El 22 de julio del 2010 dos congresistas del Polo Democrático, Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda, denunciaron en el municipio de La Macarena (Meta) una crisis humanitaria en los llanos orientales. Reportaron el terrible hallazgo de varios miles de cuerpos enterrados como personas no identificadas, o 'NN', en los cementerios de la región. La denuncia fue llevada al Congreso de la República. Fue el primer debate que tuvo que afrontar el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2010, y lo hizo con la inquietud de que los congresistas fueran a relacionar tal cifra con casos de los mal llamados falsos positivos. Aunque no faltó ese tipo de insinuaciones, el debate generó el compromiso del Gobierno para implementar nuevas medidas para enfrentar la situación de las personas enterradas como no identificadas en todos los cementerios del país. Una de ellas, la elaboración del Censo Nacional de 'NN'. La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional Grupo Exhumaciones fue la entidad encargada. Días después de la denuncia, expidió una directiva a todos los alcaldes municipales del país con el fin de que reportaran todos los casos de personas no identificadas que tuvieran registrados. En un oficio dirigido al senador Iván Cepeda, la Fiscalía reportó que fueron oficiadas 1.103 alcaldías municipales, de las cuales 861 dieron respuesta. El resultado fue el siguiente: 454 alcaldías reportaron NN inhumados en sus cementerios; 360 alcaldías respondieron que no registran NN en sus cementerios; 39 respondieron que no les era posible dar el dato de los cadáveres sin identificar en razón de que los párrocos, o en su defecto medicina legal, son quienes manejan esa información. Y 261 alcaldías no respondieron a los requerimientos. La conclusión a la que llegó el equipo de exhumaciones de la Fiscalía es que en Colombia existen 20.453 cadáveres sin identificar en los cementerios municipales. Además del censo, el Ministerio del Interior y Justicia, Medicina Legal y la Registraduría suscribieron un Convenio Interadministrativo para avanzar en la identificación de estos cadáveres. La fórmula, el cotejo de huellas dactilares a partir de los archivos de la Registraduría. Solo en el 2011, según reportó Medicina Legal, de 22.689 cotejos, se pudieron verificar las identidades de 4.386 cadáveres, de los cuales 440 coincidieron con personas reportadas como desaparecidas. Además, la Fiscalía conformó el Grupo de Fiscales para Cementerios de personas no identificadas (PNI), un equipo especializado al que se le encomendó, como primera tarea, atender las denuncias de NN en los llanos orientales. En las labores desarrolladas por este equipo se ha logrado determinar que en estos cementerios se encuentran enterrados 2.314 NN, de los cuales se ha logrado identificar, a través del procedimiento de necrodactilia, a 801 personas y se han realizado 40 entregas de cuerpos a sus respectivos familiares. Según un oficio de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se encontraron 565 cuerpos no identificados en el cementerio de San José del Guaviare (Guaviare), 520 en el de Granada, 464 en el de La Macarena, 610 en el de Villavicencio y 155 en el de Vista Hermosa, en Meta. A partir de los resultados y de la identificación de 801 cadáveres, varias organizaciones sociales y de Derechos Humanos colaboraron con la Fiscalía para la ubicación de los familiares. Una de ellas es el Colectivo Fals Borda, que en un informe que será presentado este miércoles concluye que “la gran mayoría de personas inhumadas en los cementerios municipales de Vistahermosa, Villavicencio, Granada, La Macarena, en el departamento del Meta, y San José del Guaviare, en el departamento del Guaviare, fueron reportados como muertos en combate por el Ejército Nacional”. El proceso de identificación ha determinado que en los cementerios de los llanos orientales se encuentran enterrados combatientes del conflicto armado, civiles muertos en medio de combates y posibles casos de ejecuciones extrajudiciales. Este miércoles, congresistas del Polo que revelaron esta situación y familiares de personas desparecidas adelantaran una audiencia pública en el Congreso, con el propósito de pedir redactar un informe y trasladarlo a la Mesa de Negociación de La Habana. Aún son miles de personas que indagan por la suerte de sus seres queridos.