Las cifras que maneja la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Huila por hechos de corrupción son impresionantes, pues hasta el momento son 116 las personas que han resultado judicializadas por actuaciones irregulares como alcaldes, funcionarios, contratistas y particulares, desde que asumió el cargo el fiscal Francisco Roberto Barbosa Delgado el 13 de febrero de 2020.
Los logros compartidos por el fiscal Barbosa durante los últimos 31 meses, hacen referencia a los contratos que fueron direccionados por varios mandatarios municipales para terminar apropiándose de recursos públicos, entre otras actuaciones ilícitas.
Explicó además que durante este tiempo han sido imputados 17 contratistas, 16 personas particulares, tres interventores y 56 servidores públicos con diferentes cargos como directores, gerentes y asesores de la Gobernación del Huila o varias alcaldías municipales; igualmente concejales, funcionarios judiciales y hasta agentes de tránsito.
“De igual manera, han sido judicializados un exalcalde, dos exsecretarios municipales y ocho integrantes de la fuerza pública que habrían exigido dinero por hacer o dejar de cumplir con las funciones encomendadas, es decir, que incurrieron en el delito de concusión”, afirmó.
Según lo expuesto por el fiscal, la judicialización a las personas que se apropian de recursos públicos es a tarea que se cumple de manera muy puntual por la Fiscalía, ya que el principal cometido de su administración es la de no ceder terreno ante la corrupción de acuerdo a lo contemplado en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024.
Uno de los casos más sonados de corrupción destapados en el Huila durante este año es el que tiene que ver con el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, a quien ya se le dictó medida de casa por cárcel debido a las contrataciones adelantadas para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como la compra y distribución de mercados para las familias vulnerables durante la emergencia económica y social provocada por la pandemia de covid-19.
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por los delitos de celebración indebida de contratos, violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades y peculado; por el lío que se generó en el convenio de suministro 698 de 2020 por un monto de 5.250 millones de pesos, el cual fue adjudicado a las firmas Asoformando (Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño), que tiene su sede en el municipio de Tumaco, y a Colombia Florece.
En las investigaciones se pudo determinar que ambas empresas guardan estrecha relación con Hayden Otoniel Vergara Quiñonez, exconcejal de Tumaco que hizo millonarios aportes a la campaña de Gorky Muñoz Calderón para ser elegido como alcalde de la capital huilense. También se conoció que esta contratación incluía una jugosa suma del excedente de la administración del exmandatario de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, por 5.300 millones de pesos.
Por este caso también afrontan cargos otras personas que tenían funciones en la administración municipal de Neiva, como el exsecretario de Educación, Giovanni Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo; así como los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo.
Otro de los procesos más sonado por la Fiscalía en territorio huilense tiene que ver con la condena al exalcalde del municipio de Palermo, Víctor Ernesto Polanía Vanegas, quien fue capturado por el CTI en Neiva para que pague una condena de 60 meses de cárcel por celebración indebida de contratos públicos.
La Fiscalía General de la Nación logró establecer que se realizaron una gran cantidad de contratos fiduciarios irregulares en Palermo y la ciudad de Neiva entre los años 2007 y 2008, con el objetivo de favorecer a varios particulares y funcionarios de esa época en ambas administraciones, que contemplaba manejos ilícitos por cerca de 14.000 millones de pesos.