Semana: En Tierralta, Córdoba, lugar donde asesinaron a María del Pilar Hurtado ayer, se libra una guerra entre el Clan del Golfo, el ELN, disidencias de las Farc. ¿Podría describir un poco la situación de la zona? Juan Carlos Garzón (J.C.G.): Para entender lo que pasa allí tienes que entender lo que pasa en una herradura que empieza en Urabá, pasa por el sur de Córdoba, Bajo Cauca y termina en la frontera venezolana. Tras la desmovilización de grupos paramilitares hubo una serie de reacomodamientos. Quedaron unas facciones que siguen teniendo control de la zona. Ahí tienes desarrollo del Clan del Golfo, que tiene su núcleo en Urabá, pero también presencia en otras zonas. Por un tiempo, tenías la influencia de las Farc y por el otro lado, la del Clan, con unas zonas más o menos definidas. Eso cambió con el desarme de las Farc. Lo que queda es, por un lado, la fragmentación del Clan del Golfo y sus disputas internas. El Estado golpeó cabezas de la organización, y distintas facciones empezaron a competir internamente. Por el otro lado, está la influencia del ELN (que llegó allí por razones meramente económicas) y hay disidencias de las Farc. Tenemos entonces la peor combinación. Sin embargo, nada es nuevo. Es una situación sobre la cual ya se ha advertido antes por temas de desplazamiento, homicidios… La región ha estado desde hace ya tiempo en una situación complicada en términos humanitarios y ha habido varias alertas tempranas. Semana: Según el presidente Iván Duque, su gobierno ha logrado reducir la tasa de asesinatos contra líderes sociales con el Plan de Atención Oportuna, PAO, que presentó en noviembre. Pero la ONU y la Defensoría del Pueblo muestran que las muertes han crecido y el número está disparado. ¿Cuál es la situación real? J.C.G.: Ahí hay varias cuestiones. Tenemos que remitirnos al comienzo del gobierno. Se hizo un pacto para la protección de líderes que involucraba a la Defensoría y a la Procuraduría. El gobierno, entonces, planteó una nueva política para la protección de líderes. En el gobierno anterior ya venían procesos, decretos, medidas que quedaron un poco en el aire; no tuvieron continuidad con las decisiones que tomó el presidente Duque. Con él surgió ese nuevo mecanismo que nombras, el PAO. Empezó a aplicarse en ciertas zonas con refuerzo de fuerza pública. Pero uno plantearse tres preguntas, o encontrar tres desafíos: 1) El principal vacío son las medidas colectivas de protección y prevención. Se ha avanzado en esquemas individuales, pero no tenemos aún rubros en términos de protección y medidas colectivas. Construir eso lleva tiempo, y además se necesita tener una perspectiva clara de la situación de seguridad del territorio. Este caso, entonces, no se da en el vacío: se da en una zona de baja seguridad y en disputa. Ese es el primero desafío no resuelto. 2) La seguridad se construye con autoridades locales y organizaciones. ¿Qué incentivos tienen esas autoridades y las organizaciones mismas? El diagnóstico es que tienen muy pocos incentivos. 3) El panorama es muy difícil porque las regiones están entrando en elecciones, los alcaldes están más de salida que en un momento de construcción de un plan, y hay muchos vacíos, que además tienen que ver con la dinámica de la implementación del acuerdo. Semana: ¿Cuáles son los espacios para construir esto en términos locales y cuál es la interlocución de los gobiernos locales con el gobierno central? J.C.G.: Los espacios de construcción colectiva han cambiado. Esa es nuestra conclusión. El acuerdo había definido unos espacios, pero hoy los mecanismos están poco aceitados y hay muchos problemas de articulación, organización, comunicación con las organizaciones a las que pertenecen los líderes. El estado está concentrado en las medidas reactivas. La Fiscalía está concentrada en aclarar el índice de esclarecimiento. Pero que se esclarezca el caso, no significa que se ejerza una sanción contra el actor ni que se tenga la capacidad de imponer el castigo. Esto, la capacidad del Estado para impedir que sucedan estos hechos, para encontrar actores detrás de los homicidios, está muy en el aire, y no es un tema nuevo. El estado tiene un problema de fondo al tener un énfasis en las medidas reactivas y está en deuda de construir medidas colectivas y de seguridad en territorios. Esto, evidentemente, no está despegado de la implementación de los acuerdos. Semana: ¿Cómo entonces proteger a los líderes en zonas con una situación de seguridad tan compleja? J.C.G.: El primer nivel es político: es necesario que se reafirme un acuerdo sobre el hecho de que proteger a los líderes es una prioridad. Es necesario que los distintos actores estén de acuerdo en eso, desde oposición hasta el gobierno. Ese acuerdo político debe estar sobre la mesa. El segundo nivel corresponde con la pregunta por quién se hace responsable y cómo: MinInterior y los organismos de control tienen un rol muy importante en la tarea de velar que cada uno de los componentes esté