Quienes dudaron de la existencia de un “carrusel” en el llamado Gobierno del “cambio”, ahora tienen que sentarse y ver un espectáculo de funcionarios y exfuncionarios desfilando por los pasillos del búnker de la Fiscalía, buscando la mejor opción para aceptar responsabilidad.
La Fiscalía investigó y logró desentrañar la corrupción en el interior del Gobierno nacional. Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, hasta en los ministerios y la oficina alterna al jefe de Estado, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Todos resultaron salpicados y negaron responsabilidad, pero ahora las pruebas los convencieron de frenar la mentira y reconocer su participación.
El ente acusador y dos mujeres, fiscales de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, lograron que seis procesados aceptaran su responsabilidad en los hechos de corrupción, el mayor escándalo de corrupción en este Gobierno. Fueron las encargadas de llevar a los implicados a un rincón donde la alternativa fue la verdad y la colaboración.
Al inicio solo tenían una denuncia de los medios de comunicación, en cuestión de meses, dos cabezas del entramado de corrupción estaban sentados buscando la forma de negociar, de contar cómo se gestó la trampa para engañar al país con la promesa de cambio, para sacar millonarios recursos públicos y torcer la voluntad, ética y valores de congresistas.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, los dos exdirectivos de la UNGRD, destaparon la caja de Pandora de este Gobierno. Pero no lo hicieron por voluntad, fueron las pruebas, la investigación de estas dos fiscales, las que terminaron por destapar lo que tanto querían ocultar: que usaron la sed de los niños en La Guajira para raspar las arcas del Estado, justamente lo que juraron proteger.
Los dos exdirectivos acudieron a una frase tan común como cierta: el que primero se arrodilla, primero se confiesa. Se confesaron y lograron que la Fiscalía les otorgara un principio de oportunidad y acuerdo. Los dos exfuncionarios se anticiparon y contaron toda la verdad, sus declaraciones abrieron líneas de investigación y compulsas de copias a la Corte Suprema de Justicia.
En audiencias de control de garantías, las fiscales lo dijeron sin rodeos: “Era una empresa criminal que llegó a acuerdos ilegales en la Casa de Nariño”. Advirtió la Fiscalía que en el entramado de corrupción participaron los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro y que su relación con los hechos es materia de investigación.
Fue tan contundente la imputación de la Fiscalía que un juez llamó la atención por la descarada corrupción en el Gobierno. En cuestión de semanas, otros exfuncionarios fueron capturados y más personas se sumaron a la lista de implicados. Negaron su relación con los hechos, se declararon inocentes, pero, cuando se encontraron con las pruebas, la fuerza para defenderse se les agotó.
Este lunes la Fiscalía confirmó que seis procesados firmaron acuerdos de aceptación de cargos, básicamente seis condenas garantizadas en este escándalo en menos de un año de investigación. Pagarán entre tres y siete años de cárcel y, como compromiso de reparación, devolverán al Estado más de 10.000 millones de pesos.
Algunos dirán que es muy corta la condena, pero en términos prácticos, de ahorro a la justicia y de encontrar a los responsables, el resultado es distinto. Se trata de un triunfo de la Fiscalía y de los investigadores del caso, que continúa con las responsables en ascenso, los funcionarios de alto nivel del Gobierno Petro.