Un entramado de corrupción en el departamento de Córdoba dejó en los bolsillos de contratistas y funcionarios públicos los recursos que estaban destinados a la primera infancia en esa zona del país. Un desfalcó en un contrato que llegó a los 7.407 millones de pesos y que ahora se intenta reparar con un operativo de extinción de dominio.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF firmó, en 2015, un contrato con una fundación para asistir a niños y niñas menores de cinco años en Córdoba, pero ni se ejecutó el contrato ni se devolvió el dinero. La defraudación superó los 2.705 millones de pesos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.
“Por estos hechos, los señalados involucrados en los actos de corrupción fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado, y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales”, explicó la Fiscalía tras advertir que fue necesario adelantar una investigación para identificar los bienes de los vinculados en los hechos de corrupción.
Los operativos de extinción de dominio se concentraron en 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos ubicados en Montería y Cereté en el departamento de Córdoba. El avalúo preliminar de estos activos supera los 5.400 millones de pesos. De esta forma la Fiscalía espera afectar el patrimonio ilícito de quienes resultaron judicializados por estos hechos.
“Las propiedades aparecen a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Atencio, Carlos Fernán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva, quienes estuvieron vinculados a una fundación que, en 2015, suscribió un contrato con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, señaló la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Donado Sierra.
Como en otros casos y operativos de extinción de dominio, los bienes objeto de investigación fueron puestos a disposición de la Sociedad Activos Especiales (SAE) para su administración. Son propiedades que se suman a una larga lista de bienes que pasaron a manos del Estado, luego de la intervención de la Fiscalía.
Operación Argenta
La cifra de los operativos de extinción de dominio, según el fiscal Francisco Barbosa, en dos años de administración, es la más alta de “toda la historia judicial del país”. La Fiscalía aseguró que desde el año 2020, han sido identificados y afectados con fines de extinción de dominio 16.522 bienes, avaluados en más 22 billones de pesos, casi cuatro reformas tributarias.
El fiscal Barbosa advirtió que la operación que bautizaron como Argenta, logró poner al descubierto los recursos, bienes y propiedades que organizaciones criminales usaron o adquirieron gracias a actividades ilícitas como el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y hasta actos de corrupción.
“Esta es la cifra más alta, en valor, que se ha obtenido en un periodo similar, mediante la aplicación de la extinción del derecho de dominio… El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, definió la estrategia ‘Argenta’, la cual busca afectar el patrimonio de la criminalidad y la delincuencia organizada”, señaló la Fiscalía.