Un fuerte llamado de atención le hizo el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, por no atender las órdenes de un fallo dirigido a proteger a un campesino del municipio de Pensilvania, Caldas, a quien obligaban a viajar hasta la ciudad de Bogotá para hacerle entrega directa de un subsidio de vivienda entregado por el Banco Agrario.
Para el juzgado, tanto la ministra de Agricultura, como el director de gestión de bienes públicos rurales, Andrés Alejandro Camelo Giraldo, incurrieron en un desacato, mostrando una actitud que bien podría catalogarse como negligente, puesto que ni siquiera respondieron al reclamo presentado por el campesino que esperaba una respuesta clara, directa y satisfactoria.
Y es que, según las directrices de la entrega del subsidio de vivienda, solamente se podría hacer en la ciudad de Bogotá, esto pese a la cantidad de sucursales del Banco Agrario que existen en el departamento de Caldas. Pese a los reclamos, el ministerio hizo oídos sordos frente a las peticiones para que se solventaran los gastos que representaban el traslado hasta la capital de la República o se gestionara un trámite para que el subsidio le fuera entregado en una oficina cercana a su lugar de residencia.
“Con el material probatorio recaudado y ante el permanente e injustificado silencio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se muestra la negligencia para el cumplimiento de la orden judicial”, precisó el juzgado. Esto al advertir que durante todo el trámite los delegados del Ministerio de Agricultura no hicieron ni un solo pronunciamiento frente a las peticiones del jornalero, guardando absoluto silencio. El hecho que se le obligara al beneficiado a viajar hasta Bogotá –reclamó y reiteró el juzgado– iban en contra de cualquier lógica.
Esto teniendo en cuenta los elevados costos del pasaje, los gastos en alimentación y hospedaje que debería asumir el beneficiario. Esta situación no se justifica –advierte la decisión de ocho páginas– si se tiene en cuenta que existía la opción viable y factible para que el campesino pudiera ir a un lugar más cercano a su vivienda a recibir el subsidio.
“Tal situación no generaría algo diferente a una desfinanciación del mismo subsidio de vivienda, pues no tendría razón lógica que el beneficiario asuma, desde su propio peculio, las imposiciones que el Ministerio de Agricultura le ha impuesto al no efectivizar el desembolso del subsidio de vivienda, en una modalidad que permita al beneficiario hacer canje en el lugar más cercano a su domicilio, pero que no se generen costos adicionales a tal actuación”.
“Se ha notado la desidia al respecto, pues no ha recibido respuesta alguna en este asunto que permita resolver la situación problemática presentada o, por lo menos, haya explicado las razones por las cuales no ha sido posible dar cumplimiento a lo que aquí se ha ordenado”, precisa el juzgado en un apartado escrito en mayúscula, negrilla y subrayado, forma que no es nada común en este tipo de fallos y que demuestra la molestia frente a la posición del ministerio
En el análisis del caso, el despacho judicial señala que efectivamente existió un desacato, por lo que se tomó la drástica decisión de imponerles a la ministra de Agricultura y al director de Gestión de Bienes Públicos Rurales una sanción económica consistente en el pago de una multa de diez salarios mínimos legales vigentes (once millones de pesos, aproximadamente). En contra de esta decisión únicamente procede el recurso de reposición.