Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, le envió una carta a la alcaldesa Claudia López con observaciones generales tras haber revisado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se debate en el Concejo de Bogotá. Uno de ellos, relacionado con las Viviendas de Interés Social y las condiciones para que estas sigan existiendo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los hogares.
Frente a esto, Malagón pidió no restringir esta modalidad de vivienda por su ubicación y características en tamaño. “Involucra el riesgo de agravar la segregación socioespacial, pues implicaría que los hogares de bajos ingresos –susceptibles de recibir un subsidio de vivienda– no podrían adquirir una unidad habitacional de bajo costo en determinadas zonas de la ciudad, a pesar de que esta cumpla con el valor VIS estipulado por la normatividad y responda a las preferencias y capacidad particular del hogar”, indicó el funcionario del Gobierno en la misiva.
Esto, según el ministro, tendría repercusiones en la realización de proyectos VIS-VIP, segregación y poco acceso a la vivienda para hogares con menos personas y menos ingresos.
Después de recibida la carta, la alcaldesa López respondió de forma contundente a las críticas de Malagón preguntándole en cuántos metros cuadrados vive y denunciando que los subsidios a apartaestudios en la zona de la 93 –exclusiva en la capital– constituía un caso de corrupción.
“Yo quiero recordarle al señor ministro de vivienda que el Plan de Ordenamiento Territorial es de autonomía municipal. ¿En cuántos metros cuadrados vive usted, señor ministro de Vivienda? ¿Una familia de cuatro personas, que se gana dos salarios mínimos, no tiene derecho por lo menos a una vivienda digna y segura de por lo menos 36 metros cuadrados?”, cuestionó la alcaldesa, pero la respuesta no terminó ahí.
Dijo que una vivienda de 36 metros cuadrados no es un lujo, sino una obligación con la que Bogotá quiere cumplir “esa deuda social que tenemos con las familias más pobres”.
Fue ahí donde la alcaldesa denunció como un supuesto caso de corrupción los subsidios a apartaestudios en la 93, dirigidos a quienes ella llama ‘yuppies’.
“Yo le preguntaría al señor ministro: ¿qué ha hecho usted para evitar que se use plata subsidiada por los colombianos? Nosotros, con los impuestos, subsidiamos plata para la VIS. Con plata para viviendas para familias pobres, se están haciendo apartaestudios para ‘yuppies’ en la calle de la 93. Eso es corrupción. Como lo oyen”, aseveró.
Dijo que, en su mandato, no habrá corrupción “para nada” y no permitirá que “intereses particulares” utilicen el dinero de las VIS para hacer apartaestudios. “Una mujer cabeza de familia, con sus hijos, tendrá derecho a una vivienda digna de por lo menos 36 metros cuadrados. No permitiremos que se use vivienda de interés social subsidiada para que se hagan apartaestudios para ‘yuppies’ de altos ingresos en la calle de la 93″, sentenció.
El POT no solo ha causado reparos e incomodidades en el Gobierno. El Concejo de Bogotá, incluso en su propia bancada, ha presentado fuertes críticas que se oponen a puntos clave en la visión de ciudad de la mandataria. Entre los ‘verdes’, la oposición al proyecto es liderada por los concejales Martín Rivera, Lucía Bastidas, Diego Cancino y Luis Carlos Leal.
Últimamente, se conoció que la alcaldesa López y la fracción de la bancada que la apoya pretende empujar a que todos los ‘verdes’ voten de manera positiva al proyecto. Esto fue denunciado por los concejales, quienes dicen que la aplicación de la Ley de Bancadas es un acto de censura que viene desde la misma administración. Estas críticas aún no han sido respondidas por la alcaldesa, que tiene al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, gestionando consensos.