor envergadura, están localizadas en el oriente de Cali y específicamente en el sector conocido como el Distrito de Aguablanca, donde desde el año pasado se presentan enfrentamientos entre pandillas, por el dominio territorial para expandir el negocio del microtráfico. (Ver nota https://www.semana.com/nacion/articulo/el-desafio-del-distrito-aguablanca/345780-3 )El informe de la Defensoría va mucho más allá y asegura que el reclutamiento de jóvenes se presenta en 17 de las 22 comunas caleñas y “afecta a 2.134 menores inmersos en pandillas (…), que son instrumentalizados ante sus pretensiones por expandir la violencia, como viene ocurriendo en las ciudades de Medellín, Montería, Barranquilla y Bogotá”.Concluye la Defensoría que las cifras de homicidios no son las mejores para la capital del Valle, ya que el año pasado registró una tasa de 85.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En efecto, durante 2013 en Cali fueron asesinadas 1.964 personas (en 2012 la cifra fue de 1.861 y en 2011 llegó a 1.885 muertes violentas). Agrega, que de acuerdo con el Sistema de Información y Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal y con corte a febrero 3, este año ya se registraron 142 homicidios en la ciudad.Guerrilla, secuestro y extorsiónLas cifras que recopiló la Defensoría en materia delincuencial, no son las mejores para mostrar. Tanto en materia de homicidios, como ocurrencia de secuestros y extorsiones, el Valle del Cauca ocupa los primeros lugares en el país, según el documentoEl informe también revela que la presencia e influencia de la guerrilla de las FARC, con su Frente 30, la Columna Móvil Arturo Ruíz y las compañías Libardo García, Miller Perdomo, Víctor Saavedra, Alonso Cortés y Gabriel Galvis, “sumada a una creciente influencia de Rastrojos y Urabeños, agravan el panorama de violencia, particularmente crítico en Cali, Buenaventura, Palmira y Tuluá, donde el año pasado se concentró el 74,6 por ciento de los homicidios y donde además coinciden las tres organizaciones en disputa por el control territorial y el narcotráfico”.Según datos recopilados por la Defensoría el año pasado, secuestro y extorsiones se incrementaron por encima del 60 %, “con 38 casos y un incremento del 63 % entre 2012 y el año inmediatamente anterior; y la extorsión con 357 casos y un aumento del 60 %”, precisa el documento.DesplazadosMás del 10 % de los desplazados en todo el país durante 2013, fueron del Valle del Cauca; y de ese porcentaje la mitad eran de Cali.Según el Registro Único de Víctimas, el año pasado se registraron 84.792 víctimas en todo el país, de las cuales el 94 % sufrieron el deslazamiento forzado, “de ellas, 10.678 fueron expulsadas del Valle del Cauca, en tanto que en Cali durante los primeros 10 meses del 2013 habían sido registradas 5.427 víctimas de este fenómeno”, dice el informe de la Defensoría.En torno a ese problema, el informe asegura que ahora el fenómeno del desplazamiento lo están matizando “por una especie de chantaje mediante el cual se ofrece hasta un millón de pesos a quienes presten sus servicios a las estructuras delincuenciales, so pena del pago de una “multa” o el abandono de sus propiedades en defensa de su integridad personal”.En efecto, una de las ciudades del Valle que más ha padecido ese problema, es Buenaventura, donde las bandas criminales han causado el desplazamiento interno de miles de familias que se niegan a ceder a sus chantajes.Ojalá el esfuerzo que hizo la Defensoría del Pueblo por mostrar con cifras la cruda realidad que padece el Valle del Cauca y su capital Cali, no sea en vano. Lo preocupante, es que ésta no es la primera vez que se habla en carta blanca sobre esa problemática y pese a ello muy poco ha cambiado el panorama de orden público en la región.