La Defensoría del Pueblo reveló este jueves que en los primeros 11 meses de este año se han registrado en el país un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra menor a la consolidada durante todo el 2020 (182 casos).
El jefe de ese despacho Carlos Camargo, indicó que 111 homicidios fueron contra hombres y 19 contra mujeres. De la misma forma, aseguró que, por sector social, el mayor número de homicidios fue contra líderes comunales (31), indígenas (30), comunitarios (16), campesinos (14) y sindicales (7).
“Nuestro balance defensorial muestra que el 75 % de los homicidios contra líderes sociales se presentó en 8 departamentos. Antioquia, encabeza la lista con 22 casos, y le siguen Cauca con 21, Valle del Cauca con 16, Chocó con 9, Putumayo con 9, Norte de Santander con 8, Nariño con 7, Caquetá con 5 y Meta con 5″, aseguró el funcionario en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Agregó que, “si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales.
“Como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”, señaló.
El defensor del Pueblo dijo que “como entidad que vela por el respeto de los derechos humanos nos duele reportar cifras tan dolorosas, y por eso trabajamos las 24 horas de todos los días para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos, con el fin de lograr una respuesta estatal efectiva que garantice su protección”, aseguró el defensor del Pueblo.
En su balance, ese despacho advirtió que los homicidios representan el 20 % de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, donde las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73 % de todos los reportes, que entre enero y septiembre de 2021 alcanzaron las 549 conductas vulneratorias.
Norte de Santander, Sucre y Magdalena son los departamentos en los que más se reportaron este tipo de vulneraciones, con 86, 43 y 41 casos, respectivamente. Los sectores sociales más afectados son comunitario (85), indígena (73) y servicios públicos (64).
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo esta información fue suministrada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer cada uno de los casos.
Millonaria recompensa por caso en Santa Marta
Entre tanto, la Alcaldía del municipio de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena ofrecieron este jueves una recompensa de 80 millones de pesos por información sobre el asesinato de Christina Cantillo, una líder social y defensora de los Derechos Humanos de la comunidad LGTBI.
La alcaldesa de esa ciudad, Virna Johnson aseguró que Christina ya había denunciado amenazas, contra su vida en diversas ocasiones y afirmó que se había activado la ruta de protección desde la administración. Aseguró que la Alcaldía dispuso de $30 millones de pesos y la Gobernación los otros $50 millones para dar con los responsables del crimen.
Cantillo se encontraba con sus familiares en la terraza de su domicilio, ubicado en el barrio Ondas del Caribe, cuando dos hombres en moto le dispararon en repetidas ocasiones. La líder social, que ya había denunciado amenazas en su contra, contaba con un esquema de protección proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) colombiana, pero fue atacada cuando sus escoltas se marcharon.
El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, señaló que ha habido un error en el manejo de la seguridad y lo ha atribuido al comandante de Policía de Santa Marta, el coronel Jesús de los Reyes, por lo que pidió su destitución. Caicedo advirtió de que las bandas criminales se han fortalecido, circunstancia que requiere una intervención “urgente”.
“Es necesario que avancemos con suma urgencia para capturar a los responsables. Es inaudito que una persona que tenga protección de la UNP sea asesinada porque la dejen vulnerable en las noches”, señaló a Blu Radio.
Por su parte, el fiscal a cargo del caso, Mauricio Noguera, indicó que la muerte de Cantillo se categorizará como asesinato machista por una reciente denuncia interpuesta por la líder. De forma paralela, la Policía colombiana ha anunciado la designación de un “cuerpo de élite” que se encargará de las investigaciones y protegerá a la familia de la líder.
En Magdalena operan varios grupos armados, como el Clan del Golfo, Los Pachencas y, ocasionalmente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Con Cantillo, son 162 los líderes sociales asesinados en 2021, 1.276 desde la firma del acuerdo de paz, según datos del Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).
El 9 de diciembre de 1998 la ONU adoptó la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos a través de la cual se reconoció que la defensa de los DD. HH. es un derecho, que quienes lo ejercen cumplen un rol fundamental para la protección de los mismos y que los Estados y la sociedad deben proteger su accionar.
Con información de Europa Press.