El inspector de Policía de Cartagena, Renzo Javier Orozco, dio un plazo de cinco días para que la Promotora Calle 47 S.A.S. restituya los 619,49 metros que la construcción del Aquarela ocupa de espacio público de la ciudad. Así lo dio a conocer el inspector en un documento en el que señala que esta medida se tomó luego de evaluar, entre otras cosas, que desde octubre de 2018 hay una resolución de la misma Inspección de Policía que le ordenó a los constructores restituir ese espacio público en dos meses, cosa que hasta el momento no se ha cumplido, por lo que ahora el plazo se reduce a solo cinco días.
El inspector Orozco también manifestó que, aunque los constructores han dicho que una medida cautelar que hay sobre el proyecto Aquarela, impuesta por un juzgado que estudia una acción del Ministerio de Cultura, les impide hacer esa restitución del espacio público, "la medida cautelar no interfiere en el cumplimiento de la orden proferida en el fallo policivo". De acuerdo con el documento, el inspector de Policía recuerda que con la acción popular se pretende la protección de los derechos colectivos relacionados, entre otros, con el patrimonio cultural de la Nación por la construcción del Aquarela, por los volúmenes y altura de las edificaciones que lo conforman, por lo que el Castillo de San Felipe resultaría gravemente afectado en su entorno paisajístico. Una vez allegado el término, el despacho anunció que se trasladará hasta las instalaciones del proyecto, para verificar con personal técnico especializado el cumplimiento de la orden. Vale recordar que esta semana la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, Siab, publicó un informe en el que señala que el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, que concluyó que la edificación debía ser demolida al tener fallas estructurales, informe que no es exacto porque fue elaborado con base en la proyección de un tipo de suelo que no se acomoda al real, según Siab.
La Siab indica que una evaluación de su Comisión de Estructuras concluyó que el suelo era tipo D y no tipo E, como estableció la SCI, lo que habría determinado las conclusiones de su estudio. Por eso, “debe ser realizado nuevamente, tomando en cuenta la información real disponible”. Además, señala que un análisis estructural de una edificación siempre debe ser complementado con las visitas de rigor al lugar del proyecto y la ejecución de estudios más detallados, que confirmaran la revisión de planos y memorias de cálculo. Los líos de Aquarela comenzaron cuando —en 2017— una comisión de la Unesco encendió las alarmas por la construcción de un edificio de gran altura en el entorno cultural protegido de la ciudad, en cercanías al Castillo San Felipe y las murallas del Centro Histórico. El proyecto, paralizado desde hace dos años, resultó inconveniente para la ciudad, que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad. Por su parte, la constructora respondió que, “el fallo policivo no ordena la demolición del edificio. Como se sabe, el fallo ordena la restitución de 24m2 de superficie que multiplicados por 25 pisos suma un total de 619 m2, por lo que es técnicamente viable hacer la restitución mediante una perfilación de la estructura“ Para poder hacer efectiva dicha restitución, y a pesar de que el fallo polícivo “se adoptó con base en pruebas no idóneas, Promotora Calle 47 SAS solicitó en el marco del debido proceso, la autorización para la intervención de la obra, la cual no ha sido otorgada“, señaló.