En la tarde del miércoles 26 de enero, Bogotá, que está azotada por una ola de inseguridad desde hace varios meses, vivió una escena de terror luego de que un habitante de calle denunciara el hallazgo de un cuerpo desmembrado en el barrio La Soledad, en la localidad de Teusaquillo.
El cuerpo fue encontrado al lado del canal del río Arzobispo dentro de unas lonas con escombros. De acuerdo con las autoridades, en el lugar se halló una pierna y el tronco de una persona, quien al parecer era un hombre de aproximadamente 35 años de edad.
En las labores de campo los investigadores establecieron que, al parecer, un vehículo de color negro dejó en el lugar unas lonas con escombros y estuvo parqueado allí por cerca de media hora. Luego continuó su marcha y tomó la calle 45 al oriente.
Las autoridades continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar de los hechos para obtener información que pueda identificar a los responsables de este execrable hecho.
Pero más allá de este escalofriante crimen, este jueves se conoció que el canal del río Arzobispo, que en la actualidad es sinónimo de basuras, escombros, inseguridad, desaseo y hasta de cuerpos desmembrados, en realidad debería ser un corredor ambiental, toda vez que desde 2019 la Empresa Acueducto de Bogotá firmó un millonario contrato para adelantar la preservación de esta zona, pero hasta ahora la obra está inconclusa.
El Corredor Ambiental río Arzobispo se localiza en la Zona de Manejo y Preservación Ambiental a lo largo del canal del río, entre la carrera séptima y la carrera 30, abarcando las localidades de Santa Fe y Teusaquillo y colindando con los barrios de Sagrado Corazón, Sucre, Santa Teresita, La Magdalena, La Soledad, Palermo, Belalcázar y Alfonso López.
El proyecto es una intervención a lo largo de tres kilómetros con vocación de espacio público con una infraestructura de senderos, ciclorrutas y estancias, pero a la fecha las obras están abandonadas, como lo denunció el concejal de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, Juan Baena.
El contrato por $5.123 millones entre la Empresa de Acueducto de Bogotá y el Consorcio Arzobispo se firmó en diciembre de 2019 con una duración de 8 meses a partir de la firma del acta de inicio, firma que se dio el 16 de junio de 2020, por lo que las obras debían ser entregadas inicialmente el 15 de febrero de 2021, pero el contrato tuvo que ser suspendido en dos ocasiones, una por la solicitud de aprovechamiento silvicultural para podas radiculares ante la Secretaría de Ambiente, lo que ocasionó tiempos muertos en el contrato y reprogramación de actividades de obra, y la otra por la situación de orden público en el marco del paro nacional, además de las restricciones por la covid-19.
De esta manera, como lo denuncia el concejal Baena, con estas dos suspensiones que recibió el contrato, inicialmente la fecha de entrega se modificó para mayo de 2021 y luego se aplazó para noviembre de 2021.
Sin embargo, a la fecha las obras no han avanzado. “El 22 de julio de 2021 Acueducto de Bogotá nos respondió un derecho de petición en el que nos dan como fecha de entrega de la obra: noviembre de 2021. A la fecha las obras del canal se ven en el mismo estado que cuando hicimos la primera denuncia”, indicó el concejal.
En la respuesta de ese derecho de petición, Acueducto de Bogotá reconoció el foco de inseguridad en que se convirtieron las obras inconclusas. “Una vez dotados y habilitados los senderos y ciclorrutas en sectores recuperados de la zona de manejo y preservación ambiental del río Arzobispo, se espera mitigar las condiciones de inseguridad actuales, esperando que la actividad generada en estos espacios dinamice el sector y promueva las actividades lúdicas para el disfrute de la ciudadanía”.
Ahora, 6 meses después de esa respuesta del Acueducto de Bogotá y a dos meses de la fecha que se había estipulado para entregar el corredor ambiental, el concejal Baena denunció que las obras siguen abandonadas, por lo que radicó una denuncia ante la Personería y Contraloría de Bogotá.
“A la fecha, el proyecto se encuentra sin concluir y continúa generando los impactos negativos en temas como inseguridad, habitabilidad en calle, ocupación informal del espacio público, venta de estupefacientes y daño de infraestructura”, además de disposición incorrecta de residuos y escombros, denunció Baena.