haciendo su parte. Hay que fortalecer ciertas capacidades. Si seguimos aspirando a que toda la responsabilidad recae en el gobierno nacional a través de un plan desde Bogotá, no será posible parar esto. En tercer lugar, ya tenemos identificadas –y el gobierno también las tiene– las zonas donde este tema es de suma importancia. Toca pensar en términos de seguridad de esos territorios, y de esas poblaciones. Hay entonces distintos niveles de intervención en un momento crítico en que, además, entramos en etapa electoral. Hay que poner el foco en los municipios más vulnerables y en las organizaciones. El liderazgo, hay que resaltar, debe ser una prioridad. Semana: ¿Y qué dicen las organizaciones sociales sobre esa articulación? J.C.G.: Cuando se habla con ellas en esos lugares lo que se recoge es que hay mensajes contradictorios. No es claro cómo se articula la estrategia. Y este no es solo un reto técnico: mucho recae en la gestión política, en que haya espacios de diálogo y acuerdos Semana: Con casos como este volvemos a la pregunta sobre las motivaciones políticas de estos asesinatos. J.C.G.: Uno puede afirmar sobre todo que los grupos armados ilegales están afectando el liderazgo más de base, sobre todo a los miembros de juntas de acción comunal. Pero hay distintas motivaciones y agendas detrás de los liderazgos: agenda de defensa de víctimas, agenda del tema de restitución de tierras, de sustitución de cultivos. La nota común, o lo que tiene en común estos casos, es que detrás de los asesinatos está el objetivo de tener control de ciertos territorios. Eso es lo que atacan los actores armados cuando afectan los liderazgos: mandan un mensaje de intimidación para imponer un control, y tener una regulación de lo que sucede en las zonas. Hay otro punto importante y subvalorado: en la fase de implementación del acuerdo hubo una reactivación y emergencia de liderazgos muy importante. Esos liderazgos tuvieron mayor visibilidad, pero al mismo tiempo hubo un deterioro de las condiciones de seguridad. Se dio entonces una cosa muy positiva en términos de participación, pero la seguridad siguió deteriorándose. Hoy tenemos la confluencia de esas dos cosas, con una situación de seguridad con tendencia hacia al deterioro. Semana: ¿Se puede hablar entonces de un recrudecimiento de la violencia en Colombia? J.C.G:. El informe reciente de homicidios que publica la FIP muestra que en las zonas claves de la implementación, los homicidios en realidad tienen descensos de enero a mayo de este año. Pero en ciertos municipios y zonas los niveles de violencia son muy altos (en bajo Cauca, Catatumbo y sur de Córdoba, por ejemplo). Sí hay un recrudecimiento de la violencia con respecto a este periodo de menos intensidad en medio de implementación y su etapa final. El deterioro empezó a mostraste fuertemente en el segundo semestre de 2017. Esto quiere decir que la ventana de oportunidad se ha ido cerrando. Estamos en un momento, particularmente en esta zonas, de mucho recrudecimiento. Estamos en una tendencia preocupante. Aún así, no puede decires que se han perdido del todo los dividendos del acuerdo. Semana: Algo que ha impactado mucho es la reacción de la gente que rodea al hijo de Hurtado en el video que está circulando. Él está gritando, expresando todo su dolor y toda su rabia, y nadie se le acerca. Pero al contrario de lo que han dicho en redes, esa reacción no es indiferencia ni falta de empatía, sino posiblemente la muestra de que se trata de una comunidad amordazada, inmovilizada, tal vez paralizada por el miedo, por el contexto. J.C.G.: A nosotros nos puede parecer impresionante ese video, pero no creo que las personas que rodearon al hijo de Hurtado sean indiferentes a su dolor. Estas zonas han tenido ciclos repetidos de violencia. Hay una suerte de normalización muy trágica. Lo que ocurre, entonces, tiene una lectura muy distinta si quien la hace es alguien que está cómodamente en Bogotá. Esa observación que han hecho en redes sociales es la incapacidad de aceptar que zonas como estas son zonas donde la violencia no es algo nuevo. Muchas veces está normalizada, y las comunidades desarrollan mecanismos de protección que implican no asumir riesgos en un contexto que es muy vulnerable. Basta pensar en un concepto que es muy válido en estos casos: la acumulación social de la violencia. Ciertas normas no están explícitas, pero los individuos las asumen para su propia protección. En estas zonas nadie quiere tener mucha visibilidad. Ellos no tienen garantías de que esto vaya a cambiar. Hay un temor incluso por expresar dolor, por tener cualquier manifestación. Semana: Esta mañana Uribe tuitió que el autor del asesinato de Hurtado fue el ELN. ¿Qué opina usted de ese pronunciamiento? J.C.G.: Pasará tiempo para que el Estado aclare el hecho. Cada uno tiene una interpretación de lo que pasa en la zona, pero es muy difícil negar o afirmar la autoría. En estos casos lo mejor es esperar a que las autoridades lo aclaren.