De manera sorpresiva, el presidente Iván Duque llegó a Arauca, donde en las últimas semanas se han registrado enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN que ha dejado más de 25 muertos y el desplazamiento de familias de zonas rurales de ese departamento.
El mandatario está acompañado del ministro de Defensa, Diego Molano, y la cúpula de las fuerzas militares y la policía, con las que hizo un recorrido por la capital de Arauca e hizo una advertencia a los grupos armados que han generado actos de violencia en esa región.
“Recorrimos las calles de Arauca para verificar dispositivos de seguridad. Todo nuestro compromiso con este departamento, hacemos presencia institucional y acompañamos a la población, porque en Colombia no hay zonas vedadas”, señaló el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.
El presidente Duque señaló que durante la visita pasaron “revista a las tropas de los dos batallones que enviamos para reforzar y garantizar la seguridad del departamento”.
Con el propósito de estudiar esa situación, el jefe de Estado señaló que se adelanta un Consejo de Seguridad, “junto al ministro de Defensa, ministro del Interior, la Cupula Militar y el director de la Policía, en el que evaluamos resultados operacionales de los 2 batallones que llegaron al dpto y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia”.
La presencia del mandatario se produce en momentos en los que se han registrado fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN que, además de muerte, han sembrado temor entre la población civil que se encuentra en medio del fuego cruzado y que ha obligado a algunos habitantes de las zonas rurales a abandonar sus tierras.
Esto ha llevado al reforzamiento del pie de fuerza con la llegada de dos batallones que suman 625 soldados del Ejército que reforzaron los operativos de registro y control en el piedemonte araucano.
“625 hombres fueron desplegados en cinco de los puntos críticos donde se presentaron las confrontaciones y afectaciones a la población civil, también con el fin de hacer control territorial. Corregimientos como el de Aguachica, la vereda La esmeralda, o en el Botalón, en los cuales ya se hace presencia con el fin de brindar protección a la sociedad civil, pero también control territorial y desmantelamiento de las estructuras de las disidencias de las Farc y el ELN”, destacó en su momento el ministro de Defensa Diego Molano.
Entre tanto, el Ejército indicó que hay 6.800 hombres desplegados en todo el departamento de Arauca adelantando operaciones militares.
Los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales comenzaron el pasado 3 de enero y de acuerdo con la información del ministro Diego Molano, “los hechos se dieron específicamente en el municipio de La Victoria, en el estado de Apure, en el sitio denominado Los Cañitos. Allí ha habido una confrontación entre dos de estos grupos irregulares, el Eln aliado con la segunda Marquetalia, contra disidencias de las Farc, frente décimo y frente 28″.
Eso llevo a entidades como la Procuraduría General de la Nación a ordenar desplegar un plan de intervención urgente en el departamento de Arauca, con el fin de garantizar los derechos y las rutas de atención adecuadas de parte de las entidades territoriales y entes del Estado, para los ciudadanos colombianos y venezolanos que están siendo víctimas de desplazamiento forzado y violencia.
En este caso, la comisión especial de profesionales del Ministerio Público, liderada por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría Regional de Arauca, está haciendo presencia de manera permanente en estos municipios para atender a las personas y familias que llegan desplazadas de las diferentes zonas rurales y de la línea fronteriza, con el fin de verificar su ingreso efectivo a la ruta de atención estatal dispuesta para protegerlos y solventar sus necesidades.
Según los más recientes reportes recaudados por dicha comisión de la Procuraduría, se han atendido las declaraciones de 105 familias desplazadas, lo que equivale al 51 % del total de atenciones (206) realizadas hasta el miércoles 12 de enero.
También han recibido, hasta el momento, cuatro declaraciones masivas, es decir, de comunidades enteras que debieron desplazarse por cuenta de los enfrentamientos, todas ellas en el municipio de Tame.
Según la Procuraduría, se han realizado ocho espacios de diálogo con la sociedad civil y 15 más de seguimiento a la respuesta institucional para conocer de primera mano cómo avanza la problemática social y gestionar el ajuste de los protocolos y rutas de atención de las entidades, con el fin de resolver de manera efectiva cada situación.
De otra parte, las procuradurías delegadas para el Seguimiento al Acuerdo de Paz y para la Defensa de los Derechos Humanos han requerido por escrito a alcaldes y personeros de los municipios mencionados, solicitando informes oficiales sobre las gestiones desarrolladas frente a la crisis humanitaria.
También a las Fuerzas Militares y a la Unidad para las Víctimas para que activen los diferentes protocolos de atención y dispongan de los recursos económicos, físicos y humanos necesarios para atender la emergencia.