Este domingo, 21 de mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció que dieron inicio a una investigación disciplinaria en contra varios oficiales del Ejército Nacional de Colombia.
El proceso fue abierto debido a las presuntas irregularidades en que incurrieron durante un operativo realizado en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022.
La investigación de la entidad incluyó al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.
“La Sala de Instrucción Disciplinaria adujo que, al parecer, durante una operación militar que tenía como objetivo dar de baja a alias Bruno, cabecilla de un grupo armado, se disparó de manera indiscriminada y se produjo la muerte de 11 civiles y se hirió a cinco más; enfrentamiento tras el que habrían modificado la escena, previo a su estudio por parte de la Policía Judicial”, así lo explicó la Procuraduría.
Asimismo, el Ministerio Público aseguró que estarán investigando el material de guerra que, al parecer, fue entregado de forma posterior, como armas y chalecos, y el traslado de varios de los cuerpos de las víctimas.
Finalmente, el organismo de control ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales, con el fin de verificar la ocurrencia de situaciones presuntamente irregulares y esclarecer la conducta y los hechos atribuidos a los oficiales y suboficiales involucrados en el operativo.
Ordenan captura del coronel (r) Publio Hernán Mejía
Por revictimizar a las víctimas del conflicto armado y cuestionar los alcances del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el viernes 12 de mayo, la captura inmediata del coronel en retiro Publio Hernán Mejía, para que cumpla, en centro carcelario, su condena por los falsos positivos ejecutados por el Batallón de La Popa, el cual comandó durante varios años.
“Mejía Gutiérrez desconoce de manera reiterada el Acuerdo de Paz cuando él ha obtenido beneficios”, recalcó el magistrado de la Sección al señalar que el coronel fue dejado en libertad después de presentar su sometimiento a la JEP. En este sentido, se manifiesta que en varios discursos públicos y por medio de sus redes sociales ha hecho ataques constantes en contra de lo acordado, las víctimas y ha negado tajantemente su participación en las ejecuciones extrajudiciales.
Incluso tildó de terroristas a las víctimas de los falsos positivos, generando una estigmatización de varias comunidades, señalándolas, sin evidencia alguna, como “colaboradores” o “aliados” de organizaciones delictivas, generando una revictimización.
Para tomar esta decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta las publicaciones hechas por el coronel en retiro en su cuenta de Twitter y su canal de YouTube en el que calificó reiteradamente a las víctimas reconocidas en su proceso como aliadas de grupos subversivos. Además de atacar el Acuerdo de Paz firmado en 2016, asegurando que tras la firma se le había entregado el país al terrorismo.
“No se trata, pues, de meras opiniones o comentarios molestos, se trata de continuas y reiteradas expresiones con elevada agresividad orientadas a personas y grupos específicos que incluye, más grave aún, a víctimas ante la JEP y a sus representantes”, advirtió la sección en la decisión tomada en la mañana del pasado viernes.
En el análisis jurídico, se señaló que con su actuar y publicaciones el coronel incurrió en estigmatizaciones, amenazas, expresiones de odio, atribución de conductas delictivas, incitación a la polarización y a la violencia, negación de la democracia y, en últimas, revictimización y lesión de los derechos de las víctimas, y presentación de la confrontación armada como única salida al conflicto armado.