Cuando presentó su carta de renuncia en julio de 2020, María Virginia Torres aseguró que se había jugado la vida en cada una de las diligencias y operativos que adelantó al frente de la SAE para verificar el inventario y recuperar el control sobre los activos recibidos en 2014.

SEMANA la entrevistó para conocer sus opiniones sobre los más recientes escándalos en la entidad que dirigió.

SEMANA: ¿cómo recibió la entidad?

María Virginia Torres (M. V. T.): se recibió de la DNE en liquidación un inventario que era un listado en papel, esto en un sistema muy rudimentario que se gestó durante la liquidación llamado Matrix. Cuando se intervino la DNE, entiendo que tenían un sistema llamado Faro y durante la liquidación se migró. No recibimos copia de Faro, ni encontramos actas de migración.

A nuestra llegada, incluso llegaron anónimos que decían que en esa migración se eliminaron activos, pero no teníamos forma de contrastar o verificar esa información. En las actas de recibo, yo aún no había llegado, pero Mauricio Solórzano (exvice jurídico de la SAE) dejó constancia de que la información iba a ser verificada, porque no hubo entrega física.

SEMANA: ¿todo era un caos?

M. V. T.: todo era un caos. No había cuentas individuales de la productividad o gastos de cada uno de los bienes. No había aseguramiento de la información que entraba o salía de las bases de datos. Había muchos procesos penales contra gente de la DNE. No se sabía el estado físico, jurídico ni económico de los bienes. Se hizo una validación del inventario de inmuebles con registro fotográfico, acta de visita y hallazgos sobre ocupación ilegal. Esto tardó casi cuatro años.

SEMANA: ¿qué hicieron entonces?

M. V. T.: en cuanto a sociedades, se determinó cuáles estaban activas, cuáles en liquidación y cuáles eran de papel. Se hizo una circularización para investigar sus inventarios.

Y sobre inmuebles, en solo vehículos había una nota que daba cuenta de algo así como 4.000 sin ubicación. Yo diría que logramos una identificación del 99 % del inventario recibido.

Encontramos también que los depositarios hacían lo que querían con los activos administrados y recaudaban en sus cuentas. Se depuraron los depositarios a través de convocatorias abiertas en las que se exigía experiencia y se les hacían estudios de seguridad.

Se hizo recaudo centralizado para que no volvieran a recaudar en sus cuentas. Los depositarios recibidos tenían origen difuso, amigos de políticos, testaferros de los mismos investigados, etc. Ellos aprovechaban el desorden y la falta de control.

SEMANA: ¿qué hicieron al final de la verificación?

M. V. T.: al final de la verificación del inventario pudimos determinar que el 50 % de los bienes tenía ocupación ilegal.

La junta directiva determinó la comercialización de lo poco que estaba extinto a través de la experiencia de CISA, que es la matriz de la Sociedad de Activos Especiales SAE - SAS. Luego nosotros no vendimos nada directamente, únicamente a otras entidades públicas. Luego por ahí tampoco había margen de corrupción.

Te puedo contar que hicimos más de 26 planes de choque para depurar información, recuperar activos, etc.

SEMANA: ¿qué más encontraron?

M. V. T.: otra vena rota en esos bienes eran las destinaciones a fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que realmente pagaban favores. Cerramos esa vía, si bien la ley las permitía.

En ese orden de ideas, recuperamos por ejemplo el Club San Fernando, un terreno inmenso que tenía una iglesia cristiana y muchos más. Con Parques Nacionales en terrenos, en el Tayrona.

SEMANA: ¿los políticos presionaban?

M. V. T.: recién llegada, sin haber materializado las entregas de la Fiscalía, llamaron políticos a pedir que les asignara bienes a X o Y depositario. Ese dolor de cabeza me lo quité de encima con un sistema de asignación automática que dejaba una bitácora de la selección de depositarios.

Se creó un único punto de salida y entrada de la información al sistema con un protocolo estricto. Esto porque evidenciamos que en la DNE se dejaba de ingresar activos al sistema o, al parecer, se habían borrado. De hecho recuerdo un principio de oportunidad en el que un exfuncionario de la DNE ofrecía decir qué bienes habían sido borrados.

SEMANA: ¿qué más lograron evidenciar?

M. V. T.: evidenciamos que había inexactitud en la información que la Fiscalía General de la Nación anunciaba. Por ejemplo, decían que se había iniciado extinción sobre 630 bienes e iba uno a ver y eran 600 vacas, diez carros y 20 casas o, cuando iban a las diligencias, no secuestraban todo lo que anunciaban. La información de SAE al final era la más sana.

También las cifras de los positivos de la Fiscalía eran locas, todo lo anunciaban en billones. Cifras infladas.

SEMANA: ¿en cuanto a los avalúos que hicieron?

M. V. T.: los métodos de evaluación que determina el IGAC no son libres. Los avalúos son costosos. Solo hacíamos avalúos corporativos que son asegurados por una lonja.

Y avaluar 24.000 inmuebles es multimillonario. Además se vencen. Por eso solo se evaluaba lo extinto que podía comercializarse.

Las sociedades se valoran con bancas de inversión son muy costosas, eso solo se hacía para las extintas.

SEMANA: ¿cuál es el problema más grande de la figura de extinción de dominio?

M. V. T.: yo diría que el problema más grave de la figura de extinción de dominio es la demora en los procesos de extinción. Encontramos que procedía de 20 años y más. Los bienes se deterioran y los cambios o malas administraciones los vuelven ingobernables.

Es humanamente imposible gobernar un inventario de esa magnitud. Los bienes son presa fácil de invasores y tierreros.

Los activos están dispersos en rincones recónditos, no es fácil accederlos. Si la extinción de dominio es un arma para desestimular organizaciones criminales, podría plantearse que es una política fallida que no ha desestimulado nada.

SEMANA: ¿cómo dejo la SAE?

M. V. T.: dejé SAE absolutamente procedimentada, al detalle. Importante sería que se aclare, ¿qué es lo que se perdió? ¿Hablan de la DNE? Para afirmar que hay activos perdidos, importante que aclaren qué no aparece, porque hasta cuando yo entregué, ya estaba verificado el inventario, registrado y asegurada la información.

Coloqué más de 100 denuncias penales, los empleados entraron con polígrafos y pruebas técnicas. Iniciamos montones de procesos de rendición de cuentas y procesos ejecutivos para recuperar cartera de los depositarios antiguos.

En la sede había 78 cámaras en cinco pisos y una sala de atención al público con grabación y audio. Se grababan las pantallas de los computadores y todas las llamadas entrantes y salientes.

Nunca atendí políticos, ni personal ni telefónicamente, y firmé más de 4.000 desalojos. Estaba amenazada, denunciada y con muchos enemigos.

Soy una técnica. Evidentemente era muy incómoda en todos los niveles ante los delincuentes, ante los depositarios e incluso ante funcionarios gubernamentales. No hacía favores, ni obedecía ciegamente órdenes. Los que me conocen saben perfectamente que no le tengo miedo a nada.

SAE es una presa fácil de la corrupción, detrás de la Sociedad de Activos Especiales SAE, hay muchos intereses oscuros pequeños y grandes. Y hay que tener las naguas bien puestas para no dejarse embolatar.