Este 28 de junio, en el día del orgullo LGBTIQ+, la Procuraduría General de la Nación emitió una preocupante advertencia sobre el incremento de agresiones y crímenes contra líderes y lideresas sociales que representan a esta población en el país durante el transcurso del 2023.
La Procuraduría delegada para la defensa de los derechos humanos reveló varios casos alarmantes, entre ellos, tres asesinatos ocurridos en el primer semestre del año en los municipios de Carmen de Bolívar, Tolú Viejo y Morroa, ubicados en la región de Montes de María. Bolívar.
Uno de los casos más estremecedores fue el atentado contra Dania Sharit Polo, una destacada lideresa trans de Carmen de Bolívar. Sharit Polo desempeñó un papel fundamental como declarante ante la Comisión de la Verdad y era una víctima acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del sujeto de reparación colectiva. Lamentablemente, en abril pasado fue atacada en la puerta de su casa por un sicario, sufriendo graves heridas que le causaron la muerte días después en el hospital.
El procurador provincial de Carmen de Bolívar había alertado por primera vez sobre este tipo de violencia en la región durante un Consejo de Seguridad celebrado el 13 de marzo de 2023. En esa ocasión, denunció el incendio intencional de la vivienda de un miembro de la comunidad LGBTIQ+ y puso en conocimiento de las autoridades la aparición de un panfleto amenazante en el que se mencionaban acciones violentas que grupos armados ilegales tomarían contra la comunidad.
Desde entonces, el Ministerio Público, a través de la Delegada para los Derechos Humanos, ha estado trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones LGBTIQ+ en el territorio, buscando que las autoridades gubernamentales atiendan estas denuncias y las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y que se tomen medidas de protección adecuadas.
Desafortunadamente, la violencia contra los líderes LGBTIQ+ también se ha extendido a otros municipios como Tumaco, en el departamento de Nariño, donde se han registrado tres casos de amenazas de muerte en lo que va del año.
Con el objetivo de abordar esta preocupante situación, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, convocó una mesa interinstitucional de alto nivel para el próximo 27 de julio. En dicha reunión se espera conocer de primera mano los casos de violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ en todo el país y solicitar a las entidades gubernamentales soluciones inmediatas y efectivas para poner fin a este flagelo.
Ante la situación, la Procuraduría General hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para que se tomen medidas contundentes y se garantice la protección de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ del país.
Defensoría sobre violencia y discriminación hacia la comunidad
Precisamente, la alerta de la Procuraduría se suma a la emitida por la Defensoría del Pueblo, en pasado 17 de mayo, en la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Ese día, la entidad llevó a cabo una audiencia defensorial dirigida por primera vez a la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD), en la práctica, un sinónimo de la comunidad LGBTIQ+, pero con un enfoque más amplio, incluyendo más identidades, sin la necesidad de agregar más letras.
El objetivo de esta audiencia, realizada en Barranquilla, fue exponer las barreras que enfrenta la comunidad diversa para acceder a sus derechos y avanzar en su plena garantía.
Durante la audiencia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presentó el informe titulado ‘Una Radiografía del Prejuicio: Informe Anual 2022 de Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBTI y Balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia’. Este documento destaca el panorama de violencia que enfrenta esta población en el país.
“Lamentablemente, encontramos actos de discriminación y violencia por prejuicio contra las personas OSIGD en familias, escuelas, comunidades, sociedad y el Estado. Estos actos se han acentuado con el tiempo, lo que ha limitado sus derechos”, señaló el defensor Camargo.
Entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo acompañó 40 casos de violencia por prejuicio, que incluyeron a mujeres transgénero, hombres transgénero, hombres gay, mujeres lesbianas y personas intersexuales. En el informe anual del 2022, se registraron 394 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 238 correspondieron a personas transgénero, 61 a mujeres lesbianas, 123 a hombres gais y 21 a personas bisexuales. Las principales formas de violencia fueron psicológica, física, violencia intrafamiliar y violencia sexual.
La Defensoría del Pueblo también resaltó la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia y la falta de contratación de equipos especializados para atender los derechos de esta población. Además, identificó la falta de sistemas de información sensibles al género y la poca implementación de políticas públicas por parte de las entidades nacionales y territoriales, lo que ha generado mayor vulnerabilidad para las personas OSIGD.
El informe presentó varias recomendaciones a diversas entidades para implementar enfoques y criterios diferenciales en los registros de información estatal, fortalecer la interlocución con la población OSIGD y LGBTIQ+, e impulsar políticas públicas en su favor.
“El reconocimiento y la protección de las diversidades son fundamentales para construir una sociedad más justa y en paz”, concluyó Camargo Assis.