La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ASC), entidad gremial que agrupa 69 asociaciones sociales y colegios de especialistas médicos del país, le envió este sábado 6 de abril una dura y sentida carta al presidente Gustavo Petro manifestando sus preocupaciones tras las decisiones del Gobierno de intervenir las dos EPS más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.
En concepto del gremio, esas medidas afectan de manera directa el derecho fundamental de la salud, así como los derechos laborales de quienes trabajan en ese sector. Agrega que, si bien es necesaria una reforma del sistema, esta debe reconocer y conservar las bondades de la estructura actual.
Para la ASC, las medidas recientes evidencian posibles vacíos jurídicos que eventualmente ponen su continuidad en riesgo, mientras afectan de manera seria el sistema de salud y la prestación del servicio. “Esta crisis además se ahonda con los pronunciamientos del Gobierno Nacional que acompañan estos actos administrativos, que lejos de dar seguridad jurídica, dejan inquietudes que requieren ser resueltas de manera inmediata”, enfatiza.
Para los médicos de la ASC, hoy no existe claridad sobre cómo el Estado va a asumir la prestación de servicios en los distintos niveles. Los actos administrativos promulgados en relación con el sistema de salud que se quiere implementar solo se centran en la atención básica, dejando de lado la baja, mediana y alta complejidad, lo que pone en riesgo la prestación oportuna y de calidad de los servicios de salud.
“Las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, más allá del parte de tranquilidad que se ha querido presentar, no entregan la seguridad que se requiere en relación con la prestación continua y oportuna para los pacientes a quienes no se les debe interrumpir su tratamiento, y menos a aquellos con enfermedades ruinosas”, enfatiza la carta.
¿Y los trabajadores?
El gremio también pidió claridad para las condiciones bajo las que, de ahora en adelante, trabajará el talento humano en salud, lo cual solicitaron a través de un derecho de petición.
“Se ha evidenciado que la primera medida que se toma en las intervenciones y posteriores liquidaciones de las EPS es la terminación de los contratos con los prestadores y, consecuentemente, la terminación de los contratos laborales y de prestación de servicios con el talento humano en salud”, advierten.
Les preocupa además que las deudas con el talento humano en salud, cuando se toman en este tipo de medidas, son las últimas en pagarse, desconociendo la obligación inmediata que tienen los pagos laborales y la puesta en riesgo de los derechos fundamentales.
Por eso, exigen la protección inmediata de los derechos laborales del talento humano en salud, con independencia de la forma de vinculación, sobre todo de las EPS, a las que el gobierno ha intervenido a la fecha y a las que piensa intervenir.
“Y eso se traduce en la garantía de las condiciones de contratación, la garantía del pago oportuno y el evitar el menoscabo de las condiciones laborales de quienes prestamos el servicio”, explica la agremiación.
Igualmente, la carta se refiere al plan del Gobierno de implementar los giros directos para el pago de los prestadores de servicios de salud, sin tener que pasar por las EPS. En la ASC piensan que, si se va a implementar ese giro directo, este debe garantizar el pago cumplido y sin demora de las remuneraciones del talento humano en salud.
“La falta de atención en este punto generará no solo la puesta en peligro de nuestro derecho a la vida digna, sino que ahondará la crisis, generando una espiral de decadencia que afectará por obvias razones el sistema de salud, sus actores y el correcto ejercicio del derecho fundamental a la salud”, enfatizan.
Sin claridad
En la carta, los médicos reiteran que, desafortunadamente, las actuaciones y manifestaciones del gobierno nacional por ahora no dan claridad y ni tranquilidad para que quienes prestan servicios de salud lo puedan hacer con la garantía de no poner en riesgo sus derechos ni los de sus pacientes.
También se refirieron al álgido tema del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto de dinero que el sistema reconoce por cada paciente y el cual ha sido el centro de la discordia; mientras l Gobierno dice que ese dinero es suficiente y que lo ha venido girando religiosamente, las EPS dicen que la UPC no alcanza.
“Es clara la imperiosa necesidad de establecer una UPC producto de análisis juiciosos y que obedezcan las necesidades del sistema sin ser sometidas a especulaciones, como al parecer ocurre en la actualidad”, reza la carta.
Para las Sociedades Científicas, se requiere un manual tarifario actualizado, en cuya elaboración ellos piden participar de manera efectiva, al tiempo que reiteraron su disposición incondicional para trabajar en todos y cada uno de los temas que afectan el sistema de salud, con mirada estrictamente técnica. Así mismo, piden apoyar la estructuración de una reforma en salud que convoque a todos los actores y proteja los derechos de los pacientes y del talento humano en salud.