La entidad Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres publicó un informe en el cual analiza el comportamiento de los abortos en Colombia desde 1998 en adelante.
El documento se llama ‘Criminalización del aborto en Colombia’ y refleja los procesos judiciales a los que han sido sometidas las mujeres que llevan a cabo de manera ilegal esta práctica en el país.
De acuerdo con la investigación, y teniendo en cuenta cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre 1998 y 2019 en Colombia se iniciaron 5.737 procesos por el delito de aborto, de los cuales 4.355 están inactivos y 450 casos están en etapa de ejecución de penas, mientras que 102 en etapa de juicio, es decir, que el juez no se ha pronunciado aún en un sentido.
“En 2.431 casos la noticia criminal se obtuvo por ‘actos urgentes’, mientras que en 1.580 y 1.540 casos, respectivamente, se obtuvo por denuncia e informes”, dice el documento de estudio.
El documento muestra que el número de denuncias por aborto en Colombia empezó a aumentar con fuerza desde 2006, año en que esa practica fue despenalizada por la Corte Constitucional en tres causales: malformación del feto, violación sexual o incesto y peligro para la salud física y mental de la mujer.
“A partir de 2006 se ha presentado un aumento muy significativo en los casos que ingresan al sistema: si en 2005 se presentaron 130 casos, en 2006 ya eran 199 y en 2018 (último año para el que la información es completa) 416. Aunque el número de casos por año no es constante, después de 2008, el promedio de casos se ubica alrededor de 400 casos por año”, dice el estudio.
Al mirar el comportamiento de las denuncias por regiones se encontró que los tres departamentos con más hechos investigados fueron Bogotá (1,008), Valle del Cauca (411) y Santander (317).
Cuando se ajusta este dato por abortos investigados por cada 100.000 mujeres en el departamento, los tres departamentos con más casos son San Andrés y Providencia (73 casos por cada 100,000 mujeres), Quindío (56,7 casos por cada 100,000 mujeres) y Amazonas (52,8 casos por cada 100,000 mujeres).
“A nivel municipal, surge que Bogotá (1008), Cartagena (201) e Ibagué (192) son las ciudades con más hechos reportados. Cuando esta cifra se ajusta al número de hechos por 100,000 mujeres aparece que los municipios de Villanueva, San Juan Del César, Busbanzá y Chipatá son los que más hechos presentan”, agrega el texto.
El análisis también resalta que los 335 casos diferentes en los que hay condenadas se distribuyen de manera más o menos homogénea a lo largo del tiempo con un promedio de 26 condenas al año, a partir de 2007.
“Sin embargo, la distribución no es homogénea por regiones, presentándose muchos más casos en algunos departamentos que en otros. Los departamentos con mayores condenas no coinciden con los de mayores números de casos investigados. Las menores que fueron encontradas responsables del delito de aborto (sancionadas) fueron un 24 % del total de las condenadas”, explica el documento.
Para los investigadores, en los últimos 15 años ha aumentado significativamente la persecución del delito de aborto y han aumentado las condenas por el delito. Mientras en 2006 se condenaron 12 personas, en 2007 se condenaron 25 y en los siguientes 13 años el promedio de condenas ha sido de 26. La denuncia por aborto tampoco ha disminuido en los últimos años, manteniéndose constante en 400.
“La persecución se concentra en casos de aborto consentido en los que la denuncia provino de personal médico, como enfermeras, médicos, directores de hospitales, entre otros, (incluso se estima que el 56,72 % de estos casos terminan en condenas) y en una baja proporción se investigan los abortos no consentidos, a pesar de que las mujeres identifican plenamente a sus agresores y de que la pena es más alta”, dicen los investigadores.
Además, preocupa que las menores de edad son una parte importante de la población de indiciadas en el caso del aborto consentido pues representan el 12,5 % de los casos.
“Finalmente, nos parece importante sugerir una campaña que enfatice que los abortos que las mujeres hacen por su cuenta no son abortos criminales. De los casos de abortos consentidos en los que se registra información sobre quién hizo el reporte o la denuncia, se calcula que el 79 % fueron informados por la policía y personas del centro de salud”, concluye el documento.